¿Quién maneja la antena?

En los últimos días se conoció que Palantir Technologies, la empresa de análisis masivo de datos fundada por Peter Thiel, con raíces reconocidas en el mundo de la inteligencia y la defensa, aspira a administrar el sistema de comunicaciones de ARSAT. 

La noticia, conocida a partir de las denuncias de los trabajadores de la empresa satelital, circuló entre los titulares de economía y tecnología como si se tratara de una operación comercial más. 

No lo es, y desde el trabajo cotidiano con infraestructura pública de información creemos que vale la pena tomarse el trabajo de explicar por qué. Lo que está en discusión es quién va a manejar la herramienta con la que la sociedad argentina se habla a sí misma. Según cómo se responda esa pregunta —¿quién maneja la antena?— cambia el significado de palabras que creíamos entender: comunicar, gobernar, estar seguro.

Empecemos por la historia, que en este caso es también un inventario. ARSAT existe por una ley votada en 2006 y por una decisión política sostenida durante años, la de no dejar el derecho a comunicarse atado a la tasa de ganancia. De esa decisión salieron dos satélites geoestacionarios diseñados y construidos por INVAP en Bariloche, el ARSAT-1 y el ARSAT-2, puestos en órbita en 2014 y 2015. Salió un centro nacional de datos en Benavídez. 

Y salió la Red Federal de Fibra Óptica: 34.500 kilómetros de tendido que atraviesan más de mil localidades y conectan a unos 18 millones de personas, en general en pueblos donde ningún balance privado hubiera justificado jamás enterrar un cable. 

ARSAT existe por una ley votada en 2006 y por una decisión política sostenida durante años, la de no dejar el derecho a comunicarse atado a la tasa de ganancia"

La última milla la ponen pymes y cooperativas de todo el país, enganchadas a los nodos de esa red troncal. Todo eso, dos décadas de trabajo e ingeniería argentinos, es lo que ahora se ofrece en administración a una contratista del aparato de inteligencia estadounidense. La pregunta por la antena es, antes que nada, la pregunta por quién se queda con el fruto de ese trabajo acumulado.

Hay además una cuestión técnica que casi nunca se discute, porque exige admitir que las herramientas tienen historia y tienen umbrales. En un primer momento, el satélite o la fibra amplían lo que la gente puede hacer: una escuela rural habla con un hospital de la capital, un productor vende sin intermediarios, una alerta sanitaria llega a tiempo. La herramienta sirve, y sirve a quien la usa. 

La Red Federal de Fibra Óptica: 34.500 kilómetros de tendido que atraviesan más de mil localidades y conectan a unos 18 millones de personas"

Pero cuando su escala supera la capacidad de sus usuarios para comprenderla, repararla y dirigirla, la relación se da vuelta. El ciudadano se ajusta a los protocolos que la plataforma exige. 

El Estado deja de gobernar una red pública y pasa a contratar a los únicos que saben cómo funciona. La nación deja de mirar desde el espacio con ojos propios y alquila una mirada que le vuelve mediada por algoritmos que nadie de este lado puede leer. Ese umbral, exactamente ese, es el que está en juego con ARSAT.

Palantir no vende almacenamiento ni procesamiento; eso se consigue en cualquier parte. Vende la forma de relacionar los datos: el modelo que decide qué se cruza con qué"

El costado económico es el menos comentado y el más grave. Palantir no vende almacenamiento ni procesamiento; eso se consigue en cualquier parte y sus propios voceros lo admiten sin pudor. Vende la forma de relacionar los datos: el modelo que decide qué se cruza con qué, qué constituye un patrón, qué merece una alerta. Y esa forma nunca se transfiere con el contrato, queda siempre del lado del proveedor.

Según denunciaron los propios delegados de la empresa, el plan incluye integrar bajo ese sistema los datos de la ANSES, del organismo recaudador y de Migraciones. Ahí el mecanismo se vuelve reconocible para cualquiera que haya leído un manual de historia económica argentina: producimos la materia prima —en este caso, los registros de nuestra propia vida en común— y pagamos en dólares por consumirla procesada.

