El tributarista y director del Grupo GNP, Guillermo Pérez, analizó en diálogo con Canal E las medidas impulsadas por el Gobierno nacional bajo el paraguas de la llamada "simplificación tributaria", que incluye un régimen de declaración jurada simplificada, modificaciones en los umbrales de información y un proyecto de ley conocido como “blindaje para ahorristas”. Pese al objetivo declarado de atraer los dólares del colchón al circuito formal, Pérez se mostró escéptico sobre su impacto real.
Menos controles, pero sin garantías
El especialista explicó que en una primera etapa se implementaron resoluciones y decretos que reducen significativamente la información que AFIP —rebautizada ahora como ARCA— recibe de distintas fuentes. Entre otros puntos, ya no estarán obligados a informar escribanos, concesionarias de autos, administradores de consorcios, billeteras virtuales ni bancos.
Además, se modificaron los umbrales de información: mientras antes se informaban transferencias desde un millón de pesos (menos de 1000 dólares), hoy los límites se elevaron a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones para sociedades, lo que implica un recorte sustancial en el poder de fiscalización de la AFIP.
La promesa de declarar con menos controles
La “declaración simplificada” es uno de los ejes del nuevo esquema: permite que quienes no sean grandes contribuyentes puedan optar por un sistema donde la AFIP calcula el impuesto con base en los datos que posee. Sin embargo, Pérez advirtió que la falta de datos sobre rentas del exterior y otras limitaciones hacen que muy pocos confíen en el sistema.
Además, el supuesto efecto “liberatorio” de la declaración es ambiguo: si bien se presume exacta, ARCA se reserva el derecho de revisar y sancionar si detecta errores o diferencias significativas. “No genera ninguna previsibilidad ni incentivo real para declarar”, señaló.
Multas más duras y una ley penal tributaria con dientes
Uno de los cambios más contundentes del paquete es el aumento exponencial de las multas por incumplimiento. La presentación tardía de declaraciones juradas, que antes implicaba sanciones de 400 pesos, ahora podría costar hasta 440.000 pesos. Las omisiones en declaraciones informativas podrían llegar hasta 10 millones de pesos.
Por otro lado, se busca reformar la ley penal tributaria aumentando 100 veces los montos mínimos para entrar en el régimen penal. Esto, según Pérez, podría llevar a que los jueces apliquen con mayor rigor la ley debido a la mayor proporcionalidad de los montos evadidos.
"Muy floja de papeles" para atraer ahorros
El tributarista concluyó que el objetivo de “liberar” los controles para generar confianza no va de la mano con una normativa clara ni creíble. A su juicio, no hay condiciones jurídicas ni políticas para que los ahorristas decidan blanquear sus dólares sin temor.
“La normativa está muy floja de papeles como para que realmente los dólares del colchón entren al sistema financiero. No hay garantías ni previsibilidad jurídica real”, remató.
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