Tal como adelantó PERFIL en su última edición, la Defensoría del Pueblo de la Nación comenzó una investigación de oficio sobre las idas y vueltas de la Anmat en la prohibición de uno de los medicamentos más utilizados contra la artrosis. “Cuando vimos que a menos de un mes de haber dictado la Disposición que suspendía los registros de esta medicación a dosis fijas bajo argumentos de salud pública y efectos adversos para la salud de los particulares volvía para atrás, nos llamó la atención sobre todo porque consideramos que había un riesgo para la salud de la población”, explicaron desde la Defensoría.
Aunque este viernes la Anmat por medio de la Disposición 528/2020, ratificó la prohibición del uso y la comercialización de todas las especialidades medicinales que contengan la asociación a dosis fija de glucosamina-meloxicam; la Defensoría del Pueblo seguirá adelante con su investigación. El organismo realizó un pedido de informes a la Anmat, una batería de preguntas técnicas relacionadas con la decisión que había alcanzado al momento de prohibir la medicación y luego levantar esa suspensión. Además, solicitó una copia del expediente que la Anmat ya había iniciado en 2017 y que, como contó PERFIL, supuestamente “se extravió”.
“De acuerdo a los datos que se recolectaron en la investigación se acreditó, en primer lugar, que a nivel mundial este suministro a dosis fijas de glucosamina y meloxicam no ha sido aprobado por los países que tienen alta vigilancia en materia de medicamentos. En segundo lugar, que los técnicos confirmaron que hay una contradicción en sí misma, ya que la glucosamina es un suplemento dietario de uso prolongado y el meloxicam un antiinflamatorio que tiene amplias restricciones para la ingesta crónica, debe tomarse en tiempos cortos y a la menor dosis posible, según exista el síntoma dolor”.
Por otra parte se señaló que si bien la glucosamina puede presentar reacciones adversas leves, el meloxicam, como todos los antiinflamatorios no esteroideos (Aines), "posee riesgo de presentar eventos adversos serios que puede evidenciarse e incrementarse con la duración y dosis sostenida en el tratamiento”.
Otra arista de la investigación del Defensor del Pueblo de la Nación está orientada a investigar, además, por qué la Anmat no mantuvo la prohibición y se dieron 120 días hábiles para que una comisión de expertos farmacólogos se expidiera al respecto. “Se sospecha que los laboratorios hayan negociado este tiempo con dicha institución para poder vender los stocks que tenían en vigencia”, dijeron desde la Defensoría.
