Los hechos se remontan a 2006. Según la investigación del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, los socios de la empresa Cuesta Blanca SA, Aldo Kukanja y Alberto José Somoza -que fue fiscal General adjunto de la Provincia–, más un empleado de la firma Osvaldo Barrera, y el escribano Luis Cabido, habrían estafado a numerosas personas que compraron lotes sin saber que fueron subastados dos décadas atrás. La Cámara de Acusación confirmó recientemente la elevación a juicio de la causa y rechazó las oposiciones que habían presentado dos de los acusados. Inicialmente también estuvo imputado el abogado José Ramón Ibáñez, pero se extin guió el reproche por su fallecimiento.
La pesquisa se inició por una denuncia de la directora del Registro de la Propiedad, Mónica Farfán. El organismo detectó que Cabido -quien en su currículum ostenta haber ocupado la presidencia del Colegio de Escribanos- realizó escrituras de compraventa de lotes que habían sido vendidos en subastas en los años 1987 y 1988, ordenadas por el Juzgado Civil y Comercial de 15° Nominación.
Se trata de terrenos ubicados en la localidad serrana de Cuesta Blanca, a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en el valle de Punilla.
Sin inscripción. Ocurrió que muchos de los lotes rematados en la década de 1980 no habían sido inscriptos. Los propietarios iniciaron el trámite registral, en algunos casos, 20 años después.
Los terrenos habían sido de Cuesta Blanca SA, propiedad de Somoza y Kukanja. A su vez crearon otra sociedad, Algarroba SRL en la que figuró Barrera y a la cual transfirieron algunas propiedades. Esto habría sido posterior a que se iniciara la causa penal. Además, no existió ninguna resolución de algún tribunal que hiciera caer la propiedad de los terrenos vendidos en la subasta.
No obstante ello, promovieron nuevas ventas sobre las mismas tierras. La investigación realizada en la fiscalía detectó 45 lotes transferidos nuevamente con la anuencia del escribano Cabido.
En la resolución del fiscal Gavier se explica la maniobra del siguiente modo: “En los mencionados instrumentos públicos se hizo constar –de manera insincera- que Cuesta Blanca SA, a través de sus representantes e imputados en estas actuaciones –Alberto José Somoza, José Ramón Ibáñez (sobre quien se ha instado su sobreseimiento), y Aldo Kukanja, vendían cedían y transferían en calidad de dueños –condición que no revestían-, los lotes allí referenciados, a los distintos damnificados (...) forjando en consecuencia, con grave daño a la fe pública y perjuicio económico, tanto a los adquirentes en las subastas cuanto a los compradores de los instrumentos notariales ilegítimamente autorizados”.
