Negociar es una palabra –un verbo– que no cabe cuando de por medio se juega el hambre. Con eso no se “negocia”. El acuerdo odioso con el FMI, cómplice sistemático de un endeudamiento criminal e ilegítimo, expone y profundiza el subdesarrollo nacional. No alcanza ya con cuestionar la forma en que el préstamo fue entregado: hay que discutir su legitimidad jurídica.
Lo primero que hay que saber es de dónde proviene el término “sustentable”. No viene de la economía, como se cree, viene del derecho. Más concretamente: del derecho medioambiental. Se habla de “sustentable” pero es un término que la economía y las finanzas le roban al derecho medioambiental en los 80, a la teoría de la dependencia, expuesta por Cardozo y Schwarz en Brasil; surge en Río como respuesta a la primera Declaración de Estocolmo, que no hacía distinciones entre centro y periferia, escondiendo las asimetrías. Lo que significa “sustentable“ es acaso lo que hay que recuperar, devolviendo ese concepto a su origen, privilegiando el desarrollo “sustentable” en sentido material, medioambiental, que trasciende el reduccionismo económico hoy imperante. Hay que devolverles a los conceptos su sentido técnico. Usamos palabras que no conocemos.
En 2001, el FMI creó la Oficina de Evaluación Independiente para analizar su responsabilidad en la grave crisis argentina. La oficina “independiente” no arrojó ningún resultado. El megacanje solo sirvió para financiar la fuga de capitales (recordemos actos de entrega de nuestra soberanía: había una ley que prohibía que la gente que no fuera nacional de Argentina pudiera comprar tierras en zonas limítrofes; Menem, con el respaldo de Dromi, su inefable administrativista, además de privatizar los recursos del Estado, cambió cualquier normativa que impidiera la extranjerazción constante de nuestro territorio, que desde entonces, con alguna excepción, no ha parado. Macri facilitó este proceso de compra de suelo nacional, reformando por decreto en 2016 la ley nacional de tierras rurales, que el kirchnerismo había reforzado en 2011, con el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales). El FMI le exigió ominosamente a Duhalde, en plena crisis social, que derogara la ley de subversión económica, una vieja ley del Proceso que el organismo nunca había cuestionado. Solo le importaba una cosa (en pleno colapso económico y social): que no apareciera ningún juez valiente, capaz de procesar a algún banquero cómplice de la movida financiera. No había un solo argumento en favor de los argentinos. Nada. El FMI solo estaba interesado en una cosa: derogar esa ley. Hay dinámicas financieras criminales (macroestafas) que quieren socavar a los Estados y empobrecer a nuestros países. Con eso no se puede “negociar”.
Hace muchos años, Kirchner le pidió a Lavagna que rehiciera el Análisis II del Ministerio de Economía, sobre crisis de deuda y FMI. La primera versión del informe era demasiado “light” con las responsabilidades del organismo. Lavagna le pidió a Guillermo Nielsen, su secretario de Finanzas, que lo rehiciera, pero esta vez más “fuerte”. Conozco ese informe porque terminó en mis manos y en las de Sergio Mariano Chodos, actual director ante el FMI. Lo grave es que ese informe, a cuya redacción dedicamos con Chodos meses enteros, nunca fue publicado. Por supuesto que el informe era, como quiso Kirchner, mucho más “duro” con la responsabilidad del organismo (que emula por momentos la retórica de la vieja Alianza para el Progreso). Exponía memos “internos” de Anne Krueger. Pero es la única manera de no repetir errores: el pueblo debe saber para qué –y quiénes– nos “endeudan”.
Tenemos que cambiar la estantería. Ya no alcanza con Stiglitz ni con sus buenos debates con Kenneth Rogoff. Hay que avanzar. Hay cosas que ya no podemos “negociar”. Ni nuestra soberanía ni el hambre de nuestros pibes.
*Director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado Argentino.
Producción: Silvina Márquez
