La Justicia Federal designa un defensor para asistir a los hijos de una mujer condenada por narcotráfico en Corrientes

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes designará a un tutor y a un defensor de víctimas para los tres hijos -de 10, 15 y 18 años- de una mujer que hace dos meses fue detenida y cumple prisión domiciliaria acusada de vender estupefacientes para una organización narcocriminal que operaba en la ciudad de Itatí.

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La decisión del tribunal revisor, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, dispuso que el defensor de víctimas evalúe, asista a los menores y presente informes periódicos para la continuidad de la prisión domiciliaria de la imputada y para que reporte eventuales perjuicios que puedan padecer los menores de edad.

La mujer, que ya había sido condenada a 4 años de prisión en 2022 por transporte de estupefacientes, fue arrestada el 2 de septiembre pasado. El allanamiento a su domicilio, en el Barrio de Ibiray, permitió decomisar 190 gramos de cocaína, 274 gramos de marihuana, $826.640 en efectivo y elementos de fraccionamiento, ya que el lugar funcionaba como un “kiosco” de drogas.

Postura del fiscal y decisión de la Cámara

Luego de que el juez subrogante Gustavo Fresneda rechazara la excarcelación, el caso llegó a la Cámara de Apelaciones.

El fiscal general Carlos Schaefer adhirió parcialmente al recurso, solicitando el arresto domiciliario y haciendo hincapié en la necesidad de protección de los menores, a quienes consideró las primeras víctimas del delito.

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En línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Cámara dispuso:

• El otorgamiento del arresto domiciliario, bajo las medidas de seguridad que establezca el juez de primera instancia.

• La designación de un tutor para garantizar el cumplimiento de la medida.

• La designación de un defensor de víctimas que asista a los menores y presente informes periódicos cada 60 días para evaluar la continuidad de la medida morigerada.

El tribunal concluyó que también se deberá notificar a la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DIPNA) y al Juzgado de Familia competente, para que se realicen medidas concretas de protección de los menores.