Fue un silencio que produjo estrépito. La lluvia, que por momentos fue torrencial, le terminó dando a la marcha del 18F un marco de épica que hacía mucho no se veía en nuestro país. Al silencio del homenaje al fiscal Alberto Nisman se le agregó el reclamo de justicia como valor inescindible para la construcción de una verdadera democracia republicana. A ello le respondió ayer con su carta la Presidenta. Lo hizo a su estilo, es decir, desconociendo el valor de quien piensa distinto. Para Cristina Fernández de Kirchner, la marcha del 18F no fue sólo opositora, sino también destituyente; fue “masiva” pero no “popular”. Para la jefa de Estado sólo es popular lo que coincide con su pensamiento. Si tuviera un mayor contacto con la realidad, se hubiera enterado de que, entre los miles de personas que se manifestaron hubo quienes la habían votado en 2011. La concepción antidemocrática que desnudan las expresiones de la Presidenta no deja de sorprender ni de alarmar. Tampoco deja de alarmar a muchos miembros del Gobierno esta actitud crecientemente confrontativa.
Los más preocupados son los que aspiran a competir en las elecciones que se desarrollarán a lo largo del año. “Nosotros o ellos” es el eje permanente del discurso presidencial. Demasiado parecido a la Venezuela chavista. La concepción militante de la Justicia es producto de este enfoque. El Poder Judicial tiene, entre otras cosas, un papel de control constitucional sobre las leyes que es vital para asegurar el respeto de la Constitución, que es la ley suprema de la Nación. Las inmorales leyes de Punto Final y Obediencia Debida cayeron luego de un fallo histórico del juez federal Gabriel Cavallo, que las declaró inconstitucionales, inválidas e insanables? ¿Debió ser considerado un juez golpista por haber dictaminado la nulidad de una ley votada por el Congreso? ¿Debió ser considerado un juez que pretendía desconocer tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo?
Durante el apogeo del kirchnerismo, sus operadores judiciales se la pasaron amenazando con carpetazos a aquellos jueces y fiscales que se animaron a investigar los desaguisados del Gobierno. Lamentablemente, durante un tiempo eso funcionó. Ese tiempo ya pasó. Una muestra de ello es la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de confirmar el procesamiento de Amado Boudou & Cía. en la causa por la venta de la empresa Ciccone Calcográfica así como también el rechazo de la recusación del juez federal Claudio Bonadio en la causa Hotesur que compromete a la Presidenta y a su familia.
Nadie lo dirá en el “on”, pero dentro de la agrupación Justicia Legítima –afín al kirchnerismo– y más allá del discurso público, hay duras objeciones al accionar de la jefa de Estado y sus ministros en el manejo del caso, luego de la muerte del fiscal.
El que habla, contundente en sus expresiones, es un allegado a un destacado miembro de la agrupación: “No se puede creer lo mal que manejó la situación la Presidenta. Dos cartas por Facebook que no definían nada, falta de tacto y trato humanitario para una familia que acababa de perder al padre”. La sorpresa es entendible ya que todos –o casi todos– en el Gobierno consideraban a Alberto Nisman y a su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, entre los cercanos. Tanto es así que la misma fuente exclamó desencajada “con un poquito –sólo un mínimo gesto de trato humanitario– hubiésemos logrado que la jueza Arroyo Salgado y sus hijas no concurran a la marcha. Se hizo en cambio todo lo contrario. Es que Cristina no le perdona a Nisman su denuncia, lo considera un acto de injusticia para con ella”.
En paralelo, donde se viven horas de inquietud es en la UFI AMIA, la Unidad Fiscal que encabezaba Nisman. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con el personal que trabajaba con el fiscal muerto y cuál será la línea investigativa que se adoptará. Los antecedentes de los cuatro fiscales nombrados por la procuradora Alejandra Gils Carbó para reemplazar a Nisman han generado inquietud. Juan Patricio Murray, miembro de Justicia Legítima desde sus inicios, será el coordinador del grupo. Fue fiscal subrogante en San Nicolás. “Juan Murray es un militante de la causa para todo el trabajo sucio”.
La frase es de la diputada nacional Margarita Stolbizer que, memoriosa, recuerda los detalles de dos episodios extraños. Uno “cuando la procuradora sacó a la fiscal natural de la causa del jefe de Policía de Santa Fe Hugo Tognolli y mandó a Murray a embarrar la cancha”. El otro cuando fue el conflicto con el campo, la dirigente vivió un trago amargo en carne propia. “Participé de una marcha en la ruta 9 cerca de San Pedro junto a otros dirigentes del agro. Murray era fiscal en San Nicolás y envió un cuerpo especial de policía a espiar a quienes participaban de la convocatoria y nos terminó procesando a Eduardo Buzzi, a Mario Llambías, a María del Carmen Alarcón, a Raúl Vitores y a mí. Después fuimos sobreseídos, pero fue la primera vez en mi vida que tuve que ir a poner los dedos en el pianito”.
Patricio Sabadini es un joven especialista en Derecho Procesal Penal y simpatizante de Justicia Legítima. Se desempeña como fiscal federal de Resistencia, en la provincia de Jorge Capitanich, y quienes siguieron su formación aseguran que es “discípulo y peón” del fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, quien es hombre de confianza de la procuradora Gils Carbó y miembro de Justicia Legítima.
Roberto Salum y Sabrina Namer: el primero es experto en Derecho Procesal Penal y estuvo a cargo de causas de lesa humanidad vinculadas a la última dictadura militar. Namer tuvo actuaciones correctas en varias causas de trascendencia pública y se desempeñó en la Oficina Anticorrupción en tiempos de Daniel Morín. Quienes la conocen aseguran que tiene coincidencias ideológicas con algunos miembros de Justicia Legítima pero mantiene un bajo perfil.
La muerte de Alberto Nisman representa un magnicidio institucional de cuya verdadera magnitud, inquietantemente, la Presidenta sigue sin darse cuenta.
Producción periodística: Guido Baistrocchi con la contribución de Santiago Serra.
