Cambiemos tiene hasta febrero para resolver la situación extraordinaria que se le presenta con el eventual desdoblamiento de las elecciones a gobernador y presidente en la provincia de Buenos Aires: privar a los intendentes del PJ de los votos que les aporta Cristina Fernández de Kirchner en el Conurbano. Equivale a la diferencia que les permitiría imponerse a Cambiemos y es un eslabón imprescindible en la compleja relación de interdependencia entre la ex presidenta y los jefes peronistas en la Primera y Tercera Sección Electoral.
Una necesidad mutua cuya única fórmula de satisfacción es la candidatura presidencial de Cristina. Aunque con la complicidad de los jefes comunales para que sea así. Hasta ahora fueron reacios a colaborar con los experimentos de sustitución ensayados por Felipe Solá y Agustín Rossi. Pero también con los de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Angel Pichetto. Una dificultad insalvable para el entusiasmo de los postulantes de Alternativa Federal. Parece difícil dar vuelta la página de Cristina si no se la aísla de los caciques bonaerenses.
Es lo que sobrevive del diagnóstico por el que Massa intentó negociar con María Eugenia Vidal el desdoblamiento de elecciones locales en la decena de municipios que le responden. Eduardo Cergnul terminó de convencerse la semana pasada de que el acuerdo legislativo con Cambiemos no incluirá violar la Constitución. El equipo político de la gobernadora debió esmerarse para transmitirle al apoderado legal del Frente Renovador (FR) la inviabilidad de esa medida en la que insistió. Obvio: por orden de Massa.
El esfuerzo se justifica. Si el aval de la Legislatura fuese necesario para el desdoblamiento electoral entre la Provincia y la Nación, el FR podría aportar sus votos. Es lógico que la cuota de incertidumbre a la armonía la aporte Massa y la indefinición sobre la categoría en la que competiría: gobernador o presidente. La realidad no siempre lo ayuda. Juan Schiaretti y Juan Carlos Mazzei no estuvieron en la visita que efectuó al Municipio de San Francisco. Martín Llaryora fue el responsable de darle la bienvenida.
Massa espera un gesto del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para resolver si se postula a presidente.
Schiaretti adelantó al 12 de mayo las elecciones a gobernador en Córdoba. Mazzei es su ministro de Gobierno y operador de una estrategia que no descarta lanzar una corriente peronista de alcance nacional basada en un recambio de dirigentes si es reelecto. Abortaría una opción similar que prevería Sergio Uñac en San Juan si el 9 de junio logra conservar la gobernación.
Debate. Llaryora es vicegobernador de Córdoba con licencia, mientras ocupa una banca de diputado nacional. Es aliado de Schiaretti pero no parte de su entorno. Massa espera un gesto del gobernador para resolver si se postula a presidente. Después de la provincia de Buenos Aires, Córdoba es el distrito electoral más importante. La visita de Massa coincidió con la reunión en Mar del Plata de la comisión bicameral de la Legislatura bonaerense que analiza el desdoblamiento electoral pero sin ningún efecto vinculante sobre esa probabilidad.
La preside Manuel Mosca, encargado de habilitar el debate que contiene estas tensiones. Con la oposición de Cambiemos y de Unidad Ciudadana (UC), el FR insistió en minoría y escaso eco con desdoblar las elecciones municipales. A los representantes del oficialismo les preocupó coincidir con Teresa García (UC). La senadora admitió que el calendario electoral es una atribución del Ejecutivo bonaerense. Cambiemos está confiado en que un decreto de la gobernadora será suficiente para separar las de gobernador y presidente, llegado el caso.
No es lo que sostiene el FR, que introdujo en la comisión la posibilidad de analizar modificaciones al instrumento electoral. Primero, con una experiencia piloto para el voto electrónico o boleta única en un grupo limitado de municipios. ¿Los que precisa retener Massa antes que fuguen a Cambiemos? Parece la intención implícita. Atenuar el efecto arrastre de Vidal en el oficialismo y en la oposición, donde carecen de una figura equivalente. Esa iniciativa precisaría el aval de la Legislatura.
Tal vez allí el oficialismo proponga modificar las leyes 14.086 y 5.109 que regulan el proceso electoral, con la idea de confirmar en 120 días el plazo máximo de convocatoria a los comicios. Habilitaría a hacerlo en marzo. Lo que vuelve a febrero un mes decisivo. Mientras la mesa chica del PRO fija una posición sobre el asunto, esas conjeturas volverán a discutirse el 17 de enero en Azul, con la próxima reunión de la bicameral: cada fuerza podrá invitar de expositores a idóneos y hasta a dos intendentes.
Ninguno del PJ asistió a la cumbre, donde los representaron la senadora Gabriela Di María y el diputado Carlos Urquiaga. Una forma de disimular las opiniones divididas sobre el desdoblamiento. Nadie lo respaldará en público. En conversaciones reservadas, Martín Insaurralde y Mariano Cascallares tienen una posición más conciliadora que Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Fernando Gray.
Los de Lomas de Zamora y Almirante Brown dependerían menos de Cristina para garantizar su reelección que los de Hurlingham, San Martín y Esteban Echeverría. Revancha para la ex presidenta: con el lema “Cumplir” y Florencio Randazzo de candidato a senador nacional, Zabaleta y Katopodis la enfrentaron en 2017. Alberto Fernández asesoró entonces al ex ministro del Interior y Transporte. Los alcaldes lo culparon de no alcanzar un acuerdo electoral con Cristina. El ex jefe de Gabinete asiste ahora a su antigua jefa en el gobierno. Casi un proceso de síntesis histórica de los últimos años.
En el PJ bonaerense ungieron a Gray de presidente con la idea de morigerar su aparente cristinismo irrefrenable. Una de las primeras medidas desde que asumió fue cuestionar el desdoblamiento por el alto costo económico. Lo estimó en 3.200 millones de pesos. Gray comparte con Zabaleta y Katopodis la misma dependencia electoral. Pero también un temor, oculto detrás de la eventual candidatura presidencial de Cristina. Que sin ella, las elecciones de 2019 sean un referéndum sobre las gestiones municipales. En el caso de Esteban Echeverría, para una que lleva 12 años. Es el verdadero costo que teme pagar el peronismo.
