El destino de un costoso automóvil Mercedes Benz, propiedad de Pascual Catrambone, que fue secuestrado por la Justicia Federal cuando estalló la causa Surrbac, generó un tironeo en el expediente penal.
Se trata de un GLE 400 blanco que compró el líder sindical en marzo de 2019 por $5,79 millones y que tuvo en su poder pocos meses porque a fines de agosto de ese año terminó en el depósito judicial a cielo abierto que funciona en el aeropuerto, bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El secuestro se produjo en el marco de la investigación por delitos penales económicos que tiene a Catrambone, Mauricio Saillén y un grupo de integrantes del sindicato de recolectores de residuos, procesados por el delito de lavado de activos, entre otros.
El 12 de mayo pasado, llegó al Juzgado Federal Nº 1 de Ricardo Bustos Fierro una nota firmada por el subdirector de Gestión Interna y Habilitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sergio Romero. Pedía al juez que informe si el Mercedes Benz —dominio AD621BO — “estaría en condiciones de ser afectado” a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). En la solicitud se mencionaba que si era asignado se “evitaría el deterioro propio causado por desuso, mejorando las condiciones de conservación y evitando la acumulación de automotores en los predios, resultando ello una fuente de contaminación al medio ambiente”.
Con esa base, el juez Bustos Fierro resolvió el 17 de mayo asignar en forma provisional a la CSJN el Mercedes Benz de Catrambone, “poniendo el acento en que la custodia y mantenimiento de bienes objeto de medidas cautelares implican erogaciones públicas”. También advirtió que dándole un destino se evitará “un mayor de deterioro del vehículo en cuestión (…) que está a la intemperie”. También decidió que la Corte debía asumir los gastos del traslado, mantenimiento y aseguramiento por todo riesgo del vehículo.
LO QUIERE LA CORTE. Actualmente, el Mercedes Benz de Catrambone está en custodia de la PSA en el aeropuerto Ambrosio Taravella, al aire libre.
Por el tipo de delito de que se trata, en el expediente tiene participación en la causa la Unidad de Información Financiera (UIF). En efecto, en relación con otro lote de vehículos en la misma condición, que fue entregado a la PSA, el organismo nacional prestó conformidad. En aquella oportunidad, se cedieron a la fuerza cinco camionetas Volkswagen Amarok V6, un Jeep Renegade Sport y una Renault Kangoo.
Oposición. Pero, ante el pedido formulado por la Corte Suprema, la UIF presentó objeciones. Cuestionó que el Mercedes Benz sea cedido a la Corte Suprema porque el fin que se debería dar a los activos recuperados cuando hay lavado de dinero, debería ser la sociedad. Atendiendo el contexto actual por la pandemia de coronavirus, el organismo consideró que debería ser la Agencia de Administración de Bienes del Estado —que depende de la Jefatura de Gabinete nacional— la que defina el destino del auto para que “sea puesto al servicio de la lucha sanitaria”.
La UIF señaló que los argumentos presentados por la Corte no son superadores de lo que demanda la emergencia sanitaria.
El 21 de mayo, el juez Bustos Fierro emitió un nuevo decreto por el cual concedió el recurso de apelación y por ende será la Cámara Federal de Apelaciones la que resuelva la discusión. Pero, además, le advirtió a la UIF que “deberá —a futuro— proveer un espacio físico idóneo para garantizar su conservación, todo con el objeto de evitar su deterioro por exposición a la intemperie”.
Si para cualquier vehículo, el hecho de estar sin uso genera problemas, el nivel de complejidad electrónica de uno de alta gama como un Mercedes Benz ocasiona inconvenientes aún mayores. Solo es posible volver a utilizarlo con la intervención del fabricante porque tiene un sistema de bloqueo imposible de franquear. Además, desde tribunales subrayan que un auto de semejante costo continúa a la intemperie.
La Corte centraliza todo
La entrega de los vehículos secuestrados por la Justicia a instituciones es un hecho habitual. Desde mediados de 2000, cuando se creó la Dirección de Gestión de Recursos, es el máximo tribunal del país el que determina el destino que se les da.
Fuentes judiciales comentaron que, por lo general, el criterio es cruzar las jurisdicciones. Es decir, que un auto secuestrado en Córdoba sea entregado a una institución de otra provincia.
El tiempo que insume la instrucción y el juicio en cada causa atenta contra la buena conservación de este tipo de bienes. Si el imputado/procesado termina absuelto en el juicio, correspondería su devolución a diferencia de cuando recaen condenas. Pero hasta que eso ocurra, pasan años. Por esa razón, aun cuando los expedientes se encuentran en trámite son consignados en forma provisoria para mantenerlos en uso y minimizar el deterioro.
