Pasaron tres semanas desde que Javier Milei asumió la presidencia de la república. En ese corto período, el nuevo gobierno ha sido muy claro al plantear el riesgo de la catástrofe que se está tratando de evitar. El desastre macroeconómico y social que ha dejado el gobierno saliente es de tal magnitud que evitar la hiperinflación es el principal desafío, para el cual el Gobierno convoca a propios y ajenos.
Ante ese panorama, solo la oposición kirchnerista ha reaccionado como era de esperarse. Oponiéndose a todo, movilizando a su militancia, caceroleando a las 48 horas de que asumiera el nuevo gobierno, llamando a un paro general, amenazando, cortando rutas, alertando a la ciudadanía respecto de las amenazas y tragedias que se avecinan.
Lo que sí resulta muy llamativo es la reacción del resto del arco político. Desde el radicalismo, hasta la Coalición Cívica, desde el larretismo hasta el nuevo agrupamiento que constituyeron Pichetto, Monzó, Massot y el schiarettismo, etcétera. Todo este conjunto de dirigentes ha decidido poner “todas sus energías” en impugnar las formas institucionales de las propuestas del nuevo gobierno de Javier Milei, ofreciéndole leyes espejo y otros recursos para “ahí sí” apoyar al Gobierno.
En el momento de mayor fragilidad del nuevo gobierno, la dirigencia no kirchnerista ofrece su apoyo para “valorizar al Congreso” y así a la vida democrática. No han dicho una palabra sobre lo cerca que estamos de una hiperinflación, no han hecho el más mínimo gesto de comprometerse con la baja del gasto público que es indispensable. Podrían encabezar una campaña para bajar el gasto en todas las legislaturas del país, por ejemplo. Cuando la sociedad pide a gritos que la clase política baje sus gastos, más allá de lo que implique en los grandes números, nada de eso ocurre.
A tal punto llega la falta de respaldo que uno esperaba ver en defensa del nuevo gobierno y del país, que en la provincia de Buenos Aires los diputados de Cambiemos y algunos ex de La Libertad Avanza, que ahora trabajan cerca de Sergio Massa, respaldaron sin pudor alguno al gobernador Kicillof y su pedido de aumento del 200 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Rural, con el argumento de que lograron que lo baje del 300 por ciento. ¿Será que no habían leído el informe del especialista Nadin Argañaraz, quien señaló que el atraso de dicho impuesto respecto de la inflación era del 58 por ciento?
Es vox populi que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha rechazado la importancia del ajuste del gasto público. Al avalar al gobernador en semejante aumento de impuestos, al tiempo que siguen, por ejemplo, sin involucrarse en el caso Chocolate Rigau, se están colocando directamente en el bando contrario del gobierno nacional.
Muchos de los principales analistas políticos y económicos no se han quedado atrás y desde el vamos han decidido básicamente ignorar el contexto de emergencia, dejar a un lado el peligro de la hiperinflación y han recurrido a una adjetivación coherentemente negativa respecto del gobierno y sus políticas. Veamos algunos de los conceptos más reiterados en las crónicas y artículos recientes. “Pesadilla en las calles”, así se expresan al analizar el escenario social que, plantean, se va a crear a raíz de las movilizaciones con las que el kirchnerismo va a intentar construir un clima de beligerancia sobre una realidad socioeconómica que no es nueva, sino que vienen sufriendo los argentinos desde hace décadas y que a raíz de ello con temores y dudas la sociedad ha decidido elegir a un outsider como Milei para que lidere ese cambio. “Recesión letal para el 45% de la gente”, la aseveración parece no tener en cuenta que ya en 2023 el país tuvo una caída del orden del 3% anual, y que desde el año 2011 no se crea empleo. Por otra parte, no hay pronósticos serios que se hayan atrevido a usar el término “letal” para describir la falta de crecimiento en el arranque de un programa de estabilización como el que debe adoptar el Gobierno. El “drama acecha”, no parece una expresión adecuada como para sintetizar las vicisitudes que tendrá que afrontar el nuevo gobierno para superar los problemas que el país arrastra desde hace décadas. “Me hace ruido que después venga otro presidente y cambie todo”, este es un comentario que ha sido muy reiterado para cuestionar la utilización de un DNU en vez de una ley. Es como si los analistas hubieran vivido los últimos 40 años en otro país.
En la Argentina de los últimos 40 años se ha cambiado el signo monetario con un decreto (Plan Austral), se ha dado vuelta como una media la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios en los años 2000, etcétera. A esta altura de nuestra vida democrática ya deberíamos entender que lo que “blinda” un acto de gobierno es la fortaleza política del gobierno que lo impulsa. “La eliminación de la movilidad jubilatoria es lo más grave”. El nuevo gobierno está tratando de evitar la hiperinflación que dejó en puertas el gobierno kirchnerista y, al mismo tiempo, tiene que intentar evitar que continúe el proceso de licuación de las jubilaciones con la inflación. Es por eso que plantea eliminar la movilidad jubilatoria porque es obvio que tampoco están dadas las condiciones para plantear una nueva fórmula en un escenario económico y fiscal dominado por la incertidumbre. “Queremos saber cuál es el plan de contención”, parece un poco ambicioso que en estas circunstancias económicas y sociales del país, el nuevo gobierno, en tres semanas presente un plan de contención social, que no existió nunca pese al derrumbe socioeconómico de la sociedad toda al que asistimos desde hace 20 años. “Las formas son las que más preocupan”, volvemos al inicio, sería muy válido analizar las formas una vez acordadas la importancia y la legitimidad del fondo de la cuestión. Lo que en estas crónicas ha faltado es justamente eso. Presentar y expresar el acuerdo o no, al fondo de las políticas planteadas, más allá del legítimo debate sobre las formas.
El presidente Milei no ha defraudado a sus votantes y está comenzando a presentar los trazos gruesos de lo que será su gestión. Estos primeros meses de su mandato son decisivos, porque a mayor legitimidad política de su gobierno, en lo que se refiere a poder avanzar con sus propuestas en el Congreso y sin mayores contratiempos con la Justicia, más posibilidades de éxito habrá en materia económica. Llegar al mes de abril con una inflación de un dígito puede ser una realidad si el “tira y afloja” de todo el arco político “amigo” con el Presidente entra en modo pausa, y se acepta que el nuevo gobierno requiere del marco de la emergencia económica para poder sortear la tremenda crisis que afrontamos. A mayor respaldo político, menor será el uso que el Ejecutivo requerirá de los superpoderes. En las próximas semanas veremos si, además de la gente, hay alguien que apoya al presidente Javier Milei.
* Analista político y magíster en Filosofía de la Economía de la Universidad de Cambridge.
