El intento del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de obtener poderes de emergencia para reasignar el gasto del gobierno en medio de un colapso de la economía avanza en el Congreso, pese a las objeciones de la oposición sobre su constitucionalidad.
Los principales legisladores del partido gobernante de izquierda respaldan el proyecto de ley del presidente presentado en la cámara baja del Congreso el jueves. Si bien la oposición argumenta que el proyecto puede violar el mandato constitucional de que los legisladores aprueben los planes de gasto anuales, el Partido Morena de López Obrador tiene mayorías en ambas cámaras tras una alianza con partidos minoritarios.
Mario Delgado, líder de Morena en la cámara baja, dijo que apoyará el proyecto de ley porque el gobierno debe poder ajustar el presupuesto federal durante una crisis para financiar prioridades como la atención médica y los créditos para pequeñas empresas.
Esto abre la oportunidad de dar al país un nuevo marco legal para hacer frente a estas emergencias, de modo que el gobierno tenga la posibilidad de actuar de manera oportuna, dijo Delgado el martes por la noche en un video en Twitter.
Aún así, el legislador dijo que presionarán para introducir algunos cambios en el proyecto de ley, con el fin de garantizar que no rompa con la legislación actual.
México enfrenta en 2020 una de las recesiones más profundas de su historia, ya que una economía ya débil apenas puede hacer frente al impacto del brote de coronavirus. López Obrador se ha negado hasta ahora a usar deuda para financiar un estímulo y se ha comprometido a reducir el gasto en algunas áreas del gobierno.
La economía mexicana se contraerá 6,7% este año, más profundo que durante la devastadora crisis del tequila de mediados de la década de 1990, según el promedio de analistas en la última encuesta de Citibanamex.
El economista de Barclays Marco Oviedo dijo que el proyecto de ley probablemente tendría cambios para hacerlo más aceptable políticamente, incluidas definiciones más claras sobre la reasignación de fondos.
“Es una cuestión de controles y equilibrios establecidos en la Constitución”, dijo en una entrevista. “Un ejecutivo con plenos poderes sobre el gasto público va en contra de ese espíritu”.
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