La sorpresiva renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo ha precipitado una crisis política más amplia. En el Frente de Todos se va consolidando una división, porque de 25 a 30 diputados del bloque coinciden con la postura de su ex presidente y no votarían el acuerdo. Lo que se discute es si estos legisladores darán quórum, si van a debatir o no, y si se abstendrán o votarán en contra.
De acuerdo con cómo se resuelva este problema serán las consecuencias que quedarán para la cohesión de la coalición oficialista, a la que le falta una decena de diputados para asegurarse el quórum para sesionar.
La inactividad durante las sesiones extraordinarias que finalizan el 1° de marzo confirma la importancia de esta crisis. En las actuales condiciones, el éxito del sucesor de Máximo, el diputado Germán Martínez, consiste en lograr que quienes cuestionan el acuerdo den el quórum, no debatan en la sesión y se abstengan, desechando la posibilidad de votar en contra. Es decir, evitar que la crisis derive en una división.
Pero la oposición juega un rol relevante para que se alcance el quórum. Tanto el radicalismo, presidido hoy por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, han dicho públicamente que darán quórum, no han descartado votar a favor e insinúan la posibilidad de asumir una posición propia, más allá de lo que resuelva el PRO, que también ha decidido dar quórum, sin definir cual será el sentido del voto. Cabe recordar que la cantidad de bancas de la UCR y del PRO es similar, con medio centenar en cada caso.
De consolidarse este escenario, podría darse una convergencia de la mayoría de los diputados del Frente de Todos con la mayoría de los del radicalismo y la Coalición Cívica votando a favor.
En el PRO predomina una actitud más crítica hacia el Gobierno, y la idea de la conveniencia de diferenciarse. Dentro de esta fuerza no se da al día de hoy la cohesión necesaria que permita un pronóstico cierto, más allá de la intención de mantener la unidad.
Pero donde se evidencia mayor incertidumbre es en el Senado. La vicepresidenta que lo preside ha mantenido un sugestivo silencio que en términos políticos implica un respaldo a la decisión de su hijo. Parece claro que si ella hubiera querido impedir la renuncia lo hubiera hecho, ya que tiene suficiente poder e influencia para hacerlo.
Al mismo tiempo, los 35 senadores del bloque oficialista –le falta uno para el quórum propio, que no es difícil de obtener– se han mantenido en silencio y a la espera de la decisión política de Cristina Kirchner. Su actitud revela la disciplina con la cual ella conduce el bloque. Hasta ahora son solo cuatro los que han manifestado apoyar el acuerdo. La Casa Rosada intentará influir en los votos de su bloque a través de los gobernadores. Pero resulta llamativo que, hasta el momento, los senadores que les responden no hayan emitido ni siquiera opinión sobre el acuerdo con el Fondo.
El escenario de una división transversal en la política argentina, a través del rol del Congreso en la aprobación del acuerdo con el Fondo, se está dibujando y no puede descartarse.
Esto implicaría un quiebre de la manifiesta polarización (o grieta) que ha dominado la política argentina por más de una década. Pero podría suceder que fuera solo una excepción para evitar una situación que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, caracterizó como una “catástrofe” que se evitó.
En 2020 el diálogo entre oficialismo y oposición se personificó en el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Casi dos años después, el gobernador de Jujuy parece ser el nuevo interlocutor de la oposición con el Gobierno.
Diálogo y polarización son dos opciones en la política contemporánea, y no solo de Argentina. El acuerdo con el Fondo da la oportunidad de mostrar que el primero puede contener las crisis en momentos extremos, atenuando –aunque no anulando– la polarización.
*Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
