A la defensiva por el caso de José López, desde el kirchnerismo criticaron que sólo se focalicen las críticas hacia la anterior administración y no en aquellos que han pagado sobornos a funcionarios públicos. Así los empresarios serían los máximos responsables y los funcionarios públicos corruptos serían una consecuencia del siniestro manejo empresarial.
Más allá de las acusaciones y justificaciones políticas, lo que subyace aquí es un debate sobre las causas de la corrupción. Lo que planteó la ex presidenta invita a pensar la corrupción como un problema que se genera por la oferta. Es decir, son los empresarios como oferentes de sobornos los que promueven la corrupción. Estos son los que generan las condiciones para que los funcionarios sean tentados a aceptar dinero a cambio de concesiones y/o beneficios.
Otra alternativa es pensar que la corrupción es, por el contrario, principalmente un problema de demanda. En este caso, la responsabilidad mayor recae sobre el Estado. El Estado como generador de oportunidades para que surjan sobornos es el que promueve la corrupción. Si se generaran menos oportunidades de interacción en donde el soborno sea una posibilidad concreta y viable, entonces tanto empresarios como funcionarios tendrían menos oportunidades de tener conductas reprochables e ilegales. Como el premio nobel de economía Gary Becker expuso en una célebre columna de la revista Businessweek, “si abolimos el Estado, abolimos la corrupción”. Si bien dicha apreciación parece un extremo radical, esta premisa también estuvo incorporada dentro de la lógica y las recomendaciones del FMI durante las reformas neoliberales. Privatizar y reducir el gasto público implicaban menos oportunidades para que el sector empresarial buscase rentas extraordinarias ya que las oportunidades para éstas serían mucho menores con un Estado más reducido. Sin embargo, lo contrario ocurrió: las privatizaciones y los débiles marcos regulatorios abrieron la puerta para numerosas oportunidades de renta.
Otra forma de entender el fenómeno es con énfasis en los factores institucionales. Aquí las acciones del Estado son concebidas de una forma más compleja, dinámica y bidireccional con respecto a los actores. Entre otros factores se deben considerar tanto la calidad del cuerpo burocrático, la coherencia intertemporal de las políticas públicas, la capacidad de hacer cumplir las normas existentes, etc. En ese sentido, los empresarios responden a los incentivos que el entramado institucional genera –pero sus acciones también tienen efectos sobre ellas–.
La afirmación de que lo de López es un caso aislado o bien un producto de empresarios inescrupulosos quedaría en cierta medida invalidada bajo esta mirada. Son los incentivos que generan las instituciones los que motivan –o bien no inhiben– que los actores tengan conductas ilegales. Para que disminuya la corrupción, debe ocurrir una transformación en el Estado que –en conjunto con otras instituciones– promueva la búsqueda de competitividad en vez de búsqueda de rentas extraordinarias. En mi opinión, esto es algo que lamentablemente no ha sucedido en los gobiernos previos, incluyendo al de Cristina Fernández de Kirchner.
*Profesor de la Escuela de Administración y Negocios. Universidad de San Andrés.
