Caso Cecilia: la jueza Fernández frenó planteos de los Sena y desactivó una acusación de falso testimonio
En la segunda audiencia de cesura, Dolly Fernández desestimó planteos de las defensas para obtener pericias, cambios en las condiciones de detención y la extracción de testimonios contra Gloria Romero y Ronan Amarilla. Recordó que esta etapa del proceso solo permite discutir la pena tras el veredicto de culpabilidad.
En la reanudación de la cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la jueza técnica Dolly Fernández resolvió una batería de planteos presentados por las defensas de los seis imputados. La magistrada fue terminante: ninguna medida orientada a modificar el régimen de detención, introducir nuevas pericias o abrir líneas investigativas paralelas corresponde a esta fase del proceso, cuyo único objetivo es fijar la pena tras el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado popular.
Los defensores de César Sena, encontrado culpable por un jurado popular como autor del homicidio doblemente agravado, habían solicitado diversas medidas médicas y periciales vinculadas a su estado psíquico y físico, con miras a sustentar futuros pedidos de morigeración. Fernández rechazó todos los planteos: “Las medidas señaladas exceden el marco de esta etapa. La cesura no es el ámbito para discutir modificaciones en las condiciones de detención”, afirmó.
La jueza recordó que el artículo 91 de la Ley 2364-B y los artículos 40 y 41 del Código Penal delimitan esta instancia exclusivamente a la mensuración de la pena, divisible o perpetua, y no a la evaluación de eventuales beneficios o regímenes alternativos.
Aun así, habilitó que se actualicen informes médicos básicos y legajos de detención, aunque aclaró que no tendrán incidencia en la cesura, sino únicamente en el control rutinario sobre personas a su cargo.
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Tampoco dio lugar a pruebas de otras causas ni a testimonios para rebatir el juicio del jurado
Las defensas habían requerido incorporar declaraciones del debate oral para rediscutir su valoración o abrir líneas argumentales complementarias. Fernández lo descartó: “El principio de ne bis in ídem no se ve afectado. No hay sentencia definitiva y estamos en el mismo proceso penal”.
También negó usar actuaciones judiciales aún en trámite, como expedientes de Derechos Humanos o informes sobre condiciones penitenciarias, porque no tienen sentencia firme y su incorporación podría vulnerar el principio de inocencia.
La jueza también frenó el pedido para investigar a Gloria Romero y Ronan Amarilla
Uno de los planteos que concentró mayor atención fue el de la defensora oficial Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña. Solicitó que se extraigan las declaraciones de Gloria Romero, madre de Cecilia, y de Ronan Amarilla, exnovio de la joven, para que la Fiscalía evalúe si ambos incurrieron en falso testimonio.
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Fundamentó su pedido en supuestas contradicciones respecto del supuesto viaje a Ushuaia y en inconsistencias detectadas durante el debate oral, cuando Amarilla dijo que Cecilia le había escrito que Acuña le consiguió un trabajo en el sur, dato que no apareció en los mensajes exhibidos.
Fernández fue categórica: “No haré lugar. Excede el marco de este proceso y debió haber sido peticionado oportunamente en los alegatos finales”. Con esa decisión, la magistrada cerró la posibilidad de abrir una investigación paralela y sostuvo que la cesura no puede transformarse en una instancia para reexaminar testimonios del juicio por jurados.
Cómo sigue la cesura
La jueza autorizó la actualización de los informes de reincidencia de todos los imputados y habilitó a los testigos de concepto ofrecidos por algunas defensas, principalmente para Fabiana González y Gustavo Obregón, declarados culpables de encubrimiento agravado, ante la falta de oposición de las partes acusadoras.
Tras resolver los planteos preliminares, Fernández dio paso a la recepción de los testigos de concepto, cuyas declaraciones buscan incidir en la definición de las penas divisibles, especialmente en los casos de González y Obregón, donde el encubrimiento agravado prevé un máximo de seis años.
La audiencia continuará este viernes desde las 9, con el último testigo previsto y los alegatos de clausura antes de que la magistrada fije las penas de todos los imputados.
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