A dos décadas del crimen, la familia Moreno no recibió la indemnización

El pasado 20 de diciembre se cumplieron dos décadas de la fatídica tarde en que David Moreno, un adolescente de 13 años, cayó abatido por balas policiales en Villa 9 de Julio, de la ciudad de Córdoba, mientras el país vivía una de sus crisis institucionales más profundas. Todo ocurrió entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, en medio de asonadas populares y la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien dejó en helicóptero la Casa Rosada.

En Córdoba, David Moreno fue alcanzado por balas policiales cuando se acercó a un tumulto de gente que se agolpó a pocas cuadras de su casa, frente a un supermercado, en la creencia de que entregarían mercadería.

El martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del único condenado a prisión efectiva por el asesinato del adolescente: el policía Hugo Cánovas Badra. El fallo, que deja firme la condena, lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los abogados del policía –quien está convencido de su inocencia– habían acudido al máximo tribunal del país con un recurso extraordinario, para pedir que se revisara la sentencia con un argumento que habría implicado volver a discutir las pruebas que constan en la causa, circunstancia casi improbable.

Concretamente, el recurso sostenía que con una nueva recreación pericial se podía comprobar que las balas que mataron a David no habían salido del arma de Cánovas. Por eso había pedido a la Corte Suprema que ordene una nueva pericia interdisciplinaria. Hace un año el expediente comenzó a moverse. Sin embargo, la Corte desestimó la queja sin más argumentos que el rechazo.

Norberto Vaca, abogado defensor, dijo que interpondrán un recurso de revisión.

La condena.  
La Cámara 1ª del Crimen había impuesto una pena de 12 años y ocho meses de prisión al efectivo. Para la Justicia fue el único responsable del homicidio porque si bien hay otra pena –de cumplimiento condicional– fue a una mujer policía por encubrimiento. Ningún jefe del operativo resultó alcanzado por la Justicia.

Cánovas Badra se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje. Está bajo prisión preventiva desde hace cinco años y ocho meses. Su defensor, Norberto Vaca, señaló a PERFIL CÓRDOBA que queda un último recurso para presentar, un pedido de revisión de la sentencia, algo que ocurre en forma excepcionalísima.

Mientras tanto, hace nueve meses hizo un pedido de morigeración de la pena, pero no fue resuelto.

Una vez firme, la condena podría considerarse cumplida a los siete años y medio de detención bajo una serie de condiciones. A las tres cuartas partes del tiempo total tiene posibilidad de acceder a beneficios.

Vaca también dijo que el Juzgado de Ejecución Penal le denegó la prisión domiciliaria que había solicitado por razones de salud. Además, Cánovas Badra denunció la incursión a su celda de un “grupo especial de tareas penitenciarias” que lo golpeó, le rompió y robó sus pertenencias. Esa presentación está en la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje.

El largo peregrinaje para la indemnización.
A dos décadas del crimen y a pesar de que en 2017 la Justicia condenó a la Provincia a indemnizar a los padres de David Moreno, el pago aún no se concretó.

El argumento que subyacía era que la condena aún no estaba firme. Sin embargo, la abogada de la familia, Adriana Gentile, explicó que logró hace poco que la Cámara 1ª del Crimen le diera un certificado para ejecutar la sentencia porque, en lo que respecta a la Provincia, el fallo estaba firme. No fue fácil conseguirlo.

Con ese documento, hace un mes interpuso la demanda civil para ejecutar la orden. Se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de 37ª Nominación. El tribunal realizará el cálculo sobre la cifra estipulada en el fallo penal, de alrededor $170 mil. El monto debe ser actualizado y calculados todos los intereses devengados a lo largo de las dos décadas transcurridas. El trámite podría durar un año más.