Con esta frase, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, “impugnó” el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaba la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan. En la misma línea se pronunciaron varios dirigentes kirchneristas, como también el presidente de la Nación y varios de sus ministros. Críticas que, tergiversando lo que establece ese principio consagrado en nuestra Carta Magna, se proponen usar como bandera para esconder sus prácticas de perpetuarse en el poder, confundiendo “federalismo” con una forma vaga de “feudalismo”. Cosa que ocurre efectivamente en San Juan y en Tucumán, pero también en otras provincias, con los casos paradigmáticos de: Formosa con un Insfrán que lleva 28 años consecutivos en el poder y nuevamente postulado este año; San Luis con los hermanos Rodríguez Saá; y el caso muy particular de Santiago del Estero, donde esa práctica de perpetuarse en el poder viene de décadas, utilizando para ello la alternancia entre marido y esposa; primero con el matrimonio Juárez (peronistas) y ahora con los Zamora (radicales).
Ese uso fraudulento de los principios del federalismo se concreta mediante dos mecanismos principales: uno económico y el otro político.
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En lo económico, la estrategia consiste en evitar el desarrollo económico derivado de las inversiones productivas privadas, que son las únicas que ofrecen empleos remunerados preservando la libertad de elegir a los representantes políticos. En su reemplazo se instala un híbrido que, al rechazar las formas capitalistas de producción mirando hacia el pasado (y no hacia el futuro como prometía el marxismo) crea un modo de producción que, así como el feudalismo se sostenía a partir de convertir a sus campesinos en “siervos de la gleba”, persigue que la población sin medios de subsistencia se transforme en “siervos del Estado” (sea como empleados públicos o recibiendo diferentes tipos de asistencialismo que los mantiene dependientes). Y para facilitar este esquema de poder establecen, como política de Estado, dificultar toda inversión productiva privada que ofrezca a los ciudadanos de esas provincias una salida laboral como alternativa para su subsistencia. Lejos de incentivar la inversión privada generadora de empleos libres y de ingresos, se la persigue, como ocurrió no hace mucho cuando Insfrán le denegó el acceso a la energía eléctrica (en manos de la empresa pública) a una empresa privada que quería instalarse en Formosa.
En cuanto a los mecanismos políticos, los señores “feudales” necesitan del poder nacional para obtener los ingresos que se requieren para pagar los sueldos y planes sociales de sus empleados y asistidos. Ingresos que la provincia no genera ya que la menor presencia de empresas privadas reduce drásticamente toda posibilidad de cobrar impuestos. Y para solucionarlo se generan acuerdos espurios entre los gobiernos de esas provincias y el de la Nación, en un juego de toma y daca, donde los primeros reciben dinero y el segundo, el apoyo de esas provincias para paliar sus malas gestiones; eludiendo además principios claros de una legítima coparticipación de los ingresos nacionales. Juego en el que las provincias hacen uso del chantaje que les permite su fuerte presencia en el Senado de la Nación; la que usan también para impedir que se cumpla con el mandato expreso de la Constitución reformada en 1994, que ordena tener un nuevo “régimen de coparticipación… antes de la finalización del año 1996”.
Axel Kicillof no imaginó que al invocar los principios del federalismo para impugnar el fallo de la Corte que posterga las elecciones en dos provincias está ayudando a arrojar luz sobre el mal uso que se hace de estos principios para defender un sistema semifeudal que permite perpetuarse en el poder a costa de la pobreza, y la falta de libertad para elegir gobierno de buena parte de sus ciudadanos.
