La quita de subsidios es uno de los principales objetivos del Gobierno desde la campaña de Javier Milei durante las elecciones. En esta ocasión, se pone en análisis el impacto que genera a nivel económico la quita de subsidios al transporte público, sobre todo en las provincias del interior, donde actualmente el boleto cuesta alrededor de $500. Ante este panorama, este medio se contactó con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulon.
“Esta derogación del fondo fiduciario para el transporte de pasajeros en las provincias, para Santa Fe, implica un recorte de $1.400 millones al mes”, comentó Esteban Paulon. “No solo alcanza a las ciudades que tienen servicios de transporte urbano a pasajeros como Rosario y Santa Fe, sino también a todos los servicios interurbanos de personas que viven en Rosario, entonces, va a tener un impacto tarifario importante”, agregó.
La tarjeta Sube no se encuentra implementada en todas las provincias
Posteriormente, Paulon planteó: “El sistema de la tarjeta Sube no está implementado en todas las provincias y hay dificultades operativas que generan una ventana donde muchas personas se pueden encontrar con las largas colas para personalizar o cargar su tarjeta Sube”. Luego, manifestó que, “las tarjetas Sube tienen un límite de carga en los kioscos, los montos de los pasajes, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, ya son de hasta $500 en muchas de nuestras localidades por boleto”.
"Venganza fiscal"
“El subsidio debe ir a la demanda, debe ir a las personas que realmente lo necesitan y tiene que ser un proceso progresivo”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Sobre todo en este contexto donde hay un vínculo de confianza roto entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y esto se parece más a una venganza fiscal que a una medida en beneficio”.
El enfoque fiscal por sobre el carácter social
Por otro lado, el diputado nacional señaló: “Hay una visión del Gobierno fiscalista, que se vió claramente en el proyecto de bases, donde todas las medidas que aparecían a nivel económico estaban orientadas a llegar al equilibrio fiscal”. Sobre la misma línea, remarcó que, “sin embargo, esto no puede ser el único enfoque, no había ninguna otra medida de carácter social en la ley”.
“Son los gobernadores los que hoy pagan la educación, la salud, el servicio de justicia, la seguridad y las obras públicas que van a quedar colgadas porque el Estado no va a mandar más los recursos”, expresó Paulon. “Es insostenible tener casi la mitad de crecimiento en los recursos tributarios que de inflación o un 50% menos de lo que implica la masa salarial”, concluyó.
