En Argentina desde hace unos años existe la paridad en la elaboración de listas para ocupar cargos de decisión política, si bien esto se cumple más ampliamente en los cargos a nivel legislativo, tanto a nivel nacional como provincial y local que en los ejecutivos y en la Justicia. A nivel de los cargos electivos provinciales y locales allí las mujeres en general, no encabezan las listas, se las suele ubicar generalmente y con suerte en el segundo lugar, o sea como vicegobernadora o viceintendenta. Si bien estos segundos espacios son importantes, pero nunca tanto como los gobernadores y los intendentes que dirigen y determinan en gran medida las políticas públicas a sus estrategias. Por eso es clave la implementación de la paridad en estos cargos, porque es en esos niveles donde efectivamente se promueven y determinan políticas igualitarias, que limitan la polarización, aseguran el equilibrio entre los unos y las otras, dificultan o impiden los autoritarismos y las posiciones extremas y promueven el diálogo en búsqueda de los consensos necesarios para lograr avances más duraderos porque no se imponen: son el resultado de discusiones y diálogos donde se pueden entender y encontrar los consensos necesarios para lograr acuerdos que superan la imposición de unos sobre otros. Esta modalidad de participación es más habitual en las mujeres que suelen estar más inclinadas a dialogar, tienden a no dejar vencidos sino todos ganadores. Pero para eso las mujeres en esos cargos deben mantener sus formas de actuar y no asumir los modelos masculinos, como hemos visto en el mundo y también aquí. No queremos mujeres liderando procesos como la Sra. Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido.
La paridad es aún más difícil en el ámbito de la Justicia, donde las mujeres tienen mayores obstáculos para alcanzar niveles de participación en igualdad de condiciones y probabilidades que los varones. Esto se dificulta más a medida que se asciende en la jerarquía, por eso mientras en la base de cargos se registra un predominio de mujeres, a medida que se asciende van disminuyendo las mujeres y aumentan claramente los varones. El máximo se alcanza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN–, donde hemos tenido poquísimas mujeres. La única vez que hubo dos mujeres en la CSJN duró muy poco, primero porque Carmen Argibay falleció tempranamente, pero llegó a organizar la Oficina de la Mujer que tuvo y tiene un importante papel capacitando a los miembros de la Justicia sobre género y también a integrantes de las fuerzas de seguridad. Estas capacitaciones lamentablemente no son obligatorias, si bien son voluntarias tienen gran valor, incluso porque se están extendiendo a las Cortes provinciales que las están incorporando. La Oficina de la Mujer también es responsable de medir los femicidios y aportar cifras basadas en los casos que se judicializan y sus antecedentes. Este aporte que quedó de la participación de Carmen Argibay en su paso por la CSJN es fundamental y permite tener idea de cómo una mujer con formación en género y en la Justicia puede aportar a mejorar una institución importante, pero no interesada en reconocer y diferenciar la situación según el género de las personas. La otra jueza de la CSJN Elena Highton de Nolasco también hizo un aporte muy importante y perdurable como fue la creación de la Oficina de Violencia Doméstica, que si bien atiende personas de CABA, tiene influencia en todo el país a través de su accionar como guía y órgano de consulta de las Cortes provinciales y de desarrollo de conocimientos como la valoración del índice de riesgo que son claves para quienes trabajan en la atención de mujeres y niñas que experimentan violencia. Por todo esto es fundamental que se complete la integración de los miembros de la CSJN, donde debe haber candidatas mujeres y ser electas. Ante las negociaciones que parece se están desarrollando en forma oculta sobre la integración de la CSJN esperemos incluya a mujeres y no cualquier mujer, sino aquellas con perspectiva de género y que esas propuestas sean abiertas y no limitadas a grupos interesados en una CSJN amiga, sino abierta a todos los actores y que asegure la transparencia. Esperemos no se repita la experiencia del año pasado con las designaciones de Lijo y García Mansilla.
La paridad en todos los ámbitos de decisión política no puede ni debe ser algo que se limite a proponer nombre de mujeres, deben ser mujeres con perspectiva de género y que sean propuestas en forma amplia, transparente y sin quedar solo reducida a un intercambio de favores políticos. Lamentablemente esto es muy difícil ya que como hemos observado recientemente el armado de listas de candidatos está muy viciado de las clásicas maniobras que incluso, quienes las criticaban y venían a reemplazarlas fueron los primeros en usarlas. Defender la paridad implica defender esto y no limitarse a usar el nombre, pero encubrir maniobras que la distorsionan.
