Europa necesita financiación y adquisiciones conjuntas para defenderse

BERLÍN – Europa se enfrenta a su prueba estratégica más severa desde el fin de la Guerra Fría. La invasión rusa de Ucrania, las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia, la creciente fragmentación geopolítica y una carrera armamentística tecnológica acelerada han puesto de manifiesto lo poco preparada que está la Unión Europea para afrontar los desafíos de seguridad actuales.

Aunque los países europeos han aumentado notablemente sus presupuestos de defensa desde 2015 —y de forma más acusada desde 2022—, el fortalecimiento ha sido dolorosamente lento e ineficaz. Una de las razones es que los Estados miembros de la UE no han actuado de manera coordinada. La adquisición, la investigación y la financiación siguen siendo primordialmente nacionales. Esta fragmentación genera ineficiencias, amplía las brechas de capacidad y consolida la dependencia de proveedores no europeos en un momento en que la UE necesita fortalecer su autonomía estratégica.

En la actualidad, la UE sigue dependiendo en gran medida de los EE. UU. para su seguridad. En 2023, casi el 80% de sus adquisiciones relacionadas con la seguridad procedieron de fuera del bloque, predominantemente de los EE. UU. Los países europeos a menudo desarrollan o adquieren sistemas similares de forma paralela. Los pequeños volúmenes de adquisición nacionales impiden las economías de escala, y los estándares técnicos divergentes obstaculizan la interoperabilidad. El resultado es la duplicación en lugar de la resiliencia.

El espejismo del aliado: por qué la sumisión ante Trump siempre termina en traición

Lamentablemente, la UE ha hecho poco para mitigar esta fragmentación de las adquisiciones de defensa. Las compras militares permanecen ampliamente exentas de las normas del mercado único, perpetuando la dependencia del bloque de los EE. UU. en áreas clave, como los sistemas de misiles, los aviones de combate y la defensa aérea.

El creciente distanciamiento con los EE. UU. ha convertido el cambio de este statu quo en un imperativo estratégico. Una aplicación más robusta de las normas de contratación existentes de la UE podría ayudar a crear un verdadero mercado único para equipos de defensa. Una mayor integración aceleraría el desarrollo tecnológico, impulsaría la capacidad de producción y reduciría los precios al aumentar la competencia entre las empresas de defensa europeas. La coordinación a nivel de la UE, particularmente mediante la agregación de la demanda, fortalecería el poder de negociación pública, permitiendo la adquisición de mayores volúmenes a menores costes.

Para empezar, la Comisión Europea debe hacer cumplir las normas actuales de la UE y desplazar las adquisiciones hacia proveedores europeos, idealmente basándose en estándares técnicos comunes. Una forma de institucionalizar estas medidas sería establecer un Mecanismo de Defensa Europeo (EDM, por sus siglas en inglés), una institución intergubernamental inspirada en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Una importante propuesta reciente reclama un EDM que podría supervisar la agregación de la demanda, coordinar las adquisiciones conjuntas y financiar activos estratégicos que requieren mucho capital mediante contribuciones basadas en el uso de los miembros participantes. Tal disposición reduciría las cargas fiscales nacionales y podría extenderse a socios no pertenecientes a la UE, como el Reino Unido.

El Reino Unido debe liderar la resistencia contra Trump

La UE también debe reformar la contratación de defensa. Tradicionalmente, las adquisiciones de defensa se han basado en modelos de fijación de precios de coste incrementado (cost-plus-pricing). Diseñados para limitar los márgenes de beneficio excesivos, estos modelos ofrecen pocos incentivos para la eficiencia de costes, la entrega puntual o la innovación. Los sobrecostes pueden simplemente trasladarse a los gobiernos, y los retrasos rara vez se penalizan.

Como resultado, el modelo actual de contratación de defensa de la UE no es adecuado para una era de tecnología militar en rápida evolución. Al pasar a un enfoque basado en el rendimiento que establezca estándares e incentivos medibles, los responsables políticos de la UE podrían superar las debilidades actuales.

