La historia de los vínculos entre los presidentes y vicepresidentes en la Argentina fue variable. En general hubo armonía, pero no tuvieron la mejor relación Sarmiento y Alsina ni Ortiz y Castillo; fue muy mala la de Frondizi con Gómez, así como también la de Kirchner y Scioli, y fue pésima la de Cristina Fernández y Julio César Cobos.
Salvo en el caso de Sarmiento y Alsina, en el que el Colegio Electoral que existió hasta 1994 designó separadamente a los dos para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Nación, aun cuando no se llevaban del todo bien (a tal punto que cuando Sarmiento se enteró de quién sería su vicepresidente afirmó que no le importaba porque su función se reducía a “tocar la campanilla en el Senado”), en todos los otros casos mencionados hubo una característica normal y común en la tradición política de nuestro país: los candidatos a vicepresidente fueron propuestos, para integrar la fórmula, por los candidatos a presidente. Por ello cuando aparecían las diferencias entre ambos el vice daba un paso al costado y renunciaba (como ocurrió con Gómez), o se sometía dócilmente a la voluntad de aquel a quien eventualmente tenía que reemplazar (Alsina, Castillo y Scioli), o resistía en su cargo profundizando la enemistad, tal como ocurrió con Cobos.
Se sabe que por disposición constitucional el vicepresidente de la Nación preside el Senado, pero es necesario advertir que no es senador, es decir, no desarrolla actividad legislativa debatiendo y sancionando leyes, salvo que fuera necesario desempatar. Pues esta situación se produjo solo dos veces en nuestra historia: a Francisco Madero –vicepresidente de Roca en su primera gestión– le tocó hacerlo en ocasión de discutirse un proyecto de ley enviado por el primer mandatario sobre organización de justicia penal. Lo hizo en favor del proyecto oficial. La segunda ocasión fue 126 años después, en 2008, pero esta vez Cobos votó en contra de su propio gobierno.
Pues si el voto de un vicepresidente en el Senado es excepcional, tal como lo señalé, fue absolutamente insólito lo que ocurrió en el año 2019, cuando Cristina Fernández, que venía de ser presidenta durante ocho años continuos, tras la gestión de Macri decidió presentarse como candidata a vicepresidenta, designando a quien sería su compañero de fórmula en el primer lugar dentro esta. En la práctica ello significó delegarle el poder que el pueblo le confirió a ella al actual primer mandatario, quien después de dos años de gestión ha demostrado que no tiene ni la capacidad para ocupar el cargo ni el liderazgo suficiente como para generar su propia base de poder político que le permita gobernar sin tener que soportar permanentemente el frío que le transmite la sombra de su mentora.
Vuelve a registrarse en la coyuntura una grieta entre un presidente y un vice, pero esta vez el poder político y el liderazgo los tiene la vicepresidenta, quien advirtiendo la incompetencia de su “designado” tocayo, no solo se dedica a preparar el terreno político para despegarse de un fracaso ya difícilmente reversible, sino que además se ha convertido en la más peligrosa enemiga para la gestión de Alberto Fernández; a tal punto que ya sus allegados le reclaman aislarla y neutralizarla.
“Ella” supo calificar de traidor a Julio César Cobos, cuando se convirtió en opositor dentro de su propio gobierno. Ahora bebe de su propia medicina: ¿acaso no hubiera votado en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si hubiera tenido que desempatar? Pensar que no lo hubiera hecho es un acto de absoluta ingenuidad y ceguera política.
En la coyuntura la traidora es Cristina Fernández. La diferencia es que su traición y acción de desgaste pueden generar una demoledora crisis institucional: terminar con el gobierno de aquel a quien entronó, lo cual hace que este caso de “traición” sea mucho más grave que el de Cobos.
En política se puede volver del error y hasta del fracaso; jamás de la hipocresía. Que eventualmente Dios y la Patria se lo demanden.
*Abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, UBA.
