Desde hace casi dos décadas, la familia de Pablo Ariel Fernández (21) peregrina por despachos de jueces y fiscales. El 24 de noviembre de 2001, el joven que trabajaba en una carnicería y vivía en Alta Gracia, fue a bailar a un boliche en Despeñaderos. Por una riña con otro muchacho terminó demorado en la subcomisaría de esa localidad. Cometió el error de pelearse nada menos que con el hijo del titular de la dependencia policial, Lucas Machado.
Como no había razones para detenerlo, lo pusieron en un calabozo para “protección y custodia” por encontrarse ebrio. Así figura en el libro de entradas de la subcomisaría. Previo a ello, los policías lo llevaron al hospital donde dictaminaron que solo tenía golpes superficiales propios de la pelea que había mantenido.
Al día siguiente apareció muerto, colgado con una camisa.
A casi dos décadas de aquel suceso, la familia hizo un nuevo pedido de investigación que se encuentra en la fiscalía de Instrucción a cargo de Claudia Palacios en el que apunta al exministro de Seguridad, Alejo Paredes, y al exjefe de Policía, Sergio Comugnaro, por presunto encubrimiento. La presentación, con el patrocinio del abogado Alejandro Zeverín, fue realizada después de dos intervenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Torturas seguidas de muerte. Inicialmente el caso se presentó como un suicidio, aunque después de dos nuevas autopsias los informes médicos indicaron que el cuerpo de Fernández tenía marcas en las muñecas que evidenciarían la colocación de esposas. También detallaba una serie de fracturas en los huesos de la cara. Señalaron que la marca del cuello no era compatible con haberse colgado porque, en ese caso, tendría que ser ascendente y no horizontal, como la describieron. Esa mención abonó la posibilidad de que se haya utilizado un cable o una cuerda para sujetar al muchacho. El fiscal de Instrucción de Alta Gracia, Emilio Drazile (jubilado), imputó a cuatro policías por presuntas torturas seguidas de muerte: Mauricio Ariel Carranza, Juan Carlos Ledesma, Julio Federico Pereyra y Eduardo Agustín Torres.
En junio de 2004 dictó la prisión preventiva de los efectivos. En aquel momento fueron defendidos por el destacado penalista Oscar Roger.
Sin embargo, el 19 de abril de 2006 el juez de Control N°4 dictó el sobreseimiento de los acusados basándose en la hipótesis inicial del suicidio. Explicaron que las fracturas se produjeron cuando el cuerpo del joven cayó al piso al ser soltado. Esa decisión fue apelada por la madre, querellante en la causa. La Cámara de Acusación confirmó la decisión del magistrado y también lo hizo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La causa parecía cerrarse para siempre.
La querella insistió con un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Le fue denegado y acudió en queja al máximo tribunal del país, que consideró que debía ser admitido. El peregrinar en esta instancia insumió varios años hasta que finalmente el TSJ anuló en forma total el sobreseimiento dictado por la Justicia Provincial.
Qué sospecha la familia. En el nuevo pedido de investigación presentado ante la fiscal Palacios, la madre del joven insiste en la presunta responsabilidad de los policías en la muerte de su hijo y amplía la participación a Paredes, Comugnaro, al entonces jefe de la subcomisaría de Despeñaderos y a su hijo, con quien Fernández había protagonizado el altercado en el boliche.
La sospecha es que, cuando el joven fue llevado a la comisaría los policías le propinaron una golpiza mortal, con la participación del hijo del subcomisario. Siguiendo con ese razonamiento, después habrían montado una escena de suicidio atándole una camisa alrededor del cuello. Sobre esos elementos, el abogado de la querella pretende reabrir la investigación, no sin antes mencionar que la Corte, en dos oportunidades, consideró que el TSJ le denegó el recurso extraordinario y por eso reenvió nuevamente a la provincia el expediente y es posible reiniciar la investigación, a casi 20 años de la muerte de Fernández en la dependencia policial de Despeñaderos.
DELITO IMPRESCRIPTIBLE
La posición que sustenta el abogado Alejandro Zeverín para reabrir el caso es que la tortura seguida de muerte es imprescriptible, porque en este caso habría sido cometida por funcionarios policiales. Por las características del hecho hizo una presentación ante la Procuración de Violencia Institucional de la Nación.
En el interín de la investigación, Zeverín relató a este medio que él y la familia contaban con custodia policial. “En un momento desapareció la orden judicial de oficinas de la Jefatura y dejaron de realizarla”, continuó. Eso motivó la presentación de un amparo en el fuero civil donde un juez ordenó restablecer la consigna. Sucedió durante la gestión de Alejo Paredes en Seguridad y Comugñaro en la Policía. En la denuncia apunta contra ambos por considerar que encubrieron a los responsables del hecho.
