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La industria petrolera de Venezuela teme perder terreno si vuelven las sanciones económicas por parte de EE.UU.

Tras la inhabilitación de María Corina Machado a la presidencia, el país norteamericano podría establecer las sanciones petroleras en abril, lo que provocaría una caída en la producción de un 30% en el país, a 600.000 barriles por día, en cuestión de meses.

Oil Minister and PDVSA President Pedro Rafael Tellechea Holds New Conference
Oil Minister and PDVSA President Pedro Rafael Tellechea Holds New Conference | Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, apuesta a que Estados Unidos no reactivará todas sus sanciones luego de que el mandatario abandonara su promesa de elecciones libres. Dentro de la industria petrolera del país, los operadores locales están preocupados de que él esté equivocado.

Las empresas y contratistas de petróleo y gas temen que sus incipientes acuerdos para realizar desde importaciones de nuevos equipos de construcción hasta sus conexiones con bancos estadounidenses se acaben si el veto de Maduro sobre los candidatos de la oposición en las elecciones de este año provoca que EE.UU. permita que una suspensión de seis meses de las sanciones expire en abril.

“Este es un gran frenazo para las compañías pequeñas, que viven del pago día a día para su flujo de caja”, dijo Rubén Pérez, director de Chemstrategy, una consultora energética con sede en Caracas. “Otras empresas más grandes tenían vistos estos escenarios y pueden resistir mejor. El ánimo oscila entre un optimismo cauteloso y alas caídas”.

La reimposición de las sanciones provocaría una caída en la producción petrolera de Venezuela de un 30% a 600.000 barriles por día en cuestión de meses, según Fernando Ferreira, director de riesgo geopolítico de Rapidan Energy Group. Datos compilados por Bloomberg muestran que la producción del país aumentó en enero un 22% frente a un año antes después de que EE.UU. aliviara las sanciones en octubre, lo que permitió que empresas estadounidenses negociaran con la estatal Petróleos de Venezuela SA.

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El mes pasado, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela dictaminó que la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, no era elegible para ocupar el cargo, con lo que hizo caso omiso de la presión de EE.UU. para que le permitieran postularse contra Maduro. En respuesta, EE.UU. reimpuso las sanciones a las exportaciones de oro y dijo que podría restablecer las sanciones petroleras en abril si Venezuela no cambia de rumbo.

Pedro Tellechea, ministro de Petróleo de Venezuela y presidente de PDVSA, dijo la semana pasada que el país está “preparado” si se renuevan las sanciones petroleras y “abierto al diálogo” sobre el tema.

Pero la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, tiene sus propias razones para no poner fin a las sanciones. Un suministro más estable del crudo de la nación sudamericana podría ayudar a mantener bajo control los precios mundiales del petróleo y, lo que es más importante, los precios de la gasolina en EE.UU. Biden, que podría enfrentar una dura campaña de reelección contra Donald Trump, también necesita encontrar formas de frenar la ola de migración a EE.UU. Una economía venezolana más saludable podría frenar el éxodo.

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Sin embargo, cuatro ejecutivos de la industria petrolera que hablaron con Bloomberg bajo condición de anonimato dijeron que las renovadas tensiones hacen que se pregunten si sus recientes inversiones se desperdiciarán. Pidieron no ser identificados por temor a represalias por parte del Gobierno.

Algunas empresas locales habían enviado representantes a EE.UU. para restablecer relaciones financieras y comerciales con proveedores con sede en ese país. Lentamente, las pequeñas y medianas empresas de servicios petroleros estaban logrando avances, incluso en cuanto a posibles importaciones de equipos de construcción.

Además, PDVSA había realizado compras para sus instalaciones a través de terceros, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada debido a que las deliberaciones eran de carácter privado. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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La licencia general n.° 44, como se conoce al alivio de las sanciones estadounidenses, era considerada por las empresas locales como “un impulso importante para que la demanda de trabajo empezara este primer trimestre de 2024, pero todavía esto no se ha concretado totalmente”, dijo César Parra, director de la firma de ingeniería y construcción DICCA. Se necesitan trabajos de mantenimiento e inversiones en el estado de Zulia, cuna petrolera de Venezuela, donde opera su empresa, afirmó.

Desde octubre, cuando se aliviaron las sanciones, se otorgó a la estatal de Trinidad National Gas Co. y a Shell Plc licencias de exportación, mientras que Repsol SA y Maurel et Prom firmaron nuevos acuerdos para aumentar la producción. Delegaciones de la mexicana Pemex, la boliviana YPFB y la indonesia Pertamina visitaron el país para revisar asociaciones de petróleo y gas, aunque no se firmaron acuerdos importantes.

No está claro si estos acuerdos sobrevivirían a una nueva imposición de sanciones. Trinidad recibió garantías del Gobierno de EE.UU. a fines de enero de que se mantendrá una licencia para un proyecto clave de importación de gas que involucra a Shell y Venezuela, según un informe.

“No nos vemos afectados directamente”, dijo el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, en un informe en el medio Trinidad Guardian.

Traducido por Bárbara Briceño.