El conflicto en la empresa de neumáticos Fate volvió a escalar tras la decisión del Gobierno de multar a la compañía por no pagar los salarios durante la conciliación obligatoria. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Federico Glustein, quien analizó la situación de la empresa, el rol del Gobierno y la creciente tensión con el sector empresario.
Según explicó Federico Glustein, el origen inmediato del conflicto está en el incumplimiento de las condiciones establecidas durante la conciliación obligatoria dictada para frenar los despidos. “Inicialmente el Gobierno había aplicado la conciliación obligatoria, por lo cual, se paraba por un tiempo lo que tiene que ver con el despido de estas más de 900 personas”, señaló.
Cómo interfirió la Justicia en el cierre de Fate
Sin embargo, la situación se agravó cuando la Justicia determinó que la empresa debía cumplir con sus obligaciones salariales mientras durara la medida: “El juzgado determinó que no era válido no pagar los salarios y ordenó a la empresa el cese de todo el tipo de hostilidades mientras continúe la conciliación”.
En ese sentido, Glustein explicó que la resolución judicial implicaba obligaciones concretas para la compañía. “Básicamente la empresa tenía que pagar los salarios, no tenía que desalojar la fábrica y tenía que incorporar trabajadores”, planteó.
Crece la tensión entre el sector empresarial y el Gobierno
Luego, manifestó que el conflicto laboral también está atravesado por una disputa directa entre el Gobierno y el empresario propietario de la compañía: “La pelea de Milei con los empresarios, principalmente el dueño de Fate, quien también es dueño de Aluar, que es Javier Madanes, tiene como personal el emprendimiento y obviamente el Gobierno está actuando con todas las medidas posibles que tiene para afectar a esta empresa”.
En ese marco, el anuncio de sanciones económicas se suma a la presión institucional sobre la empresa. “En este caso, multar, no sabemos de cuánto es el monto, pero sí multar a la empresa Fate por no pagar salarios y además por obviamente no cumplir con lo que dice el fallo del juzgado”, sostuvo el entrevistado.
Desde la perspectiva del empresario, explicó, la decisión de cerrar la planta responde a un problema de rentabilidad: “El empresario desde su lado dice, no, yo cerré la fábrica porque no me estaba rindiendo, no quiero pagar más salarios”. Esto genera un choque directo entre las posiciones del sector privado y el Gobierno: “Ahí hay un contrapunto entre el sector empresarial y el Gobierno que es cada vez más notorio”.
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