Mientras continúa vigente la alerta de Interpol para la detención de Héctor Luis Yrimia, exjuez de un tribunal porteño, acusado por su participación en el armado legal de Generación Zoe y sus empresas satélites, el propio imputado contraatacó con dos presentaciones.
Una ingresó al Juzgado de Instrucción 56 de la ciudad de Buenos Aires. Y la otra, a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba.
En la primera, apuntó contra la fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, atribuyéndole la comisión de los delitos de prevaricato, extorsión, mal desempeño, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y amenazas,
La segunda fue elevada al Ministerio Público Fiscal (MPF) el 26 de mayo con la firma de los abogados Gerard Gramática, Débora Ferrari y la rúbrica electrónica del propio Yrimia.
Desde la Fiscalía General informaron que se analizó la presentación. Fue girada a Villa María y los dos fiscales de esa jurisdicción, René Bossio y Silvia Maldonado, se apartaron por amistad con Companys. Las fuentes consultadas explicaron que, si bien no es una denuncia penal en sentido formal, Yrimia y sus abogados aluden a conductas de la magistrada a las que califican como posible abuso de autoridad. Elípticamente, la acusan de cometer delitos.
A partir de mañana se analizará a qué fiscalía se derivará la presentación, no descartando que sea a una del fuero Anticorrupción.
No obstante el trámite mencionado, aseguraron a PERFIL CÓRDOBA que “la fiscal tiene todo el apoyo de Fiscalía General para continuar investigando a los miembros de Generación Zoe” y subrayaron que prima facie la magistrada “no ha obrado en contra de ninguna norma jurídica”.
La otra denuncia. Desde que fue imputado en la causa por las presuntas estafas lideradas por Leonardo Cositorto, Yrimia intentó –a través del estudio jurídico que lo asiste– quedar exceptuado de prisión. No lo consiguió.
La fiscal Companys lo imputó por presunta asociación ilícita y estafas en el expediente que ya tiene más de 20 imputados, varios de ellos con prisión preventiva. En particular, a Yrimia lo ubicó como un eslabón importante del armado legal de las empresas y pidió su detención.
Según sus defensores, el exjuez porteño viajó en los últimos meses del año pasado a Dubai, donde tendría residencia permanente con su familia. Con esa información, desmintieron que esté prófugo ante la inminente imputación y orden de detención. Luego, en un extraño comunicado que se difundió a la prensa el 12 de abril pasado, sus defensores informaron que se había presentado en una dependencia de la policía de Dubai, donde tiene una de sus sedes Interpol Internacional.
La comunicación generó confusión. A tal punto que, desde prensa del Ministerio Público Fiscal, se informó que “se había entregado” en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos.
Fuentes consultadas por este medio, en aquel momento, desmintieron que Interpol hubiera tomado contacto con Yrimia y que seguía en la lista de personas con orden de captura internacional. En realidad, al día de hoy continúa prófugo.
Desde esta situación, días pasados a título personal realizó la denuncia penal en un juzgado de Caba. Allí señaló que se lo acusa de delitos cometidos en Villa María, una ciudad –escribió– a la que “nunca fui en mi vida”.
Alegó haber prestado asistencia externa a la organización y no recibir jamás dinero de los 176 damnificados individualizados, “ni de nadie de los aportantes a la empresa, en sus distintos lugares”.
En otro párrafo del escrito, al que tuvo acceso PERFIL CÓRDOBA, tildó a la fiscal Companys de actuar como “encargada por algunos políticos corruptos y narcos, de recuperar dinero (supuestamente ilícito) que estos habrían entregado (como aportantes / inversores) a las autoridades de Zoe” (sic). A continuación la acusó de emplear “métodos ilegales de la época del proceso militar de los años ‘70, violando así todos los derechos humanos, como una represora más”.
Se desprende de la presentación que, bajo ese concepto, se refiere a los seis allanamientos que ordenó en diferentes domicilios de Buenos Aires, en uno de los cuales ordenó el secuestro de más de 500 mil dólares.
Es posible que Miguel Ángel Pierri, defensor de Cositorto junto al abogado cordobés Guillermo Dragotto, adhiera a esa misma denuncia. Hasta el viernes último, no había formalizado el trámite.
En la jerga de tribunales, como en ciertos deportes, se suele decir que no hay mejor defensa que un buen ataque. De acuerdo a información a la que pudo acceder este medio, en los últimos días surgieron datos de la localización real de Yrimia. Los tendría Interpol, para la cual persiste la orden de captura internacional.
DEMANDA MILLONARIA
◆ A la denuncia penal, Luis Héctor Yrimia sumó varios pedidos de resarcimiento por:
◆ Daño patrimonial: consistente en que la magnitud mediática de la causa ha generado la imposibilidad de seguir trabajando “ya que ningún cliente quiere contratar a un abogado a cuyos clientes, allegados y familiares, son encarcelados o los allanan”, explicó. Por este rubro, solicitó una indemnización de US$ 500.000.
◆ Daño moral: para reparar el perjuicio causado. Lo estimó en US$ 400.000.
◆ Derecho a la imagen: por la “indebida exposición mediática” de su persona y familiares. Por este aspecto, pidió US$ 200.000
