La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis por el caso $LIBRA

La Justicia de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores contra el empresario cripto Hayden Davis por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA, difundida por el presidente Javier Milei en febrero de 2025. La decisión fue adoptada por la jueza federal Jennifer Rochon, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien dispuso el cierre del litigio tras rechazar los principales argumentos de los demandantes.

La resolución, que consta de 81 páginas, hizo lugar a los planteos de las defensas de Davis y de otros empresarios vinculados con el proyecto. Según informaron Clarín y La Nación, el fallo desestimó la posibilidad de encuadrar la denuncia dentro de la ley federal RICO, una normativa estadounidense que permite perseguir organizaciones involucradas en actividades delictivas.

La demanda había sido impulsada por inversores que denunciaban presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el lanzamiento del activo digital. Los abogados del estudio Burwick, que representaron a los damnificados, sostenían que existía una estructura organizada para lanzar criptomonedas, impulsar inicialmente sus precios y luego retirar fondos en perjuicio de quienes habían invertido.

Sin embargo, Rochon consideró que los elementos presentados no alcanzaban para demostrar la existencia de una asociación ilícita con continuidad en el tiempo ni una amenaza concreta de que las supuestas maniobras fueran a repetirse. La jueza rechazó los argumentos con los que los demandantes intentaban demostrar que las operaciones vinculadas con $LIBRA formaban parte de un esquema delictivo sostenido.

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El planteo original estaba centrado en $LIBRA, pero los abogados solicitaron ampliar la demanda para incluir otros criptoactivos, entre ellos $M3M3, $ENRON, $TRUST y $MELANIA. La intención era incorporar nuevos casos y reforzar la hipótesis de que los empresarios involucrados habrían utilizado un mecanismo similar en distintos lanzamientos.

La jueza tampoco consideró suficiente la documentación aportada para acreditar la continuidad de esa supuesta estructura. De acuerdo con lo informado por Clarín, Rochon señaló que los argumentos presentados eran vagos y que el período de funcionamiento atribuido a los emprendimientos vinculados con Davis y Benjamin Chow no alcanzaba para demostrar la existencia de una organización criminal en los términos exigidos por la legislación federal.

A quiénes alcanza el fallo

La decisión benefició a Hayden Davis, a su hermano Gideon Davis, a su padre Thomas Davis, a la firma Kelsier Ventures y a Benjamin Chow, exdirector ejecutivo de la plataforma Meteora. Los demandantes habían señalado a estos empresarios por sus presuntos vínculos con las operaciones que rodearon el lanzamiento de la criptomoneda.

Además de rechazar la aplicación de la ley RICO, Rochon analizó si los tribunales de Nueva York tenían jurisdicción para intervenir en las restantes acusaciones, que se apoyaban en normas estaduales. En ese punto, consideró que no se habían presentado elementos suficientes para demostrar que las actividades de Kelsier Ventures estuvieran dirigidas específicamente hacia ese estado.

La empresa tiene sede en Texas y los demandantes habían argumentado que existían conexiones con Nueva York a través de Chow, además del uso de redes sociales, plataformas de intercambio de criptomonedas e infraestructura tecnológica estadounidense. No obstante, la magistrada entendió que esos elementos no bastaban para acreditar que los demandados hubieran desarrollado actividades comerciales deliberadamente orientadas hacia Nueva York.

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En el caso de Chow, la jueza también concluyó que la demanda no aportaba hechos suficientes para sostener que hubiera actuado con intención de defraudar. Entre los puntos examinados estuvo su reacción al mensaje que Milei publicó en la red social X para difundir el proyecto. Según la reconstrucción de La Nación, Rochon consideró que los demandantes tampoco habían explicado adecuadamente por qué una de las expresiones atribuidas a Chow constituía una afirmación falsa o engañosa.

De esta manera, la magistrada rechazó los argumentos centrales de la demanda y dispuso el cierre de la causa civil en Nueva York. La resolución se refiere a la suficiencia jurídica de las acusaciones presentadas y a la jurisdicción del tribunal; no equivale, por sí misma, a una determinación judicial sobre todos los hechos denunciados por los inversores.

El recorrido judicial en Estados Unidos

El expediente estadounidense tuvo como objetivo principal recuperar los fondos que, según los demandantes, habían quedado en manos de los responsables del proyecto tras el desplome de la criptomoneda. En ese marco, Davis había declarado haber obtenido alrededor de US$110 millones en criptoactivos luego del colapso de $LIBRA.

El token había registrado un aumento abrupto de su cotización después de la publicación de Milei y luego sufrió una fuerte caída. De acuerdo con los antecedentes reconstruidos por Clarín, el precio pasó de alrededor de US$0,05 a casi US$5 en alrededor de una hora, antes de desplomarse. En ese contexto, los inversores denunciaron que algunos operadores habían comprado el activo antes de su difusión pública y obtenido ganancias mientras otros compradores sufrían pérdidas.

En una primera etapa del proceso, Rochon había autorizado el congelamiento de billeteras virtuales que contenían los fondos identificados en la presentación judicial. Sin embargo, en agosto de 2025 la magistrada levantó esa medida, lo que representó un cambio relevante en la estrategia de los demandantes.

Los abogados de los inversores intentaron luego ampliar la denuncia y reforzar la acusación bajo la ley RICO. También buscaron incorporar otros proyectos de criptomonedas para sostener que las operaciones denunciadas no constituían un episodio aislado. Pese a esos intentos, la jueza consideró que las pruebas presentadas no alcanzaban para justificar la continuidad de la demanda bajo ese encuadre legal.

La causa volvió a registrar movimientos semanas antes de la resolución, cuando el estudio Burwick presentó nuevos argumentos para ampliar el alcance de la acusación y sumó a otro abogado a su equipo. No obstante, la decisión de Rochon terminó por cerrar el litigio en primera instancia.

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Qué pasa con la investigación en Argentina

Mientras que la demanda estadounidense era de carácter civil y apuntaba a obtener una reparación económica para los inversores, en Argentina se investigan las circunstancias que rodearon el lanzamiento y la promoción del criptoactivo, así como las posibles responsabilidades de las personas vinculadas con la operación.

En el expediente local aparecen mencionados Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los empresarios y operadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; Hayden Davis, y el empresario Julian Peh, entre otros nombres vinculados con el caso.

Según informó Clarín, la causa estadounidense no tenía formalmente como demandados a Milei, Novelli ni Terrones Godoy. Por eso, la resolución de Rochon no representa un pronunciamiento sobre las eventuales responsabilidades de los actores argentinos investigados.

En paralelo, la investigación local atravesó sus propias instancias judiciales. De acuerdo con el mismo medio, la Cámara Federal porteña declaró inadmisible un pedido de los inversores para recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión de excluirlos como querellantes del expediente. Tras esa resolución, la investigación quedó bajo la intervención del fiscal Eduardo Taiano, quien debe continuar con las medidas correspondientes.

CS/ff