El lunes último el ministro de Justicia Martín Soria recibió al presidente de la Junta de Tribunales Orales Federales (Jutof), José Fabián Asís, y a la secretaria de la entidad, Karina Perilli. Dos temas ocuparon la agenda del encuentro: la lenta entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF).
PERFIL CÓRDOBA consultó a Asís –también vocal del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba– sobre ambos temas, en un momento en que el Poder Judicial es un espacio gravitante donde se enfrentan los diferentes sectores políticos.
Brindó varias definiciones sobre el perfil definido de quien vaya a reemplazar al procurador General interino, Eduardo Casal, puesto vacante desde 2017. Y también explicó la razón por la que está de acuerdo en que se pase de los dos tercios a la mayoría absoluta para designar al nuevo funcionario.
Además, insistió en la necesidad imperiosa de avanzar en la reforma del Código Procesal Penal Federal.
—¿En qué lugar está Córdoba dentro del cronograma para implementar el sistema acusatorio?
—Hay decisión política del ministerio para continuar con la implementación del Código Procesal Penal Federal y el trabajo para articular recursos materiales y humanos para que realmente pueda funcionar el nuevo código. Hubo un requerimiento concreto para Córdoba, porque en el cronograma están Mendoza y Rosario. El ministro tomó nota. Conoce el sistema acusatorio de la Justicia provincial y tiene buenas referencias sobre su funcionamiento. Dejó agendada la inquietud para tratarla con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del MPF para que Córdoba se incluya como próxima provincia
—Qué posición tiene sobre la elección del próximo procurador General?
—Antes de ir a la reunión, desde Jutof hemos recabado todos los antecedentes de proyectos de la Ley Orgánica. En rigor, el proyecto que tiene media sanción (del Senado) fue presentado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, por el entonces ministro Germán Garavano. La asociación de fiscales, presidida por Carlos Rívolo, pidió textualmente, y se puede ver en la versión taquigráfica, que el procurador tuviera un mandato de tiempo limitado. Lo fundamentaba porque de la Constitución Nacional no surge que el cargo deba ser vitalicio. Hoy, ese proyecto fue reeditado y también se modificó la mayoría de las dos terceras partes que se requiere para la designación, para pasar a exigir una mayoría absoluta, es decir la mitad más uno. Esto es razonable, además, porque es un cargo temporario por cinco o siete años y también porque está claro que los acuerdos políticos se complican. Tanto es así que el Defensor del Pueblo lleva más de una década sin ser designado porque tampoco se logran los dos tercios. En cuanto al procurador, ni el anterior ni este gobierno pudieron imponer su propio candidato. Por eso vemos saludable un cambio en las mayorías para la designación del Procurador y que este ocupe el cargo por un tiempo determinado.
—Se mencionó como postulante al juez Daniel Rafecas o a algún fiscal general. ¿Qué piensa de los candidatos?
—Quien ocupe la Procuración General tendría que ser una fiscal, mujer y del interior.
