El Gobierno federal de Estados Unidos comenzará a aplicar nuevamente las protecciones de salud a las minorías sexuales del país, revocando una prohibición establecida por la Administración de Trump, informó el lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
La decisión de hacerlo se tomó a la luz de los hallazgos de la Corte Suprema en el caso Bostock v. Condado de Clayton, que sostenía que las personas pertenecientes a minorías sexuales están protegidas contra la discriminación en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
“La Corte Suprema ha dejado en claro que las personas tienen derecho a no ser discriminadas por motivos de sexo y recibir un trato igualitario ante la ley, sin importar su identidad de género u orientación sexual”, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra, en un comunicado. “El temor a la discriminación puede llevar a las personas a renunciar a la atención médica, lo que puede tener graves consecuencias negativas para la salud. La posición del Departamento de Salud y Servicios Humanos es que todos, incluidas las personas LGBTQ, deberían poder acceder a la atención médica, sin discriminación o interferencia, punto”.
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“Todas las personas necesitan acceso a servicios de atención médica para reparar un hueso roto, proteger su salud cardíaca y detectar el riesgo de cáncer”, dijo la subsecretaria de Salud del HHS, Rachel Levine, en un comunicado. “Nadie debe ser discriminado cuando busca servicios médicos por quien es”.
Cuestionamientos de los seguros
La mayoría de los estadounidenses, alrededor de 156 millones de personas, obtienen su seguro a través de sus empleadores. La mayoría de los empleadores confían en aseguradoras de salud para procesar sus reclamos y administrar sus planes como administradores externos, dijo Matthew Cortland, director de políticas de abogados de derechos de discapacidad de la organización de defensa de la salud Be a Hero Fund.
Sin embargo, la cuestión de cómo se aplica la ley a las aseguradoras ha sido un conflicto en los últimos cinco años.
La Administración de Barack Obama emitió una norma en 2016 que decía que esas protecciones se aplicaban a los planes patrocinados por los empleadores que dependían de compañías de seguros que recibían fondos federales como administradoras externas, dijo Katie Keith, profesora de investigación de políticas de salud en la Universidad de Georgetown.
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La regla de 2016 tenía la “intención clara” de llegar a los administradores externos de los planes patrocinados por el empleador, dijo Cortland. Sin embargo, la industria de seguros de planes patrocinados por el empleador dejó en claro que no quería que la ley de no discriminación se aplicara a los administradores de terceras partes y el reglamento de 2020 del Gobierno de Trump revirtió eso.
Las dos regulaciones anteriores aún están vinculadas en demandas, y es probable que este anuncio sea una señal de que correrán la misma suerte.
GI CP