Exportamos el mineral y compramos el cuchillo, otra vez, solo que ahora el mineral son nuestras conversaciones, nuestros trámites, nuestros movimientos"

Exportamos el mineral y compramos el cuchillo, otra vez, solo que ahora el mineral son nuestras conversaciones, nuestros trámites, nuestros movimientos. Con un agravante que no tenía el mineral: si un día el contrato se cancela, el Estado conserva sus datos pero ya no tiene cómo relacionarlos ni consultarlos. 

Le queda el archivo sin la lectura. Y para entonces sus propios equipos técnicos, después de años de no usar herramientas propias porque "la plataforma lo hace mejor", habrán perdido la capacidad de reconstruirlas. Esa dependencia no es un accidente del modelo de negocio de Palantir. Es el modelo de negocio.

Queda lo democrático, que atraviesa todo lo anterior. Cuando una sola lógica técnica se adueña de una necesidad colectiva, el resultado va bastante más allá de un monopolio comercial. Las alternativas —las cooperativas telefónicas que saben tender su propia red, los ingenieros públicos que construyeron satélites, la capacidad instalada de decidir en qué condiciones se comunica una comunidad— no se prohíben por decreto. 

Se asfixian por invisibilidad, hasta volverse primero redundantes, después inviables, después pintorescas. Y la ciudadanía, reducida a flujo de datos, empieza a aparecer en los tableros como población a predecir antes que como pueblo a escuchar. Quien controla la infraestructura de la palabra termina controlando, tarde o temprano, los términos del debate público.

Alguien va a decir que Palantir es más eficiente. Puede ser. Lo notable es el pudor selectivo del argumento: el mismo Estado que, según esta lectura, resultó incapaz de administrar una red que construyó y operó durante veinte años, estaría perfectamente en condiciones de auditar y supervisar a una contratista de inteligencia extranjera leyendo en tiempo real los datos de cuarenta y seis millones de personas. Para lo primero no da; para lo segundo, quedate tranquilo.

La eficiencia de una herramienta que no podemos inspeccionar, limitar, aprender ni apagar no es eficiencia nuestra. Es eficiencia de otro, ejercida sobre nosotros, y la historia de estas plataformas en otros países no invita precisamente al optimismo.

La respuesta tampoco pasa por rechazar la tecnología satelital ni por volver a la carta certificada. Pasa por más tecnología, pero propia y bajo examen: protocolos abiertos, auditoría pública sobre qué datos se recogen y quién los ve, nodos distribuidos que impidan que toda la red se resuelva en un solo tablero privado, y formación de técnicos y operadores locales, una tarea en la que el sistema universitario público —el mismo al que hoy se desfinancia mientras se celebra la inteligencia artificial— tiene todo para aportar. 

Pasa por defender la ley de protección de datos personales, que fue de las primeras de la región y que en este esquema aparece como un obstáculo a esquivar en lugar de una conquista a sostener. Y pasa por escribir con todas las letras un límite político que hoy no está escrito: hay funciones estratégicas que no se subcontratan, porque en el momento en que se subcontratan pasan a ser estratégicas para quien las administra.

Volvamos entonces a la pregunta del título, que a esta altura ya tiene varias respuestas superpuestas. La antena la construyó el trabajo argentino para una necesidad del pueblo argentino; la maneja de verdad quien la comprende y puede dirigirla, no quien figura en la escritura; y quien procesa la palabra de todos se apropia, en silencio, del valor que esa palabra produce. 

Las naciones rara vez pierden la soberanía de un golpe. La pierden por administración, cuando aceptan que una herramienta que era suya pase a manos de quienes le dan un uso que ya no pueden controlar ni entender. ARSAT puede ser el símbolo de un país que mira hacia arriba con ojos propios o la puerta por la que ese país entra, mansamente, a ser observado, clasificado y gestionado por quienes nunca le pidieron permiso. La antena la levantamos entre todos y apunta al cielo. Que nadie la dé vuelta para apuntarnos a nosotros.

*Director en el área de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y coordinador del Capítulo Argentino del Proyecto Global South Insights (UNGS-Universidad Normal del Este de China-Foro Académico del Sur Global); Profesor de Filosofía (UNGS).