Uno de los problemas más graves –y menos discutidos con la profundidad que merece– en el actual escenario entre EE.UU. y Venezuela es una confusión conceptual de enorme riesgo: la mezcla entre el Iure Belli, es decir, el derecho de la guerra, y la lucha contra la criminalidad organizada.
No son lo mismo. No se rigen por las mismas normas ni habilitan las mismas herramientas. Sin embargo, en los hechos, se están adoptando medidas propias del derecho de guerra –uso de fuerza militar, operaciones en jurisdicciones extranjeras– bajo el argumento de combatir delitos como el narcotráfico. Esa confusión no es menor: erosiona el derecho internacional y sienta precedentes extremadamente peligrosos.
Si se acusa a una persona –sea un funcionario, un militar o incluso un jefe de Estado– de integrar una organización criminal, eso debe probarse. Existe un principio básico e irrenunciable: el debido proceso. La acusación debe tramitarse en una jurisdicción competente, incluso mediante juicios en ausencia si fuera necesario, pero siempre garantizando derecho a defensa. No es admisible sustituir ese proceso por sanciones administrativas decididas por oficinas como la OFAC, sin control judicial, sin defensa y sin transparencia, y a partir de allí justificar secuestros o acciones armadas en terceros países.
El uso de fuerzas militares en territorio ajeno, sin declaración de guerra, viola principios elementales del derecho internacional. Y si se declara una guerra, entonces se ingresa en otro marco normativo completamente distinto: el Iure Belli y el derecho internacional humanitario, con reglas estrictas, limitaciones claras y consecuencias jurídicas enormes. No es un terreno que pueda abordarse con liviandad.
Nada de esto implica sostener que el gobierno de Nicolás Maduro sea legítimo. Muy por el contrario: la falta de pruebas claras sobre su victoria electoral, pese a controlar todo el proceso, es un hecho grave que genera una presunción razonable de ilegitimidad. La comunidad internacional lo ha señalado reiteradamente.
Pero ese déficit democrático no habilita automáticamente el uso de la fuerza militar en una tercera jurisdicción. Son carriles distintos. La ilegitimidad política no convierte a un Estado en un campo libre para operaciones armadas extranjeras sin declaración de guerra.
Además, Venezuela presenta una particularidad estratégica que suele subestimarse: una parte significativa de su territorio, especialmente en la frontera con Colombia, está bajo la influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se trata de un actor armado resiliente, con capacidad real de respuesta, cuyo comportamiento ante un eventual colapso del gobierno o una ocupación extranjera es, como mínimo, una incógnita peligrosa.
La idea de “guerra contra las drogas” o “guerra contra el terrorismo” es, en sí misma, conceptualmente errónea. El narcotráfico es un delito. El terrorismo es un delito. No son Estados, no son sujetos de derecho internacional bélico, no habilitan el uso del Iure Belli. Esta lógica, instalada desde la época de Nixon y profundizada tras el 11-S, ha distorsionado gravemente el orden jurídico internacional.
Si se sostiene que un presidente o altos mandos militares participan en actividades criminales, existen instancias como la Corte Penal Internacional para investigar, identificar responsables, probar delitos y garantizar defensa. Saltarse ese camino es reemplazar el derecho por la fuerza.
Desde una perspectiva geopolítica, resulta ingenuo creer que todo esto se reduce al narcotráfico. El núcleo real del conflicto es el control de la mayor reserva petrolera probada del planeta. Venezuela posee alrededor de 300 mil millones de barriles de crudo, incluso más que Arabia Saudí. Ese es el botín estratégico.
No se trata de lanchas, ni de rutas menores, ni de discursos morales. Se trata de hidrocarburos, de energía y de poder. Entender ese dato es clave para interpretar el conflicto sin simplificaciones ni relatos cómodos.
La confusión entre guerra y delito no es un error técnico: es una amenaza directa al orden internacional. Y cuando el derecho se diluye, lo que queda es la ley del más fuerte.
*Analista internacional.
