La vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, pasó por Canal E y se refirió a la incorporación de la minería a la matriz productiva de Mendoza, luego de que el Senado provincial aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge (PSJ), uno de los principales yacimientos de cobre.
Hebe Casado destacó que la minería era una actividad postergada dentro de la economía provincial. “Si bien Mendoza tiene una matriz productiva diversificada, tenía pendiente desde hace 17 años la incorporación dentro de esa matriz productiva de la minería”, afirmó. Según explicó, durante la actual gestión se trabajó de manera sostenida para lograr un punto clave como es la aceptación social.
El trabajo para llevar certidumbre a la ciudadanía
“Durante estos dos años de gestión con Alfredo Cornejo, hemos estado trabajando para lograr la licencia social de esta actividad económica en Mendoza”, señaló, y subrayó que el eje del proceso fue la transparencia y la comunicación: “Lo hemos hecho de diferentes formas. Primero, con lo que significa los pasos que se van a llevar adelante, de cómo van a ser los controles ambientales de la misma y la cantidad de agua que utiliza”.
Uno de los pilares de este giro fue la actualización del marco normativo. “Lo hemos hecho también por el lado legislativo, aprobando el año pasado un código de procedimiento minero donde contempla cada una de las etapas de prospección, exploración, explotación y remediación de una mina”, explicó Casado. También recordó que la provincia operaba con una norma obsoleta: “El código de procedimiento minero que teníamos era de 1947, y obviamente en el 47 no estaba el cuidado ambiental como una de las premisas”.
Asimismo, remarcó que el proceso incluyó una fuerte estrategia de difusión pública: “Lo primero que hicimos es estipular bien en la ley cómo iban a ser los procesos en cada una de las etapas, y después comunicar, comunicar y comunicar en diferentes ámbitos, en las escuelas, con los docentes, en las ONG, junto con la academia, junto con las universidades”. El objetivo fue claro: “Llevar certezas a la ciudadanía para lograr la licencia social que es fundamental en una actividad como esta”.
La relación con quienes rechazan el proyecto minero
Ante las críticas de sectores que rechazan el avance minero, la entrevistada comentó: “En realidad no sé si son ambientalistas, yo los catalogo como antimineros particularmente”. Sobre la misma línea, agregó: “Si son ambientalistas nosotros somos más ambientalistas que ellos porque estamos haciendo controles medioambientales de este siglo, de este momento del mundo, y los estamos haciendo dentro del marco de la ley”.
Otro punto central del esquema aprobado es la creación de un fondo de compensación ambiental. “En ese fondo nosotros hemos creado la unidad de gestión ambiental y la policía ambiental minera que está haciendo controles permanentemente en las minas de primera, segunda y tercera categoría”, explicó.
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