Desde la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, Amnistía Internacional ha venido celebrando –en las distintas ediciones de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 160 países y territorios– el proceso de consolidación de las banderas de
Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado en la Argentina, tras la nulidad y derogación de los indultos y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Allí, hemos destacado también la ampliación de derechos a través de la sanción de distintas leyes que contemplaron la realidad de grupos en su mayoría vulnerables, que hasta ese momento habían sido relegados.
Sin embargo, hemos sido críticos ante la falta de implementación de medidas que hicieran realidad estas leyes y advertimos en variadas oportunidades sobre el impacto negativo que esa situación genera en los mismos sujetos de derechos que pretenden proteger.
Las leyes de educación sexual integral en las escuelas, de migraciones, de salud mental, de violencia de género y de relevamiento de territorio indígena, y el programa nacional de salud sexual y procreación responsable, son sólo algunos de los temas en los que la letra y la intención llegó mucho más lejos de lo que aún reflejan los hechos.
A mediados de este año, sobre el inicio de la carrera de cara a las PASO, Amnistía Internacional lanzó una campaña denominada Compromiso Público, que buscaba interpelar a los precandidatos presidenciales en relación con nueve compromisos en materia de derechos humanos.
Ninguno de los dos postulantes que este domingo competirán en la segunda vuelta electoral expresó cuál será su agenda en materia de derechos humanos en caso de llegar a la Presidencia.
Asimismo, en estos años, denunciamos variados casos de violencia hacia comunidades indígenas, así como también su marginación, discriminación y hostigamiento.
Hemos pedido, además, en reiteradas oportunidades, sin éxito, una respuesta del Estado en torno a la implementación de la interrupción legal del embarazo, garantizando un aborto legal, seguro y accesible en todo el territorio nacional. En este sentido, solicitamos al Congreso Nacional que impulsara un debate serio e informado sobre la despenalización del aborto, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, aún se trata de una gran asignatura pendiente
En otro orden, Amnistía Internacional manifestó preocupación por la falta de normas claras sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de la labor policial en las manifestaciones. Por otro lado, destacamos la necesidad de implementar un plan nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, que destine recursos y presupuesto para hacer realidad las acciones que propone.
Al mismo tiempo, nos pronunciamos sobre la necesidad de generar políticas que aseguren el acceso a derechos fundamentales de todas las personas extranjeras, migrantes o refugiadas.
Ya durante la campaña, advertimos con gran preocupación la ausencia de la temática de los derechos humanos en la agenda de los presidenciables.
Hace pocos días, un candidato a presidente se acercó al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni, luego de que pasaran más de nueve meses de protesta, esperando ser recibidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para plantear su reclamo de una respuesta contundente del Estado a su situación, similar a la ofrecida por el gobierno nacional ante la demanda de otros grupos y que se cristalizó en las diversas iniciativas mencionadas. Las visitas resultan oportunistas si no hay una propuesta o respuesta concreta de un potencial futuro presidente a un problema que, a esta altura, ya es estructural.
El camino recorrido en el país por las instituciones políticas y la Justicia desde la recuperación democrática hasta esta parte viene demostrando, en los hechos, el rol crucial y determinante que juega el Poder Ejecutivo en relación con la implementación de los derechos humanos de las personas en una sociedad.
No hablar de esta agenda es no hablar de cómo, mediante sus políticas, el próximo gobierno procurará ampliar y garantizar el acceso de la comunidad a los derechos más básicos.
El próximo presidente deberá consolidar las conquistas alcanzadas y tomar decisiones en torno a políticas concretas en materia de derechos humanos que aún no han sido priorizadas. Así, tendrá en sus manos la oportunidad de demostrar que es posible construir y sostener políticas de Estado que robustezcan la democracia. Para eso, hace falta compromiso y acción.
*Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