Unas capacidades de defensa más sólidas también requieren una mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D). Mientras que aproximadamente el 16% del gasto de defensa de los EE. UU. se dedica a I+D, el promedio de la UE es inferior al 5%. Esto aumenta la dependencia de la innovación estadounidense y socava la capacidad del bloque para seguir siendo competitivo en tecnologías críticas, como los sistemas no tripulados y la IA.

Las iniciativas europeas conjuntas ofrecen una solución prometedora. Una contraparte europea de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) de los EE. UU., por ejemplo, podría agrupar recursos, financiar proyectos de alto riesgo y alta recompensa, y acelerar avances tecnológicos que ningún Estado miembro podría lograr por sí solo.

Trump está sirviendo al imperialismo estadounidense sin palabras

Pero la coordinación por sí sola no es suficiente. Los Estados miembros de la UE se enfrentan a restricciones fiscales significativamente diferentes, lo que limita su capacidad de contribuir por igual. Como muestra la figura [omitida], los países más cercanos a Rusia han aumentado drásticamente el gasto en defensa, mientras que otros se han visto limitados por niveles de deuda más altos o resistencia política. La asimetría resultante amenaza con crear un problema de "polizón" (free-rider), en el que algunos países soportan una carga desproporcionada.

La Comisión Europea ha respondido relajando temporalmente las normas fiscales de la UE. Bajo la cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los Estados miembros pueden aumentar el gasto en defensa sin activar procedimientos de déficit excesivo. Sin embargo, solo la mitad de los países de la UE han utilizado esta opción hasta ahora. Claramente, confiar únicamente en los presupuestos nacionales —incluso bajo normas fiscales relajadas— no proporcionará el nivel de inversión en defensa requerido.

Reconocer la defensa como un bien público también significa reconocer que debe financiarse a nivel de la UE. La financiación conjunta ayudaría a superar las restricciones fiscales nacionales, internalizar los beneficios transfronterizos y reducir las ineficiencias en las adquisiciones. El EDM propuesto traduciría estos principios en la práctica al proporcionar financiación a corto plazo para activos de defensa hasta que la propiedad pudiera transferirse a los Estados miembros. También financiaría adquisiciones a gran escala mediante la emisión de bonos.

¿Cómo alimentar a diez mil millones de personas en 2050?

La financiación conjunta debe estar respaldada por un marco fiscal creíble para protegerse contra el riesgo moral y mantener la estabilidad financiera. Por lo tanto, cualquier movimiento hacia instrumentos como los eurobonos debería ir acompañado de una arquitectura fiscal robusta capaz de gestionar crisis de deuda soberana. Reformar el MEDE para proporcionar apoyo temporal a países endeudados, junto con un mecanismo de reestructuración de deuda soberana, permitiría una resolución de crisis ordenada. Podría ser imposible diseñar e implementar lo que los economistas llaman lo "óptimo" (first best), una arquitectura creíble y totalmente compatible con los incentivos. Pero si seguimos evitando trabajar en lo "segundo mejor" (second best), la geopolítica podría obligarnos a recurrir a soluciones de financiación mucho peores.

La elección que enfrenta Europa es cruda: aferrarse a políticas nacionales fragmentadas que ofrecen demasiado poco y demasiado tarde, o reconocer la defensa como un bien público y buscar soluciones a nivel de la UE. Las adquisiciones conjuntas, la financiación compartida y la innovación coordinada no son una ambición ideológica, sino respuestas pragmáticas a un panorama de seguridad transformado. Si Europa quiere ser tomada en serio como un actor geopolítico, debe igualar sus ambiciones de defensa con instituciones y mecanismos de financiación capaces de realizarlas.

Ulrike Malmendier, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos (GCEE), es profesora de Finanzas en la Universidad de California, Berkeley. Tim Hermann es economista en el GCEE. Philipp Hauber es economista en el GCEE. Claudia Schaffranka es jefa del Centro de Políticas en la Universidad de Leiden SAFE.