Se estuvo a nada de la tragedia. De haberse concretado, eso hubiese significado el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. El magnicidio –muerte violenta dada a persona muy importante por su cargo o poder– hubiera sumido a la Argentina en un escenario de violencia política de consecuencias impredecibles. Lo impredecible, en este caso, es sinónimo de lo malo. Lo malo abarca también la reacción del Gobierno.
El discurso del jueves a la noche tarde del Presidente fue eso: malo. Un discurso acordado con la vicepresidenta. Un discurso cargado de reproches hacia la oposición, hacia la Justicia y hacia los medios que no responden al oficialismo. En verdad, más que reproches, fue una verdadera adjudicación de responsabilidades acerca del hecho. Se diría que casi fue una acusación. Tan malo como eso fue el decretar el feriado del viernes y convocar a una movilización claramente partidaria. Todo esto no hizo más que ahondar las divisiones que atraviesan a nuestra sociedad, una grieta que, como tal, embrutece.
El uso político que está haciendo el oficialismo del repudiable atentado contra la vida de CFK se enmarca, además, dentro de la estrategia orientada a concretar dos objetivos: consolidar el liderazgo de la ex presidenta en funciones dentro del peronismo y desplazar del eje de la agenda política las consecuencias adversas del brutal ajuste económico que está afectando principalmente a los sectores de menores recursos. Esa dura realidad va a ser imposible de ocultar.
El “operativo clamor” por la candidatura presidencial de CFK se ha visto precipitado por el impactante y demoledor alegato del fiscal federal Diego Luciani, de quien, es importante no olvidar, Alberto Fernández dijo que esperaba que no se suicidara. Desde ese mismo momento impera en el kirchnerismo un lenguaje de singular violencia. Fue nada menos que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro quien, en la tensa negociación del último sábado de agosto con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el batifondo que se armó por las vallas policiales frente a la casa de CFK, dijo que si ella iba presa quemaban todo. Fue el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos contra Todos, quien, en la sesión del Senado del jueves, habló del escarmiento contra los jueces y fiscales a cargo de la causa Vialidad.
La foto oficial de la reunión de la “unidad” convocada por el Presidente el viernes por la tarde en la Casa Rosada es una radiografía de que, para el oficialismo, el concepto de “unidad” excluye a los partidos políticos. Es una claudicación más de AF.
Lo que pasó en ese encuentro disgustó a varios de sus asistentes. La única que se atrevió a dar cuenta de ello públicamente fue la DAIA quien, sin rodeos ni eufemismos, habló de los objetivos partidarios del documento que en la Plaza de Mayo leyó la actriz Alejandra Darín. Otros, igualmente, molestos, prefirieron el silencio. Entre ellos estuvo el presidente de la Conferencia Episcopal de la Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro.
La andanada de reproches tuvo su resumen en una frase del documento que condensa el pensamiento del kirchnerismo sobre la cual hay que detenerse: “Llamamos a la unidad, pero no a cualquier precio”.
La esencia de la democracia, que tanta lucha costó conseguir, es pluralidad. Es esa pluralidad la que enriquece. La unidad y la pluralidad no son excluyentes. Por el contrario, es esa diversidad de pensamientos y de ideas la que asegura la unidad. Pensar diferente no es odiar; criticar, tampoco.
Lamentablemente, el poder afecta muchas veces este concepto clave de la vida en democracia. Quien lo ejerce se cree investido de un aura especial. Piensa que, por el solo hecho de poseerlo, está por arriba de todos y de todo. Por eso es fundamental la existencia del marco legal de balances y controles para evitar que un mal uso del poder altere las normas de la convivencia democrática. La famosa frase de John Emerich Edwar Dalberg-Acton, Primer Barón Acton de Aldenham, –“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe completamente”– refleja las tentaciones que genera el poder y lo imprescindible que es prevenirlas. De ahí emana la importancia de la Constitución. Un ejemplo de estos días lo muestra: de no ser por la Constitución, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires hubiese sido avasallada de inmediato por el actual gobierno, luego de lo que se vivió la semana pasada frente al domicilio de CFK. En la consecución de la estrategia destinada a desviar la atención de los temas que perturban la vida de la gente, la vicepresidenta habló de la necesidad de rediscutir la autonomía de la Capital Federal. Más allá de la bomba de humo, esa propuesta exhibe el verdadero pensamiento absolutista de la ex presidenta en funciones.
Para el kirchnerismo el poder se concibe como un todo absoluto. Es decir, quien lo ejerce, no puede ni debe tener límites. Representa una concepción absolutista del poder. Es la que se practica en los regímenes totalitarios a la que lamentablemente adhieren personajes políticos de sistemas democráticos. Donald Trump es un ejemplo de esto. El episodio del intento de toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 fue la culminación de esa concepción de alguien que no estaba dispuesto a aceptar que su mandato se terminaba. En la misma línea se ubica el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
La república, que es el sistema bajo el cual se ordena constitucionalmente la vida democrática en nuestro país, requiere la existencia de tres actores clave: los partidos políticos, a través de los cuales se encauza el debate político que expresa la pluralidad de ideas y propuestas para enfrentar los problemas que afectan a la sociedad; la división de poderes que conlleva a la existencia de un Poder Judicial independiente para el ejercicio de su función de control de los actos de gobierno; y una prensa libre.
Si el llamamiento a la unidad “pero no a cualquier precio” implica el rechazo de la discusión política, de la independencia de la Justicia y de la prensa libre, la democracia argentina entrará en zona de riesgo.
