En el marco de su intensa campaña para llevar buena información sobre la pandemia al público, desmontar crecientes acciones de difusión de noticias falsas y orientar a los profesionales y medios de este oficio (y también a quienes hacen uso habitual de las redes sociales como formas de comunicación comunitaria), la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) publicó en 2020 un informe muy interesante que no ha perddo actualidad. En uno de sus párrafos, el trabajo de 18 carillas señala: “El periodismo profesional nos ayuda a distinguir lo que creemos que sabemos y lo que no sabemos con certeza. También nos ayuda a mantenernos al tanto de la evolución de la ciencia en relación con el virus, a aprender sobre su prevención y tratamiento, y a conocer las medidas políticas aprobadas a éste respecto”.
Este texto cae casi como un traje a medida para analizar lo que ha sucedido en la semana que concluye con el correo que el gobierno argentino dirigió a la dirección del instituto Gamaleya para reclamar por el retraso evidente en el envío de nuevas dosis de ambos componentes de la vacuna Sputnik V, puntualizando que esa dilación contradice lo pactado cuando la Argentina y Rusia acordaron la compra de millones de dosis en diciembre de 2020.
La publicación del mail oficial de protesta fue una primicia del diario La Nación, en una columna del periodista Carlos Pagni. Dejando de lado los comentarios del autor que complementaron esa publicación (con los cuales se puede o no estar de acuerdo) la información pura y dura es el contenido de la misiva, que puso blanco sobre negro la negociación con Gamaleya. A partir del artículo, se tejió un sinfín de conjeturas, comentarios e interpretaciones que nada bien le hacen al hecho y sus consecuencias. Una vez más, los paladines de uno y otro lado de la grieta se regodearon con comentarios que fueron desde lo conspiranoico (quién difundió ese correo, con qué intenciones o motivaciones políticas) a lo francamente insultante, método que se ha tornado habitual en ciertos medios televisivos.
No fue una “filtración” non sancta sino un acto de periodismo del más puro proceder. El mail en cuestión no fue enviado en secreto (varias copias fueron a manos de otros funcionarios y también a las comisiones pertinentes de Diputados y Senadores) y tampoco aparecen como secretos o siquiera confidenciales los dichos de la funcionaria cuya firma figura al pie. Si defendemos el derecho del periodismo independiente a dar difusión a informaciones sobre hechos que afectan o afectarán a las sociedades (por ejemplo, lo sucedido con Watergate o los Papeles del Pentágono en Estados Unidos y buena parte de las aberraciones cometidas por la dictadura militar argentina), no podemos menos que defender la difusión de un acto oficial vinculado con la provisión de vacunas para neutralizar en gran medida los efectos de la pandemia en este país. Sobre todo, si ese acto apunta a mejorar la provisión de los insumos necesarios para su aplicación, tan demorada por los proveedores.
El informe de la Unesco citado al comienzo señala: “Los medios de comunicación independientes permiten al público pedir rendiciones de cuenta a las autoridades, así como también contribuyen a garantizar políticas basadas en evidencia y a la aplicación de medidas prácticas transparentes para lidiar con la crisis. En cambio, la difusión de mensajes por parte de los gobiernos a través de los medios de comunicación jamás podrá ser efectiva si ellos no cuentan con la confianza del público”.
He ahí dos buenos argumentos a favor de la publicación objeto de la polémica.
