A seis meses de asumir, abren un sumario a la defensora oficial Ana María Blanco

El 15 de noviembre último, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, resolvió abrir un sumario administrativo a la defensor a pública oficial de Córdoba, Ana María Blanco, quien había asumido a comienzos de mayo pasado como titular de la Defensoría Pública N°2 que actúa asistiendo a acusados y víctimas cuyas causas se tramitan en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de nuestra ciudad.

Accedió al cargo por el concurso 149, en el cual quedó en cuarto lugar en la lista complementaria; es decir, fuera de la terna que la encabezó y que estuvo integrada por Berenice Olmedo, Natalia Bazán y Alejo Amuchástegui.

Blanco es oriunda de la Ciudad de Buenos Aires pero vivió por años en Mendoza, donde tuvo diferentes cargos en el Poder Judicial. Al cabo de seis meses al frente de la defensoría pública en nuestra ciudad enfrenta ahora una investigación administrativa que podría concluir con una multa como sanción o la remoción del cargo.

Los hechos que se analizaron en la instancia previa al sumario propiamente dicho están vinculados a actitudes presuntamente hostiles hacia el personal que dependía de ella, a posibles falsedades en la obtención de licencias e incumplimiento de la actividad de la Defensoría.

A partir de una presentación inicial, intervino la Oficina de Sumarios de la Defensoría General de la Nación y se designó al secretario letrado Federico Martín Feldtman como instructor. El funcionario analizó una serie de hechos denunciados por diferentes integrantes de la defensoría a cargo de Blanco, para concluir que había elementos suficientes que permitían tramitar el sumario administrativo.

Los mismos fueron divididos en dos grandes ejes temáticos. Por un lado, el posible incumplimiento de sus deberes como magistrada y por otro, el presunto maltrato laboral.

En el primero de ellos, Blanco está sospechada de montar una maniobra engañosa hacia el área de Recursos Humanos de la Defensoría General que controla y otorga las licencias que pueden ser justificadas por diferentes razones. Se investigará si consiguió esos permisos de manera fraudulenta, al haberlos solicitado por razones científicas y culturales con goce de haberes para no asistir a sus tareas en días laborales, particularmente los cercanos a fechas inhábiles en la Justicia. En realidad, habría usado esa excusa para poder viajar a la ciudad de Buenos Aires y a Mendoza con otros objetivos.

Agrava aún más esta situación el hecho de que habría encargado en varias oportunidades a una empleada, que buscara cursos académicos que se realizaban en las ciudades y días en los que ella pretendía viajar. La trabajadora debía explorar en internet las actividades programadas por los colegios de abogados, centros de capacitaciones judiciales y universidades para encontrar jornadas, conferencias, charlas o congresos y luego pasarle los link para que ella se inscribiera.

De confirmarse que no asistió a las actividades invocadas se configuraría un engaño a la Defensoría con el solo objetivo de justificar la inasistencia en días laborales, sin utilizar las licencias por razones de índole personal.

Maltrato laboral. En el segundo grupo de conductas que deberán ser investigadas se encuentra el clima hostil que habría creado en la oficina, a partir de una modalidad “autoritaria, arbitraria y despótica”. En una oportunidad, trató a sus colaboradores como “mentirosos”, “pícaros” e “irrespetuosos”, generando afecciones psicofísicas en el equipo de trabajo y el déficit en el funcionamiento de la defensoría.

Hubo un episodio en particular que fue expuesto por funcionarios de la Defensoría. Blanco había defendido a personas imputadas en un juicio por el delito de trata. Posteriormente, el tribunal dio intervención a la misma oficina para asistir a la víctima en la misma causa.

Como Blanco se encontraba de licencia, un funcionario hizo presente la imposibilidad de actuar por el conflicto de intereses que se evidenciaba. No era posible defender a los imputados y, al mismo tiempo, velar por el derecho de la víctima. Cuando se enteró sobre la respuesta de su empleada, habría manifestado su enojo, siendo que ella no estaba presente en la oficina para contestar el trámite.

Además, habría prohibido a los trabajadores realizar teletrabajo, mientras ella se ausentaba o no asistía a horario a su despacho sin que sus dependientes supieran a qué hora se haría presente o regresaría. Estas actitudes afectarían el normal desarrollo del trabajo. Todos estos testimonios constan en la etapa previa al sumario.

Se le achacó también presunta negligencia porque se fue de Córdoba justo el día en que un juzgado había fijado una audiencia a la que debía asistir.

“La Dra. Blanco, con su desprevenida decisión, generó una situación de riesgo para el correcto servicio de la defensa pública. Si bien luego de viajar pidió dejar sin efecto la licencia concedida el 12 de octubre, para asistir a la audiencia judicial por medios telemáticos desde una extraña jurisdicción, lo cierto es que la dependencia, durante todo ese día, quedó a cargo de una defensora que se encontraba ausente de su jurisdicción territorial. Las conductas reseñadas habrían operado a nivel individual respecto de cada uno/a de los/as funcionarios/as y empleados/as de la dependencia, quienes habrían tenido que modificar prácticas laborales o incluso resignar roles funcionales para responder a un modelo de conducción autocrático y autoritario instaurado por la Dra. Ana María Blanco. Incluso, habrían sufrido padecimientos físicos y un estado de angustia y desasosiego, en relación con el ambiente general de trabajo de la DPO N° 2 ante el TOCF de Córdoba”.

Los conceptos reseñados constan en una resolución de la máxima autoridad del Ministerio de la Defensa de la Nación, Stella Maris Martínez, quien dispuso la apertura del sumario donde deberá alcanzarse el nivel de certeza de todas las acusaciones iniciales. La sanción prevista para las calificaciones legales que se le atribuyen son una multa de hasta el 20% de sus haberes, salvo que la gravedad y magnitud de los hechos constituyan causales de remoción.

Blanco define quién la defenderá. PERFIL CÓRDOBA contactó a la magistrada, quien respondió amablemente. Dijo no tener “nada para decir en este momento” sobre el contenido de la resolución, porque la está analizando y al mismo tiempo realizando reuniones con abogados para definir quién asumirá su defensa en el sumario. Sí admitió que la situación la “sorprendió totalmente”. El contacto con Blanco se realizó el jueves pasado, vía telefónica, a su oficina, donde continúa desempeñando su tarea.