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Compromisos

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Beso. La vice CFK, el titular de Hacienda y las decisiones de la Justicia. | AFP

El Presidente ejerció en las afiebradas horas de negociación en el peronismo la tarea que mejor conoce y sabe. Alberto Fernández operó pacientemente sobre el rechazo transversal que la candidatura de Eduardo de Pedro había provocado en el peronismo, con epicentro en uno de sus poderes permanentes, el de los gobernadores. Fernández resignó su pretendido objetivo de que la sucesión se resolviera democráticamente, en favor de la conformación de una lista única que no tuviera huella de kirchnerismo, la expresión dominante de los últimos veinte años en la Argentina y de la que, se jacta, él contribuyó a crear.

“A vos no te va tan mal, gordito”, bromeó ante el Presidente uno de sus colaboradores la noche del viernes, cuando la fórmula de unidad acababa de ser subida a los portales de internet.

“A veces hay que ser paciente. Contar hasta diez y pasar a cobrar”, repuso Fernández.

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Quien pagó tributo fue Cristina Kirchner.

La vicepresidenta debió aceptar un hecho evidente: el lento pero sostenido declive de su poder en el peronismo, un proceso que se remonta al menos a seis años atrás, por fijar una fecha, con la derrota de su Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de 2017. Fue en el cénit del macrismo. La designación arbitraria de Alberto Fernández candidato en 2019, con lo que suponía incluso como acto de soberbia, por la vicaría en sí misma y por el modo en que la comunicó, no fue otra cosa que una expresión de su debilidad.

Lo que se abre ahora frente a Cristina Kirchner es un panorama incierto. En diciembre perderá su condición de titular del Senado y volverá al llano, el mismo que conoció entre 2016 y 2017, años difíciles en los que terminó de configurarse un frente judicial extremadamente complejo para ella.

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Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: Prensa Senado de la Nación.

Hay que rastrear en ese frente una de las razones de la designación de Fernández como candidato en 2019. Un apartado nunca explicitado pero inevitable del acuerdo al que llegó entonces con su exjefe de Gabinete suponía la desactivación de las causas judiciales contra la expresidenta aceleradas durante el macrismo. No debe olvidarse que sobre la doctora Kirchner pesó en esos años un procesamiento con pedido de prisión preventiva en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA. El juez federal Claudio Bonadio, hoy fallecido, llegó a pedir su desafuero en el Senado. La mayoría peronista, conducida entonces por Miguel Pichetto, lo impidió.  

Alberto Fernández no supo o no quiso –quedará la respuesta abierta– resolver los problemas judiciales de su ya vicepresidenta. Esa inacción o incapacidad manifestada por el Presidente fue reprochada innumerables veces desde la presidencia del Senado. Fernández permaneció impasible mientras las causas continuaban su curso. Es cierto que algunas investigaciones cayeron por su propio peso –la mencionada por encubrimiento y la de operaciones a futuro con el dólar, por ejemplo–, pero otras avanzaron a buen ritmo. Hoy pesa sobre Cristina Kirchner una condena en primera instancia a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta y está en instancias de apelación. Además, la Cámara de Casación deberá decidir su sobreseimiento en la causa Hotesur-Los Sauces por lavado, por la que no fue sometida a juicio.   

Sergio Massa, que se sepa hasta el momento, no ha asumido ningún compromiso con la expresidenta para llegar a ser el candidato a presidente de la impensada unidad  del peronismo. ¿O sí, y estamos frente a un caso como el de Fernández en lo que a la justicia respecta? Las crónicas coinciden por el momento en que fue el Presidente quien acordó con los gobernadores la candidatura del ministro de Economía. No la vicepresidenta, que se habría limitado a aceptar.

Hay un antecedente inmediato, confuso: Cristina Kirchner acaba de ser sobreseída en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que fue condenado a prisión el empresario Lázaro Báez. El fiscal Guillermo Marijuan desistió de acusar a la vicepresidenta como autora ideológica del delito de lavado. Se atribuyó esa gestión ante la Justicia a Sergio Massa. Pero hay quienes sostienen que fue Massa quien hizo correr esa versión.