Se supone que este lunes habrá un pronunciamiento sobre el juicio que el fondo NLM y Aurelios Capital –entre otros demandantes– le hizo al gobierno argentino por el cobro de bonos caídos (unos 1.300 millones de dólares, se estima). Importa la opinión de la Cámara norteamericana para saber si el pleno de ese cuerpo confirmará lo que ya decidieron tres jueces del mismo cuerpo, acompañando el fallo del juez Thomas Griesa en contra de la Argentina (por el momento, suspendido en su aplicación).
Para muchos se inicia una semana negra como anticipo de otros años negros en materia financiera: salta luego el juicio a la Corte, ésta se prescinde del caso, se activa el default técnico, ingresan aluvionales demandas (otros fondos, buitres o acreedores individuales) y embargos que colocarían al país ante el imperativo de pagar finalmente unos 20 mil millones de dólares, la exigencia de los holdouts.
De piso. No en vano la última semana, en Nueva York, la Presidenta gimoteó para que la dejen pagar las deudas en una transmutación inédita luego de haber insistido, hasta hace pocos meses, en que no sólo no pagaría, sino que hasta podría rechazar esa posibilidad si la Justicia norteamericana lo determinase.
Le cuesta creer a la mandataria que un porcentaje mínimo de los que no entraron al canje le arranque al país mucho más de lo que su marido empeñó en la reestructuración de la deuda. Nunca más apropiada la frase: algo se hizo mal camino al foro.
El anuncio agorero para este lunes puede compararse con la publicidad cinematográfica: tal vez no se cumpla el trámite apocalíptico que se vaticina en los carteles. O se postergue la guillotina. Y este lunes, más que iniciarse el Apocalipsis, un vozarrón anticipará su advenimiento.
Ocurre que el avanzado juicio del NLM, por subterfugios jurídicos y reclamos de las partes, se descompuso en cuatro ítems (A, B, C y D); Griesa y la Cámara hasta ahora emitieron fallo sobre los dos primeros, de carácter procesal, a los cuales se pide la adhesión o controversia del pleno de la Cámara (posiblemente el lunes se valide el veredicto de Griesa). Quedan dos tópicos para resolver (C y D, relativos a montos y extensión de la deuda), por lo tanto el juicio no concluye, apenas se enciende el reguero.
Falta certeza del tiempo (dos, tres meses) que los magistrados ocuparán para expedirse sobre estos puntos. Sí, en cambio, hay seguridad sobre lo que harán los abogados del lado argentino: le pedirán a la Corte Suprema de los Estados Unidos que se interese en estas nuevas decisiones –que se imaginan contrarias– y, además, apelarán sobre las otras dos que dictaminó Griesa (y la Cámara el lunes completaría su confirmación).
Entreveros. Parece chino el jeroglífico jurídico: es estrategia, sueldos, horas pagas, consumidas y seguro estiramiento de plazos hasta bien avanzado el año 2014.
Siempre y cuando, claro, la Corte se desentienda de proceder y no favorezca la presentación argentina, o le conceda un improbable estatus soberano que ubique en el limbo la obligación de pagar los títulos adeudados. Se posterga entonces la hecatombe advertida para la semana próxima. Y eventualmente podría comenzar a gestarse algún tipo de negociación alternativa para soslayar el abismo futuro.
Si se transfugó la obcecación de no pagar a pagar de cualquier manera, bien podría suceder que se logre un acuerdo con buitres, cuervos, ahorristas, repugnantes o no para Cristina, a través de bonos de consolidación o soluciones –como la compra de algún juicio– que ya han sido exploradas. Curiosamente, a través de un especialista tenedor de este tipo de bonos, David Martínez, socio minoritario del Grupo Clarín y de confianza profesional del secretario legal y técnico, Carlos Zannini.
La complicación tiene correlato en Buenos Aires. Aunque no se tiene en cuenta ni se difunde, también la Corte Suprema argentina deberá pronunciarse, aunque por otros juicios semejantes al de NML, iniciados por buitres que compraron barato, otros inversores que promediaron pérdidas o candorosos tercos que compraron títulos a valor facial y se resistieron a los descuentos que les quiso imponer Néstor Kirchner en las dos negociaciones de la deuda de 2005 y de 2007.
Antes del caso que puede amplificarse a partir del lunes, en la Justicia norteamericana ya se han tratado demandas semejantes y hubo otros fallos de Griesa y de segunda instancia que no favorecieron a la Argentina (y que, al no ser apelados, quedaron con sentencia firme). Por montos menores, pero significativos en la suma.
Sin embargo, no se pagaron, y algunos acreedores trajeron esos casos a la Argentina, donde el Gobierno se opuso al reconocimiento de tales sentencias, en contradicción con su actitud anterior de no apelarlas en Nueva York. Ahora la decisión final está en el tribunal que preside Ricardo Lorenzetti.
Ya hubo en 2010 (caso Tonelli) un pronunciamiento en alineación con los fundamentos de Griesa, pero se suspendió el pago por las leyes del Presupuesto que así lo disponen. Hoy, para expresarse sobre estos temas, los magistrados de la Corte (devenidos en “turros” por Hebe de Bonafini) deben tener menos voluntad de sentar jurisprudencia que expresarse sobre la Ley de Medios.
Global. Las jurisdicciones en conflicto no se limitan a Buenos Aires y Nueva York, también la geografía incluye Tokio, Frankfurt, Londres, incluso el Ciadi (organismo mundial creado para resolver cuestiones de confiscación), que ahora está en etapa preliminar de estudio para justificar o no su intervención sobre los títulos argentinos en mora (conviene señalar que desde 2002, de todas las causas tramitadas en ese instituto, más del 50% es de origen argentino).
La distinción importa: en Europa se consienten reestructuraciones avaladas por la mayoría (como lo pretende el gobierno de Cristina), en los Estados Unidos prevalece otro criterio, basado en una ley abonada por la crisis del 30, cuando los accionistas mayoritarios de las empresas terminaron burlándose de los titulares de bonos de esas compañías.
Allí, además, Griesa formuló un apotegma de no discriminación jurídica, el pari passu: cobran todos o no cobra nadie, no admite preferencias ni arreglos por los cuales unos nuevos títulos hacen caducar a otros sin el consentimiento de sus titulares.
De ahí que lo anunciado para este lunes con la Cámara neoyorquina abre otra engorrosa carrera por estimulantes premios o justos reclamos por ahorros invertidos que nadie sabe aún si se van a pagar, quién lo va a hacer y bajo qué marco jurídico.
Para salir de este costoso dédalo, en el que se incluyen acechantes embargos (sobre todo en la participación del Estado en el sector privado, como los paquetes accionarios que dispone en la Anses), quizás la Argentina otra vez deba revisar su legislación, la ley cerrojo, por ejemplo. Y, naturalmente, el relato.
