Como era de esperarse en un año electoral, la obra pública volverá a ser protagonista. Aunque, para que tenga un fuerte impulso, antes deben dejarse atrás algunos condicionantes y cumplirse algunas metas. Un acuerdo con el FMI puede implicar la llegada de dólares frescos para atender ese frente. Sin eso, el financiamiento externo para proyectos de envergadura será complicado. Por otro lado, la emisión monetaria –que osciló en dos billones de pesos este año y creció en promedio un 55%– es una herramienta que tiene que apartarse si el Gobierno no quiere aumentar inercia a la inflación. La clave será, entonces, sacarle jugo a las partidas y aumentar el control sobre los costos, lo que no implica necesariamente bajar el déficit estatal. El Gobierno nacional anunció recientemente el lanzamiento del plan Programa ‘Casa Propia - Construir Futuro’, para generar 264 mil “soluciones habitacionales”, de las cuales 224 mil corresponden a viviendas sociales, 20 mil a lotes y 20 mil a créditos para la construcción. Las primeras 60 mil arrancarían en la primera mitad de 2021.
El paquete es ambicioso: $900 mil millones. Para tener una referencia, vale recordar que cada partida del IFE exigía unos $90 mil millones. Las vías de financiamiento que aparecen por ahora son la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear, el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), el Programa Provincias y Municipios y el programa Reconstrucción Argentina. En el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que comanda ahora Jorge Ferraresi, saben que hay un aspecto fundamental para la viabilidad de ese programa: el convencimiento de que solo es posible con el “compromiso” de las empresas e industrias de la construcción, de contener la suba de precios y corregir el faltante de materiales. Por ello, emergió otra figura clave para la concreción de las 224 mil viviendas de Alberto Fernández: la de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Los dos funcionarios estuvieron al frente de la reunión que se concretó la semana pasada con empresarios de la industria de la construcción.
“Hubo una convocatoria y pensé que iba a ser por Zoom, pero fue presencial. Y como estaba en Buenos Aires participé. Estaban las grandes empresas de la industria, como Acindar, Aluar, Loma Negra y los distribuidores”, contó a PERFIL CÓRDOBA un empresario que se sumó al encuentro. “Nos anunciaron el lanzamiento de 60 mil viviendas para el año que viene. Según ellos, eso, más 40 mil Procrear y la probable obra pública, va a generar una demanda importante de materiales. La preocupación del gobierno es que si hoy, que hay una demanda contenida, tenemos problemas de abastecimiento, hay que pensar en cómo será el 2021. La inquietud es qué va a hacer el sector privado en todo el país para que no falte material y no se trunque la reactivación”, añadió el empresario.
Según se supo, la preocupación principal que se les manifestó a los ejecutivos del sector privado es que no se disparen los precios de los insumos. “Quedamos en que nos van a enviar planillas todos los meses en las que los fabricantes de materiales y de insumos tenemos que asentar los precios para poder controlarlos. Nosotros consultamos si no veían que estaba errado el esquema, al incentivar la demanda, pero no hacer nada para impulsar la oferta y la inversión…” Así, el gobierno busca que se detallen volúmenes de ventas y precios mensuales para un seguimiento cercano de los valores de referencia y partir con un costo claro del m2 para las viviendas. Tras esa reunión, el gobierno comunicó que esos precios se actualizarán automáticamente por UVI (Unidad de Vivienda). Y la propia secretaria de Comercio Interior detalló: “Se trata de un mecanismo que busca transparentar los precios y el abastecimiento que corresponde para la promoción de la obra pública y también privada; queremos que el incremento que prevemos de la actividad impulsada por el Estado no se pierda por el comportamiento de unos pícaros en algún lugar n de la cadena”.
