El 26 de diciembre pasado, el Senado aprobó tanto el Presupuesto 2026 como la Ley de Inocencia Fiscal. En el Presupuesto sin escuchar a sus bases, senadores radicales surgidos desde Franja Morada, aprobaron la desfinanciación de todos los niveles de la educación en el país rompiendo la regla de tratar de llegar al 6% del PBI anual, que la última vez que se cumplió fue en 2015 ya que desde 2017 a 2019 fue reduciéndose a valores del 2,3% y llegando al 3,5% en 2023. Durante 2025 ese porcentaje terminó siendo cercano al 1,5% porque el presupuesto que se utilizó fue el de 2023, castigado por la inflación acumulada de 2024 y 2025 en casi el 160%, siendo el presupuestado para 2026 un número del 0,8% y eliminando fondos para la educación técnica, o como muchos recordamos el viejo Conet.
La aprobada Ley de Inocencia Fiscal genera muchos ruidos internacionales
En conjunto, con ello se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal que, más allá de actualizar valores de evasión para personas físicas y jurídicas, genera muchos ruidos internacionales: al no realizar preguntas del origen de los fondos que se incorporan al sistema financiero e imponer valores de multas incoherentes a los contribuyentes de todo el país sin discriminar su capacidad contributiva, va a terminar generando baja de recaudación pero ya no por caída de consumo, como hicieron desde el 12/12/2023, sino por eliminación de contribuyentes por pedidos de quiebra desde ARCA con el fin de proseguir con el “ajuste permanente hasta la implosión del Estado”, tal como lo aclaré allá por el mes de marzo de 2024.
El desconocer los orígenes de fondos, aunque sea con montos colocados como topes permite el lavado de activos consecuencia de delitos precedentes; o sea, para que se entienda mejor, los fondos depositados pueden ser consecuencia de reducir un robo, obtenidos por secuestro, narcotráfico y/o tráfico de armas, o en el mejor de los casos, de aquellos que hayan comprado dólares en el mercado negro porque no tenían autorizaciones durante los cepos cambiarios aplicados en nuestro país por falta de dólares de exportaciones entre 2011 y 2015, y posteriormente por la salida de capitales facilitada entre el 15/01/2016 y 31/08/2019, que se volvió a colocar el 01/09/2019 y por la cual en 2021 el gobierno de Alberto Fernández, desde la Oficina Anticorrupción, realizó la denuncia por fuga de capitales de ese período 2016-2019 por un total de US$ 85 MM que la Justicia decidió cajonear y nunca investigó. Debemos tener en consideración que la ley rompe el acuerdo internacional de incorporación al GAFI contra el lavado de activos, que posee rango constitucional desde la reforma de 1994 ya que fue aprobado por el Congreso Nacional, motivo por el cual podemos quedar excluidos del mundo civilizado por ser paraíso fiscal, como lo son por ejemplo: Seychelles, Paraguay y otros países colocados en la lista del 2/01/2018 por la Ley 27.430, lo cual no trae ninguna inversión seria/productiva, quedando a merced de delincuentes. Lo cual no sería de extrañar, ya que en palabras del hoy presidente los delincuentes son héroes.
Después, si bien las multas por incumplimiento a los deberes formales, falta de presentación de declaraciones juradas, quedaron completamente desfasadas ya que actualmente son de $ 200 y $ 400 para personas físicas y personas jurídicas respectivamente, tampoco es lógico que se pasen a $ 220 mil y $ 440 mil, puesto que muchos de los responsables inscriptos no facturan en un mes para asegurar la rotación de mercadería + pago de sueldos y el remanente se vuelve exiguo con la consecuencia de que ARCA lo va a llevar a la Justicia y ante el no pago ejecutivo –incluso ante embargo– van a terminar quebrando esos contribuyentes llevando a una reducción de la actividad económica en todo el país, y luego a una caída más abrupta de la recaudación que la generada por la recesión autoinflingida, y al sacrificio inútil al que sometieron a la población desde 12/12/2023 llevando a mucha gente a la pobreza que ellos mismos tratan de confundir con sus declaraciones, cruzando datos de Indec, UCA y Consejo Nacional de Políticas Sociales, ya que siempre las comparaciones se hacen sobre un mismo indicador porque no todos miden igual. Pero volviendo al tema de inocencia fiscal en los ítems tributarios, todos los consejos profesionales del país enviaron notas explicando la situación pero, como es normal, las ignoraron. En este tema hay que comunicarle a la población que la ley no se encuentra vigente hasta que no sea publicada en el Boletín Oficial y ninguna ley tiene efectos retroactivos; por lo tanto, no se pueden aplicar multas nuevas a declaraciones anteriores a la promulgación de la ley.
La ley no se encuentra vigente hasta que sea publicada en el Boletín Oficial
También se conocieron novedades sobre el tema de las reservas de oro del Estado nacional. Ante los tres pedidos realizados por el diputado nacional Sergio Palazzo y el realizado por la Auditoría General de la Nación, la semana pasada la Justicia exigió se informe dónde se encuentran las 11 toneladas en lingotes de oro que se compraron en 2021 por el Estado nacional. Recordemos que, durante julio y agosto de 2024, se pudieron observar videos sobre cómo los trasladaban en camiones de caudales del BCRA hasta el Aeropuerto de Ezeiza para embarcarlos en aviones de una línea aérea extranjera y nunca supimos su destino. Ahora, tanto el presidente del BCRA como el nombrado ministro de Economía deben declarar dónde se encuentra y/o por pedido de quién lo hicieron, ya que el presidente del Central tiene entre sus funciones estipuladas por la carta orgánica resguardar los fondos destinados a mantener la economía y, al no realizarlo, ambos se encuentran en condiciones de ser imputados con cargos de negligencia en el cumplimiento de sus tareas de funcionarios públicos más malversación de fondos públicos más ser integrantes de asociacion ilícita que, indefectiblemente, los llevarán a la cárcel. Pero ¿cómo afecta esto la diaria? Muy bien: dentro de las reservas brutas internacionales se encuentran los US$ 4.981 millones que representa el oro y si a eso le agregamos casi el 5% que creció la cotización del oro tan solo esta semana, nos encontramos con que las reservas no son de US$ 41.165 al martes 30 sino de US$ 36.184 millones reales, llevando las reservas netas a más de de US$ -23 MM. No se puede colocar adentro de las reservas el oro, que nadie tiene idea de dónde está, porque si no la auditoría sería solo un circo de papeles sin realidades.
Hay que entender que los acreedores están empezando a entrar en pánico porque no saben de dónde va a sacar el Gobierno los casi US$ 11 MM para cubrir el bimestre enero-febrero de 2026 cuando solo tiene menos de US$ 2 MM en el Tesoro nacional para hacerles frente y más sabiendo que el dólar en enero siempre sube su cotización siendo ello uno de los motivos para cambiar la administración de las bandas cambiarias a partir de viernes 2 de enero, lo cual termina posibilitando que no intervenga por no tener dólares disponibles para hacerlo.
*Analista económico y tributarista.
