¿Por qué México no implosionó? Ese es tal vez uno de los mayores misterios económicos que quedan tras el COVID-19. Los mexicanos recibieron un golpe desproporcionado: para el primer aniversario de la pandemia, México había registrado la segunda tasa más alta de exceso de mortalidad en el mundo, tan solo detrás de Armenia.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo poco para mitigar el sufrimiento. Ejecutó el presupuesto más ajustado en América Latina en 2020 y luego recortó el gasto en 2021. “El apoyo en respuesta a la pandemia del covid-19 fue notablemente menor que el de los mercados emergentes (ME) y sus pares regionales”, señaló el Fondo Monetario Internacional en su evaluación del 2021.
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Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tulane sobre el impacto del covid en las cuatro economías más grandes de América Latina encontró que la asistencia social se amplió para compensar el impacto de la pobreza y la desigualdad en tres de ellas. ¿La excepción? “El efecto compensatorio es nulo en México ya que no se produjo una expansión de la asistencia social en el país”, escribieron.
Aun así, México no implosionó. De hecho, después de cuatro años en el cargo, los índices de popularidad de López Obrador son más altos que los de sus cuatro predecesores inmediatos en el mismo punto de sus presidencias. A tres años del comienzo de la pandemia, está surgiendo una explicación del misterio a partir de la historia más amplia del desastre provocado por el virus y sus consecuencias: los mexicanos fueron salvados por su gente en Estados Unidos.
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Mientras la Administración del presidente Joe Biden se esfuerza por desarrollar una respuesta holística efectiva al creciente movimiento de migrantes de todo el hemisferio hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor, haría bien en tener presente esta realidad económica.
En 2020, las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares en México aumentaron más del 10%, a US$41.500 millones, según datos del Banco de México. En 2021, aumentaron un 27% y un 13% en 2022, hasta alcanzar un total de US$58.500 millones. Eso equivale a más del 60% del gasto público social total de México en 2019, el último año que informó a la OCDE.
Este aumento de remesas es, de hecho, también un poco misterioso. Cientos de miles de inmigrantes mexicanos perdieron sus trabajos cuando golpeó la pandemia y obligó a cerrar negocios en gran parte de EE.UU. La tasa de desempleo de los trabajadores nacidos en el extranjero saltó al 16,5% en abril de 2020, desde el 3,6% de febrero.
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No obstante, el dinero siguió fluyendo. En parte, eso se debe a que intervino la red de seguridad social estadounidense. La expansión masiva de la asistencia gubernamental en EE.UU. —entre la Ley CARES de marzo de 2020 y el Plan de Rescate Estadounidense de marzo de 2021, el Gobierno federal desplegó una asombrosa cantidad de US$5 billones en ayuda de emergencia— también proporcionó una red para las familias de los migrantes en su país de origen.
El Gobierno estadounidense sabe que la política migratoria debe tener en cuenta las fuerzas que empujan a los migrantes a dejar sus hogares. En el pasado, el TLCAN se vendió, en parte, como un estímulo económico diseñado para mantener a los mexicanos en México. Mientras que Ross Perot criticaba el “gigantesco sonido de succión” de los empleos estadounidenses que se trasladaban al sur, el presidente Bill Clinton optaba por centrarse en los temores estadounidenses relacionados con los trabajadores mexicanos que se trasladaban al norte.
La estrategia de la Administración de Joe Joe Biden para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica tiene que ver con atajar la migración desde su origen. EE.UU. incluso está proporcionando algo de dinero para ayudarlo: el año pasado donó US$240 millones a Guatemala, US$150 millones a Honduras y US$108 millones a El Salvador, para financiar proyectos en salud, educación, desarrollo económico y similares.
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Una rápida comparación pone de manifiesto uno de los puntos débiles de esta estrategia. Según una investigación del Diálogo Interamericano, las remesas a Guatemala superaron los US$19.000 millones el año pasado, mientras que Honduras recibió casi US$9.000 millones y El Salvador poco menos de US$8.000 millones.
Las remesas a estos países desempeñan un papel aún más importante que en México para mantener a la sociedad a flote. Por ejemplo, las recibidas por El Salvador el año pasado ascendieron a la friolera de 27% del producto interno bruto del país, según estimaciones del Diálogo Interamericano, y representaron más de tres veces el gasto social del Gobierno en 2019. Las cifras también son asombrosas en Guatemala y Honduras. Las remesas a México, por el contrario, ascienden a menos del 5% del PIB.
Esto no significa, por supuesto, que Washington deba proporcionar cantidades comparables para mantener a los centroamericanos en Centroamérica. Pero la comparación debería ayudar a enfocar la escala de oportunidades que la migración brinda a los migrantes, sus familias y comunidades de origen.
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Independientemente del sentido que tenga para EE.UU. abordar la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades en el Triángulo Norte de América Central, los legisladores deben prestar mucha más atención a lo que significa la migración para quienes se embarcan en el viaje desde sus hogares. Eso implicará pensar menos en los controles fronterizos y más en cómo los inmigrantes se incorporan y se benefician de las oportunidades que ofrece la economía estadounidense.
Lo fundamental que hay que entender es que las oportunidades son inmensas, gigantescas. El aumento de las remesas en la era covid subraya que la inmigración es la mejor oportunidad, sin excepción, para aumentar los ingresos de millones de personas en todo el mundo en desarrollo. No perdamos demasiado tiempo tratando de descubrir las “causas fundamentales” de esta.
Un estudio realizado hace unos años por investigadores del Centro para el Desarrollo Global, la Kennedy School de Harvard y el Banco Mundial estimó que un trabajador guatemalteco podría aumentar su salario 3,1 veces trabajando en EE.UU. Un trabajador en México aumentaría los salarios por un factor de 2.35; un haitiano, por 7,8. Un peruano de 35 años con nueve años de escolaridad que trabajaba en la economía formal en su país gana un promedio de US$452 al mes, estimaron. Trabajando en EE.UU., ganaría US$1.714.
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Sí, la inmigración es, por decirlo suavemente, un tema políticamente delicado en EE.UU. Sus oponentes más acérrimos, los que más reclaman sobre una frontera desbordada, descartarán estos beneficios como irrelevantes. Después de todo, van a parar a no estadounidenses que tal vez ni siquiera hablan inglés.
No obstante, podrían considerar que EE.UU. también necesita inmigrantes. Los necesita para estabilizar la población y evitar que la fuerza de trabajo se reduzca; recoger las cosechas y entregar las comidas; para cuidar a los niños y cambiar los orinales de los viejos.
Durante la pandemia, las remesas desde EE.UU. proporcionaron un salvavidas indispensable para las comunidades de México y América Central. Pero los estadounidenses tal vez quieran recordar cómo, en el punto álgido de la pandemia, fueron los trabajadores migrantes quienes garantizaron la disponibilidad de alimentos.
Tal reconocimiento puede no proporcionar un plan para responder a los grandes flujos de migrantes que se dirigen hacia EE.UU. Pero lidiar con ellos de manera efectiva requiere primero reconocer los verdaderos impulsores económicos que hacen que la gente deje atrás su hogar. Requiere estar al menos un poco agradecido por un suministro constante de alimentos. Y agradecer, también, que México no haya implosionado.
