Escándalo de corrupción

Importaciones y ganancias del 200%: la trama de coimas de las SIRA para acceder al dólar oficial que acorrala a Martín Migueles

La Justicia logró acceder al teléfono de Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, y descubrió una aceitada red que cobraba sobornos del 15% para aprobar SIRAs en tiempo récord. Empleados de la Casa Rosada, negocios paralelos y la búsqueda de los funcionarios que firmaban las autorizaciones.

Martín Migueles y Wanda Nara Foto: Instagram

Los oscuros secretos del cepo cambiario durante la gestión de Alberto Fernández empezaron a salir a la luz desde la pantalla de un teléfono secuestrado. La Justicia logró acceder al celular de Martín Migueles, empresario y pareja de la vedette Wanda Nara, y descubrió una compleja maquinaria de corrupción. A través del cobro de coimas de entre el 10 y el 15%, una red de intermediarios garantizaba la rápida habilitación de importaciones mediante el sistema SIRA, permitiendo a sus clientes acceder al codiciado dólar oficial.

El rol de Migueles, socio comercial de Elías Piccirillo, era funcionar como el nexo perfecto entre los privados desesperados por importar mercadería y los funcionarios públicos que tenían el control. Según la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, quien maneja el expediente bajo un estricto hermetismo, el empresario ya figura en la lista de los imputados por orquestar esta vía rápida y paralela para saltar las restricciones, hecho que pudo averiguar Clarin..

Martín Migueles junto a Wanda Nara

La impunidad con la que operaban quedó registrada en decenas de audios. "También ahora están mucho con el tema de la SIRA, si tenés una empresa grande, yo consigo también que te den la SIRA rápido y podés llevar guita para allá", le dijo Migueles a un contacto agendado como "Adriel La Plata". En otra nota de voz, fue aún más explícito sobre las tarifas: "Yo lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia. Lo que sí, cuando sale hay que pagar y viene de arriba".

Los tentáculos de la red llegaban directamente a los pasillos de la Casa Rosada. En el teléfono apareció el nombre de Ariel Germán Saponara, quien en un mensaje confirmó: "Estoy laburando acá en el Ministerio". Este empleado gubernamental le pidió a Migueles liberar declaraciones para un amigo, y juntos arreglaron inflar el precio del soborno. "Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o pásale 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinas? Blue, ¿no?", le propuso..

Para que el sistema funcionara, la banda contaba con Héctor Ezequiel Caputto, alias "El Pipo", el encargado de apurar los trámites dentro de las dependencias estatales. Tras confirmarle a Migueles que "ya está firmado lo de las maquinarias", Caputto le detalló la matemática del soborno: calcularon el 15% sobre el valor a dólar oficial y exigieron que la coima se pagara en billetes físicos. En esas mismas charlas, los intermediarios mencionaron a una "señora" y a un tal "Pato", dos eslabones superiores que la Justicia intenta identificar.

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El negocio de las financieras

El volumen de la evidencia recolectada en el dispositivo móvil no dejó margen para las dudas. "El contenido de estos intercambios permite observar con claridad la estructura de intermediación y reparto económico que caracterizaba a la operatoria", señaló el fiscal Picardi en su duro dictamen. El funcionario judicial remarcó que estas aprobaciones exprés solo pudieron concretarse mediante nexos directos con personas capaces de influir en el proceso administrativo de autorización.

Mientras los ciudadanos comunes enfrentaban restricciones cambiarias y apenas podían comprar 200 dólares por mes, esta red criminal lograba acceder a SIRAs millonarias en un plazo récord de diez días, pulverizando los 180 días de espera que sufrían los importadores.

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Pero el negociado de las importaciones no era el único canal utilizado para exprimir las ventajas de la brecha cambiaria. El expediente judicial también investiga una maniobra paralela y multimillonaria vinculada a la venta de dólares oficiales a través de casas de cambio, entre las que destaca de manera central la firma "Arg Exchange", bajo el control directo de Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque.

En esta ramificación específica del caso, los investigadores buscan determinar si existió complicidad por parte de altos funcionarios del Banco Central de la República Argentina. La sospecha principal de la fiscalía es que, desde la entidad monetaria, se les autorizaba la compra de divisas al valor oficial para que luego la banda las volcara al mercado paralelo, obteniendo ganancias siderales que superaban el 200 por ciento.

TC