La cifra dio la vuelta al mundo: 25,2%. El índice de inflación de diciembre es mucho más que un número: es la consagración del disparate. Es algo irracional que está sucediendo acá y ahora. Acá es la Argentina. Esto es de lo que habla la gente cada hora de cada día. Llamar esto un éxito es otro disparate.
El Presidente debería ser cuidadoso con el vocabulario. Ese “éxito” significa para gran parte de la población un drama. Una cosa es que el índice de inflación haya sido menor al 30% que esperaba el Gobierno y otra cosa es llamar a ese guarismo un éxito. Para que se tenga dimensión de lo que enfrenta la gente en el día a día, conviene recordar algunos precios.
Una docena de huevos, dependiendo de su clase, puede alcanzar los 3 mil pesos en un almacén de barrio; 200 gramos de jamón cocido oscilan entre los mil y 3 mil pesos dependiendo de su calidad; el litro de nafta premium está cada vez más cerca de los 900 pesos. Llenar el tanque de un auto mediano, que tiene una capacidad de 55 litros, sale aproximadamente 40 mil pesos, dependiendo de la estación y barrio de la Capital. Es cierto que Javier Milei lo predijo, así como predijo que estos primeros meses serán duros. Es cierto que, a la luz de tanta mentira y promesa falsa del desastroso gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, la decisión de no ocultar la realidad es un valor. Pero con eso solo no alcanza. Con eso solo, la gente no llega a fin de mes.
Nunca se vivió algo así en los 40 años de la reganada democracia
El gobierno de Milei es un experimento en toda la acepción de la palabra. Nunca se vivió algo así en los cuarenta años de la reganada democracia argentina. Es decir, un gobierno en minoría absoluta en ambas cámaras del Congreso y sin ningún gobernador que le responda queriendo imponer un megadecreto de necesidad y urgencia y un megaproyecto de ley sin ningún acuerdo con el resto de las fuerzas políticas. Hay que recordar que, en el apogeo de su poder, el menemismo tejió un acuerdo con el radicalismo para lograr la aprobación de la Ley de Reforma del Estado.
Las cosas se hacen aún más complicadas cuando La Libertad Avanza (LLA) busca aplicar un criterio de todo o nada en su discusión parlamentaria.
Otra vez aparece aquí el tema del fondo y de las formas. Muchas de las reformas que quiere instrumentar Milei son loables. Otras, decididamente no lo son. Es francamente curioso ver cómo algunas de las personas con experiencia en la función pública en anteriores gestiones que forman parte de la actual administración no se dan cuenta de lo vulnerable que, desde el punto de vista del derecho constitucional, es el DNU. Las sucesivas cautelares que se vienen dictando lo demuestran. A esta altura ya son más de 60 los amparos presentados. El Gobierno apuesta a que, una vez terminada la feria judicial, sea la Corte Suprema la que se aboque al tema y le dé luz verde. Hay que recordar a su vez que, antes de iniciarse la feria judicial, la Corte aceptó la presentación que hizo el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela –el mismo que dijo que si Milei ganaba renunciaría, promesa que no cumplió, algo habitual en muchos dirigentes del peronismo que hacen de la mentira un dogma– pidiendo la declaración de inconstitucionalidad del DNU.
A pesar de su reticencia, el Gobierno en general y Javier Milei en particular chocaron de frente con la política y no tuvieron más opción que negociar en el Parlamento. Haber enviado a cada ministro a defender la ley ómnibus no fue una mala jugada, pero se notó la diferencia de experiencia y solvencia de cada uno. Lo que sigue generando roces con los otros bloques legislativos –y lo seguirá haciendo– es que el Presidente no oculta su desprecio por todo este ejercicio que se vio obligado a hacer para poder avanzar. Es en el fondo, desprecio por la política. Debería reflexionar y darse cuenta de que una cosa es “la casta” y otra muy distinta el ejercicio democrático. En JxC –sobre todo en el PRO– salieron de urgencia a reclutar gente de la sociedad civil (empresarios, cámaras y académicos) para ir a defender la ley ómnibus en el plenario de comisiones del Congreso que continuará mañana. Algunos expondrán en forma presencial y otros de manera virtual. En el equipo amarillo, con algunos matices, están trabajando a destajo para darle soporte parlamentario al oficialismo.
Muchas de las reformas que se quieren implementar son loables. Otras, no
En la UCR la división es bastante más elocuente. Allí continúan las negociaciones para definir cómo pararse ante las reformas que plantea el Ejecutivo y ya se observa cierta tensión entre los duros y los dialoguistas. La Unión Cívica Radical es dueña de 34 bancas y se ha convertido en el principal bloque al que el Gobierno deberá convencer para poder avanzar con la ley ómnibus y el resto de sus proyectos. Facundo Manes, el jujeño Gerardo Morales y hasta Julio Cobos sostienen que la bancada debe adoptar una posición intransigente frente a los deseos del Gobierno.
Del otro lado, Rodrigo de Loredo y Karina Banfi, entre otros, se anotan como una oposición constructiva y dialoguista. Aunque la ley ómnibus –con modificaciones– tiene grandes chances de ser aprobada, todo está por verse.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se alcanzó tras un trámite rápido. Nada que sorprendiera: el programa ultraortodoxo que intenta instrumentar el Gobierno no puede cosechar más que apoyo por parte del organismo. Atrás quedaron las tortuosas negociaciones que fueron moneda corriente durante los cuatro años de la administración kirchnerista.
La pregunta que –más allá de ese apoyo– se hacen desde Kristalina Georgieva hasta el último de los funcionarios involucrados en las tratativas con Luis Caputo y su equipo es si lo que propone LLA se podrá implementar o no. Y más allá de los planes en materia económica que figuran en el Excel, el termómetro de viabilidad lo seguirá marcando la gente.
