La Libertad Avanza regularizó su situación ante la Justicia tras la multa por los gastos de campaña

Tras el fuerte impacto político que generó la sanción judicial por irregularidades administrativas, La Libertad Avanza (LLA) de Corrientes informó que ya presentó el informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales del pasado 26 de octubre. Con esta medida, el espacio busca dar cumplimiento a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y destrabar la suspensión de los aportes estatales.

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La reacción partidaria se dio luego de que el Juzgado Federal N.° 1, a través de la Resolución N° 69, aplicara una multa del 20% sobre los fondos de funcionamiento y suspendiera cautelarmente la entrega de recursos públicos. La falta administrativa había salpicado la campaña que llevó a Virginia Gallardo a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

El descargo del partido y apelación

A través de un comunicado firmado por Laura Marcoré, presidenta de LLA en el distrito Corrientes, el partido aclaró que la intervención de la Justicia se limitó a una "intimación formal" y que no existen cuestionamientos de fondo sobre el origen o destino de los fondos. "No existe observación alguna respecto a la rendición", subrayaron desde la fuerza oficialista.

Sin embargo, el partido del presidente Javier Milei no aceptó la sanción de forma pasiva. Informaron que ya interpusieron un recurso de apelación contra la multa impuesta por el juez federal con competencia electoral. Según el descargo, consideran que la penalidad es "jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad".

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Transparencia e institucionalidad

Desde la conducción local de LLA insistieron en que el cumplimiento de la presentación documental se realizó en los ámbitos correspondientes y reafirmaron que la fuerza "siempre actuará conforme a derecho, con transparencia y respeto por las instituciones".

Con la documentación ya en poder de la Justicia, se espera que en los próximos días se defina si se levanta la suspensión de los aportes públicos, un recurso vital para el funcionamiento ordinario de la estructura libertaria en la provincia. Por el momento, la discusión se trasladará a la instancia de alzada para determinar si la multa económica debe mantenerse o ser revocada.