En el programa "Bienvenidos al tren", que se emite por Bravo TV, se debatió sobre lo que definieron como la “Anatomía de la crueldad”, un sistema organizado de producción y difusión de discursos de odio impulsado desde la comunicación política del gobierno de Javier Milei.
Durante la entrevista, el conductor Juan di Natale dialogó con la comunicadora social Sandra Chaher, integrante de la organización Comunicación para la Igualdad, quien presentó un informe que releva ataques digitales, campañas de desinformación y narrativas violentas dirigidas a sectores específicos de la sociedad.
“Lo que identificamos es un sistema claramente organizado, con un objetivo violento, que no es un exceso ni un error, sino algo constitutivo de la comunicación política del gobierno”, explicó Chaher. Según señaló, el informe surge de un trabajo previo sobre violencia digital de género, pero adquiere una nueva dimensión a partir del desembarco de La Libertad Avanza en el poder.
Uno de los puntos centrales del análisis es la opacidad en el financiamiento y funcionamiento de la comunicación digital oficial. Chaher advirtió que gran parte de este sistema se sostiene con fondos públicos, aunque no existe información clara sobre quiénes manejan las comunidades digitales, cómo se distribuye la publicidad estatal ni qué vínculos existen con medios y periodistas afines al gobierno.
“Todo esto lo pagamos con la nuestra, pero sin transparencia”, remarcó di Natale durante el intercambio.
En relación con la regulación de las plataformas digitales, Chaher retomó las directrices de la UNESCO sobre gobernanza global de internet y marcó una diferencia clave: no se trata de regular contenidos —lo que podría colisionar con la libertad de expresión— sino de exigir transparencia algorítmica, información sobre moderación y acceso a datos para la investigación independiente. “La herramienta es la transparencia, y hoy no la estamos teniendo”, sostuvo.
El vacío legal en redes sociales facilita la proliferación de discursos de odio y desinformación
El informe también identifica nuevas características en los discursos oficiales, como la naturalización de la mentira y el negacionismo. “Hay una falta total de pudor con la mentira. Funcionarios, empezando por el presidente, dicen cosas que son fácilmente comprobables como falsas y no hay ningún costo político”, afirmó Chaher. A eso se suma, según explicó, un cambio profundo en el estatuto de la verdad: “La verdad pasa a ser lo que dice la autoridad, no la realidad objetiva”.
Uno de los ejes más fuertes del trabajo es demostrar que estos discursos no quedan en el plano simbólico, sino que tienen consecuencias concretas. El informe analiza cuatro casos: las narrativas antifeministas, los ataques al periodismo, el hostigamiento a figuras públicas como Julia Mengolini y la ofensiva discursiva contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En todos los casos, Chaher señaló una continuidad entre los discursos presidenciales y las decisiones de política pública, como el decreto que prohíbe las adecuaciones de género en menores, las denuncias judiciales del presidente contra periodistas, los allanamientos en busca de fuentes periodísticas y el avance de medidas que afectan la libertad de expresión.
A esto se suma un segundo nivel de impacto: la violencia física y la intimidación directa. “Los discursos de odio no siempre derivan en violencia, pero cuando hay violencia casi siempre hubo antes un discurso que deshumanizó y legitimó ese ataque”, explicó. Entre los hechos mencionados se encuentran agresiones a periodistas en la vía pública, amenazas con armas blancas, ataques a viviendas y episodios de persecución durante coberturas periodísticas.
Consultada sobre los sectores más afectados, Chaher señaló que el periodismo y el feminismo son blancos privilegiados del discurso oficial, en línea con lo que ocurre en otros gobiernos de extrema derecha a nivel internacional. También advirtió sobre el desmantelamiento de la institucionalidad de género, pese a que las encuestas siguen mostrando un alto apoyo social a políticas como la legalización del aborto y los derechos de las personas trans, incluso entre votantes del oficialismo.
“El problema es cómo se implementan políticas públicas sin instituciones que las sostengan”, concluyó Chaher, al tiempo que alertó sobre el impacto democrático de un sistema de comunicación que combina desinformación, violencia simbólica y decisiones de poder.
LB
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