El sistema de riesgos del trabajo en la Argentina muestra una paradoja cada vez más evidente. Por un lado, los datos reflejan avances significativos en materia de prevención; por el otro, una creciente judicialización que pone en jaque su viabilidad. Así lo explicó el economista Osvaldo Giordano, en diálogo con Canal E, quien recordó el origen del esquema actual: “El sistema de riesgo del trabajo nació en la década de los 90 como consecuencia de una crisis derivada de una gran cantidad de juicios”.
Según detalló, la reforma fundacional logró resultados contundentes.“La cantidad de accidentes ha ido bajando, particularmente los accidentes graves”, señaló, y subrayó un dato clave: “En casi 25 años de vigencia del sistema se evitaron alrededor de 19.000 muertes”. Sin embargo, ese logro convive hoy con un problema estructural que volvió a emerger.
El avance de los juicios laborales
Giordano explicó que el sistema comenzó nuevamente a ser “hackeado” por la litigiosidad. En 2017 se intentó corregir esta tendencia mediante una reforma que estableció la intervención obligatoria de comisiones médicas ante conflictos entre trabajadores y ART. “La idea era que un cuerpo técnico especializado dictaminara en base a las reglas del sistema”, indicó.
El problema surge cuando las causas llegan a la justicia provincial. “Muchas veces el perito no es especialista y aplica criterios distintos al sistema de riesgos del trabajo”, advirtió. A esto se suma, según Giordano, un esquema de incentivos distorsivo: “En algunos casos, la remuneración del perito depende del resultado de su dictamen, lo que induce a inflar las incapacidades”.
El resultado es un fuerte incentivo a litigar incluso por dolencias menores. “Se inflan demandas de bajo monto, el juez las reduce, pero igual terminan en cifras significativas”, explicó. El dato más contundente resume la magnitud del problema: “Prácticamente la mitad de lo que pagan las empresas en ART se usa para pagar juicios”.
Un sistema al límite y una solución pendiente
El economista fue categórico sobre el escenario actual. “La situación es muy crítica; ya hay una ART importante que dejó de operar porque el sistema se volvió insostenible”, afirmó. Y alertó sobre las consecuencias: “Si el sistema entra en crisis, las demandas van a ir directamente contra los empleadores”.
Giordano recordó que la ley de 2017 preveía la creación de cuerpos de peritos médicos especializados en las justicias provinciales, pero “eso no se terminó de implementar en prácticamente ninguna provincia”. Para él, la solución está clara: peritos capacitados, bien remunerados y controlados, que revisen técnicamente los dictámenes sin alterar las reglas del sistema.
La urgencia es alta. “Un juicio de estos puede ser la vida o la muerte para una pequeña empresa”, concluyó, y llamó a coordinar esfuerzos entre Nación y provincias para evitar una crisis mayor.
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