Caso Cecilia: César Sena busca que le realicen pericias psiquiátricas y sus padres apuntan a la domiciliaria
La defensa abrió dos frentes: pericias por la salud mental de César y pedidos clínicos de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, pero la fiscalía frenó ambos.
La etapa de cesura del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se transformó este miércoles en un terreno de disputa. Mientras las defensas de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentan instalar la salud mental y física de los acusados como un factor decisivo para modular la pena o preparar un futuro pedido de domiciliaria, el Ministerio Público Fiscal rechazó la pertinencia de esas medidas y advirtió que esta no es la instancia legal para discutirlas. La jueza Dolly Fernández deberá resolver en las próximas horas qué pruebas acepta y cuáles quedarán fuera del debate.
La abogada Gabriela Tomljenovic, defensora de César Sena, pidió que se ordene una junta médica completa, con profesionales del Poder Judicial, peritos de parte, médicos del servicio penitenciario y especialistas externos a la provincia. Su objetivo, explicó, era evaluar tanto el estado mental actual como el estado retrospectivo de su asistido.
Tomljenovic recordó que ese planteo ya había sido formulado durante el debate oral sin obtener respuesta y justificó su reiteración: “Es indispensable para la etapa de determinación de la pena. Sin este informe, no podemos continuar ejerciendo la defensa de manera plena”.
La defensora agregó que la madre del imputado mencionó una atención psicológica previa por parte de una profesional particular, motivo por el cual pidió que ese antecedente se incorpore a la junta médica. Para evitar “sesgos y estigmatizaciones”, solicitó además que los especialistas convocados no pertenezcan al sistema de salud del Chaco.
La respuesta del fiscal Bogado
El fiscal Martín Bogado rechazó el planteo y sostuvo que en la cesura solo pueden debatirse pruebas que impacten directamente en la determinación de la pena, y que la defensa no puede introducir de manera tardía un enfoque que nunca formó parte del juicio: “La inimputabilidad nunca fue parte de la teoría del caso de la defensa”.
Bogado dejó abierta la posibilidad de que la junta médica se realice en el futuro, pero ubicó el debate en su cauce legal: “No me opongo a que en algún momento se haga esta evaluación. Pero no corresponde como prueba pertinente para esta audiencia”.
Emerenciano y Acuña ya apuntan a una futura domiciliaria
Mientras la defensa de César buscó abrir un capítulo sobre salud mental, los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron avanzar en otra dirección: fundar un posible pedido de prisión domiciliaria por razones de salud, una vez que el juicio termine formalmente.
El abogado Ricardo Osuna pidió que el tribunal requiera toda la historia clínica de su defendido, incluidos estudios realizados en la unidad penitenciaria, controles recientes y cualquier intervención médica en curso.
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La defensora oficial Celeste Ojeda, representante de Acuña, presentó un detallado informe de salud que abarcó patologías graves y antecedentes quirúrgicos de su asistida: cáncer de ovario operado, aneurisma cerebral no intervenido, nódulos en pecho y brazo, un infarto posterior a un embarazo perdido e hipertiroidismo en tratamiento.
Ojeda sostuvo que Acuña lleva dos años y cinco meses detenida sin estudios integrales y pidió oficiar a todos los profesionales que la atendieron. Además, solicitó informes del servicio médico de la Alcaidía de Mujeres y una junta médica que permita evaluar si su condición habilita una modalidad de encierro alternativa, conforme a los artículos 10 del Código Penal y 33 de la Ley 24.660.
La defensa también pidió incorporar:
- Un perfil sanitario general del Chaco, para contextualizar la expectativa de vida.
- Un expediente de Derechos Humanos donde Acuña denuncia tratos recibidos en contexto de encierro.
- Testimonios de su hermana, Patricia Acuña, y su cuñado, Ricardo Goya.
- Una evaluación social sobre un eventual domicilio alternativo.
“No es la instancia para discutir domiciliarias”
Bogado insistió en que la cesura no puede transformarse en un anticipo del proceso de ejecución: “Si estamos aquí es porque el jurado ya declaró culpables a los acusados. Esta audiencia tiene un objeto específico: determinar la consecuencia penal”.
Sobre los pedidos vinculados a la prisión domiciliaria, fue terminante: “No corresponde debatir eso ahora. Será materia del juez de ejecución, si es que las defensas lo plantean”.
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