El fiscal de Instrucción del 3º turno de Villa María, René Bossio, fue apartado de la causa en la que investigaba al exintendente Eduardo Accastello. Por decisión de la Fiscalía General el expediente quedó a cargo de la fiscal Juliana Companys.
El movimiento procesal sucedió a partir de un hecho legal, aunque no muy frecuente. Accastello presentó hace dos meses, aproximadamente, un escrito ante el fiscal General, Alejandro Moyano, en el que aducía supuesta parcialidad de Bossio y maniobras de persecución en su contra. A partir de esa presentación -técnicamente no constituyó una recusación- el fiscal aludido se inhibió de continuar investigando. Todo ocurrió en el mes de agosto, aunque se conoció la semana pasada.
PERFIL CORDOBA consultó el tema en la Fiscalía General. Fuentes de esa oficina señalaron que a los fines de “dar garantía a las partes y que no se quejen de imparcialidad” se decidió “dar al escrito el trámite de una recusación y enviarlo a otra fiscalía”. Este medio también confirmó que el expediente ya se encuentra en las oficinas de Companys, quien asumió como fiscal en julio último.
La causa no tiene imputados. Desde que la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad presentó las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito se tomaron testimonios y se secuestró documentación. La entidad que reúne a vecinos se constituyó en querellante y sostuvo que había una trama de negocios con testaferros que podría explicar la evolución patrimonial desmedida en relación a los ingresos declarados.
En la misma sede judicial, extribunos de cuentas de Villa María denunciaron que habrían existido desvíos temporarios de fondos nacionales que luego de ser transferidos a cuentas de bancos oficiales volvían al municipio. La causa se acumuló a la anterior.
En la Justicia Federal, en tanto, hay otras dos causas abiertas que involucran a Accastello. En una de las líneas de la megacausa penal económica CBI Cordubensis que se tramita en Córdoba se investiga la tenencia de 290 mil dólares en una caja de seguridad a nombre de Fernando Boldú, exintendente de Laguna Larga, pero a la que tenían acceso permitido Accastello y su pareja, Verónica Navarro Alegre.
En Comodoro Py, el juez Rodolfo Canicoba Corral es el único que lo imputó junto a exfuncionarios nacionales –entre ellos Julio de Vido– y colaboradores que trabajaron durante su gestión en el municipio villamariense. Se investigan presuntas irregularidades en el manejo de fondos que administró el Ente Intermunicipal para el Desarrollo Regional (Eninder) a propósito de informes de la Auditoría General de la Nación que denunció sobreprecios en obras públicas realizadas en la región.
Este medio publicó en exclusiva el 26 de agosto la decisión del magistrado de solicitar a su par, Claudio Bonadío, testimonios y pruebas aportadas por el arrepentido José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, en la causa de los llamados cuadernos de la corrupción.
