La Cámara de Diputados ratificó el Acuerdo sobre el Reconocimiento de Títulos de Grado de Educación Superior en el Mercosur, que fue aprobado en diciembre de 2018, es decir que esta ley surge prácticamente cinco años después de eso, y con posterioridad a que el instrumento entrara en vigor por las previas ratificaciones de Paraguay y Uruguay.
Con ello, el Parlamento argentino culminó un lento proceso que permite que quienes cuenten con títulos de grado de carreras que fueron acreditadas dentro del sistema Arcusur puedan ejercer en otros países del Mercosur.
La inexplicable demora muestra el verdadero lugar de la educación en la agenda pública. Las dilaciones en el Ejecutivo primero y del Parlamento después dan cuenta de eso.
Lo cierto es que el Mercosur Educativo cuenta con los protocolos de integración educativa y reconocimiento de certificados, títulos y estudios de nivel primario, medio, ratificados entre diciembre de 1996 y diciembre de 1997 por Argentina. Contemplado esto en lo referido a educación universitaria, con el Protocolo para Prosecución de Estudios de 1996 y el Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas de 1999.
Posteriormente se genera la Red de Agencias Nacionales de Acreditación del Mercosur (RANA), que tiene entre sus funciones gestionar procesos de acreditación que se realizan en el marco del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias para el Mercosur. Esta red, integrada por la Coneau, permitió avanzar en acuerdos para el establecimiento de criterios de calidad, procedimientos y buenas prácticas para acreditar carreras de grado universitario en el Mercosur.
Así fue como en 2018, el Mercosur Educativo se reactivó y generó la propuesta de texto acuerdo de reconocimiento de títulos de grado universitarios, sentando como criterio el de reconocimiento de las carreras acreditadas por el sistema de acreditación regional Arcusur, de modo que la calidad universitaria acreditada por las agencias nacionales, habilita al reconocimiento para el desempeño profesional.
El acuerdo, recientemente ratificado, fija que el reconocimiento produce los efectos que cada parte confiere a sus propios títulos oficiales, evitando condiciones que provoquen trato diferencial a profesionales egresados en otros países.
Con el avance de 2018, el Mercosur completó todas las posibilidades de reconocimiento de titulaciones universitarias, sumando a los efectos de prosecución de estudios de postgrado y el acuerdo para el desempeño de actividades académicas y científicas, la posibilidad de reconocimiento a los fines del ejercicio profesional.
Toda política requiere comprender cuál es el contexto en el que esta idea se desarrolla; las demoras del Parlamento solo muestran la incomprensión de los tiempos actuales, la velocidad de los procesos, los derechos de las personas y los sectores que se encuentran involucrados en esta temática.
Argentina debería ser el país más interesado en estos procesos, por ser destino académico del Cono Sur; por tradición y calidad, este retraso perjudicó a muchas personas en su regreso a sus países y a las instituciones en sus políticas de cooperación y desarrollo con otras entidades del Mercosur. Esa afirmación requiere, a su vez, decir que todos los estudios muestran que en Argentina la inversión que ingresa por los estudiantes internacionales es mayor a la que el Estado realiza en la formación de esas personas. Esto tira abajo algunos relatos; lejos de ser un problema, esto provoca un impacto económico favorable.
Esperemos que el Estado aprenda la lección y avance rápidamente en la aprobación del Convenio Regional de América Latina y el Caribe y la Convención Mundial, ambos sobre reconocimiento de estudios y títulos de educación superior y pendientes desde 2019. Hay que asumir a la internacionalización de la educación superior integral, en casa y con igualdad de oportunidades como una insignia destacable de nuestro sistema de educación superior.
* Miembro del Consejo de Gobierno de Unesco-Iesalc.
