Cristina Fernández de Kirchner se sintió a sus anchas el viernes por la tarde al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad nacional de Río Negro. La ceremonia, transformada en un mero acto partidario del cual participaron sus acólitos, sirvió de excusa para la reaparición pública de la expresidenta en funciones. “Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI; crisis de deuda y fragmentación política” fue el largo título con aires de novela caribeña de la alocución de CFK. Fue una extensa perorata en la que ella se explayó sobre una larga variedad de temas como si no fuera parte de este gobierno. Si no fuera por el drama diario que se vive en nuestro país, sus intentos de despegarse de la gestión de la cual forma parte bien podrían ser parte de un show de magia que termina mal.
No fue difícil adivinar los temas que eligió para deleitar a los suyos. En primer lugar, el ataque a la Justicia, que se encargó de dejar en claro en los fundamentos del fallo de la causa Vialidad que el lawfare no existe y que se trata más bien de una construcción ideada para eludir responsabilidades. Luego la construcción –falsa y remanida– de la proscripción. “Una condena a las puertas de un año electoral es una proscripción encubierta”, se apuraron a aclarar desde el Instituto Patria a sabiendas de que formalmente no existe ningún impedimento para que pueda postularse. “La mentira de la proscripción es una de las últimas herramientas que tienen a mano para mantener la cohesión interna y disfrazar de épica el desastre que han engendrado. Cristina sabe que si se presenta tiene altas chances de perder”, aseguró un analista político del peronismo.
A medida que pasan los días y los meses, se va haciendo más evidente el fracaso rotundo de la gestión de Sergio Massa. La inflación –imparable– es la consecuencia de la falta de un plan serio y del problema más importante que afecta a este gobierno: la falta de credibilidad. Hoy nadie sabe a ciencia cierta cuál es el valor real de las cosas. Una misma mercadería puede costar uno, diez, cien, mil o más pesos. Cuando se observa el valor de los artículos de primera necesidad y de los alimentos, la penuria se hace mayor para los que menos tienen. En esta última semana, los cronistas de exteriores de radio y televisión han dado cuenta de un fenómeno que no se vivía en el país desde finales del mandato del expresidente Raúl Alfonsín: varios comerciantes prestaron su testimonio asegurando que recibían listas de precios que podían variar –más de una vez– en un mismo día. Verdulerías y almacenes de barrio fueron los protagonistas de esta verdadera locura. La gente, en especial aquellos que se las deben arreglar comprando lo justo para sobrellevar el día a día, son los verdaderos damnificados de este gobierno nacional y popular. Puertas adentro saben que la inflación de febrero podría superar el 6%.
Nadie cree que el narcotráfico y la desidia política sean exclusivas de una ciudad
La agenda del oficialismo va por un carril absolutamente diferente del que impone la realidad. Y eso no se observa solo en el ámbito de la economía. Lo sucedido en estos días en Rosario también es parte de esa disociación que exhibe no solo la gestión de Alberto Fernández sino la de todo el oficialismo. El delito y el crimen organizado que asolan a esa ciudad se han visto potenciados por el internismo feroz y por el pseudoideologismo con el que el kirchnerismo se quiere vestir de progresismo. Los capos narcos manejan todo desde sus celdas a través de los celulares. Son celulares cuyo uso el mismísimo Gobierno estimula. En un hecho insólito, el 1° de febrero pasado se publicó en el Boletín Oficial un decreto por medio del cual se establece la instalación de fibra óptica para la mejora de la conectividad del penal de Marcos Paz. Ante las críticas, en el Gobierno salieron a decir que el objetivo de la medida es mejorar la calidad del servicio de Justicia para tomar declaraciones directamente desde los penales. Sin embargo, en los argumentos de la medida se sostiene que el Estado nacional “garantiza el Servicio Universal entendido como el conjunto de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que debe prestarse a todos los habitantes de la Nación, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica, ingreso o capacidades”. Como se ve, esto nada tiene que ver con asegurar una mejor prestación del servicio de Justicia. Está muy claro en la letra de la resolución que el objetivo incluye la mejor conectividad de los reclusos. Tan claro como el agua clara. Curiosamente, la vicepresidenta no habla de este tema. Lo vive con un desinterés absoluto. Quizá también prefiere despegarse de este último gran papelón que significa la reacción espasmódica del envío de fuerzas federales a Santa Fe sin ninguna planificación previa. “Enviaron gendarmes y los dejaron a la buena de Dios. Deambulan por las calles sin conocer el barrio. Les asignan recorridas por cuadrícula geográfica de lugares donde nunca antes han estado. Ante un ilícito o una emergencia, acuden a sus teléfonos celulares para orientarse o les preguntan a los propios vecinos cómo llegar a una zona determinada”, reconoció un legislador provincial que tiene trato diario con los habitantes de esos barrios desolados. La presencia del Ejército –aun en el limbo– fue el último capítulo de una disputa ideológica vergonzosa entre un Presidente débil que quiso demostrar que no le temblaba el pulso a la hora de tomar medidas y un pseudoprogresismo que se desgarró las vestiduras para las cámaras.
En cambio, no se ha dicho ni una sola palabra de la ruta de la droga, que atraviesa medio país para llegar hasta Rosario. Tampoco sobre ese agujero negro de aguas turbias que es la hidrovía.
En el medio está la gente. Toda la gente. Nadie puede creer que el narcotráfico y la desidia de la clase política argentina son exclusividad de una ciudad o una provincia.
