Las causas que involucran al poderoso empresario riocuartense Alicio Dagatti generaron una guerra abierta entre el juez de Control, José Milton Peralta, y el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Los expedientes en cuestión tienen a Dagatti imputado por asociación ilícita, como líder de una banda que ingresó ilegalmente teléfonos y drogas a Bouwer y por tráfico de mercaderías peligrosas para la salud porque, como proveedor de carne al Servicio Penitenciario, habría entregado productos en mal estado.
Pero, además, hay otro expediente radicado en el Fuero de Narcotráfico, a cargo de la fiscal Paulina Lingua y con control jurisdiccional de la jueza María Dolores Morales. En este desglose, Dagatti permanece acusado de presunta comercialización de estupefacientes agravada por tener como destinatario a las cárceles cordobesas.
El enfrentamiento que protagonizan Gavier y Peralta se trasluce en una resolución del juez que se refiere con duros reproches al fiscal; y en la réplica de este al fallo por el cual le revocó la prisión preventiva.
Todas las causas comenzaron a raíz del hallazgo de marihuana, cocaína, celulares y pastillas en un camión que transportaba carne del frigorífico Livorno, propiedad de Dagatti y conducido por Néstor Lucero, el 26 de diciembre del 2023. Fue detectado al ingresar al Complejo Carcelario N° 1 de Córdoba.
Por orden de la jueza de Narcotráfico el empresario Alicio Dagatti continuará detenido
Órdenes de detención
El 3 de junio último, Gavier le dictó prisión preventiva a Dagatti por asociación ilícita, pero fue revocada por el juez de Control Milton Peralta el 17 de junio. Sin embargo, el empresario no pudo recuperar la libertad porque pesaba la orden de detención del fuero de Narcotráfico. El 25 de junio, ocho días después de que el juez revocó la prisión preventiva de Dagatti, Gavier promovió imputación por entregas de carne en mal estado a las cárceles y libró una nueva orden de detención. Como se dijo en el párrafo anterior, seguía detenido por la causa narco.
Dos días después, el 27 de junio, la defensa del empresario fue nuevamente al juez para discutir la medida de coerción. En tiempo exprés, el 1 de julio, el juez de Control declaró nula la orden de detención y el testimonio troncal de la causa, el del chofer Lucero, quien confesó y fue condenado.
El escrito contiene fuertes cuestionamientos que evidencian un quiebre. Lo acusa al fiscal de violar una decisión judicial, promoviendo una nueva detención a días de que él revocó la preventiva del empresario.
Le achaca una “división arbitraria de una misma causa en diversos expedientes electrónicos, bajo la apariencia de diferentes líneas de investigación”. Y continúa: “El riesgo procesal de Dagatti (...) ya había sido evaluado por este tribunal y se llegó a la conclusión de que tal medida cautelar no era necesaria”.
“Si se admiten este tipo de ‘separaciones’ injustificadas por parte del fiscal, y que se dicten medidas de coerción independiente en cada caso, llegaríamos a la absurda consecuencia de que, ante una decisión de la jurisdicción de garantías que revoca una medida de coerción dispuesta por la asociación ilícita, el Ministerio Público podría dictar otra y de este modo desoír lo ya resuelto”, se añade en el escrito.
Además, le endilga pretender un “poder absoluto sobre la libertad de las personas, obrando, en los hechos, como fiscal y juez de condena al mismo tiempo”.
Para sostener esa afirmación, Peralta se queja del Código Procesal Penal cordobés que “erróneamente faculta a los fiscales de instrucción a detener y, hasta hace muy poco, también a dictar prisiones preventivas en todos los casos de manera autónoma –es decir, sin ningún control necesario–, a diferencia de la solución que se propone en el nuevo Código Procesal Penal Federal”.
Con esos argumentos y cuestionamientos declaró nula la orden de detención por la entrega de productos cárnicos no aptos para el consumo humano. Y pidió intervención a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para que analice la conducta del fiscal.
Misma prueba, dos miradas
Lo que llama la atención es cómo analizaron dos jueces de Control los planteos de la defensa de Alicio Dagatti. José Milton Peralta y María Dolores Morales llegaron a decisiones opuestas analizando la misma prueba. El primero consideró que no hay riesgo procesal y la jueza opinó lo contrario.
En el caso de Peralta, en su resolución del 17 de junio ordenó la libertad de Dagatti y declaró nulo el testimonio del chofer Néstor Lucero, quien confesó haber ingresado drogas a Bouwer.
Descartó que tenga influencias. Dijo que si bien se comprobó que intervino para que una sobrina sea nombrada procuradora fiscal de Rentas, el fiscal “no identificó qué organismos específicos estarían en condiciones de incidir en la causa ni explicó de qué modo esos vínculos podrían ser utilizados actualmente por Dagatti para obstruir la investigación”.
“La defensa alegó que el imputado había colaborado con la investigación”, agregó el juez y dijo que entregó su teléfono celular y clave. “Este dato es cierto y reviste especial relevancia: gran parte del material probatorio utilizado por la fiscalía para construir su hipótesis acusatoria se obtuvo directamente de ese dispositivo”, destacó.
Ponderó, además, que tiene familia, es presidente de un club de fútbol, accionista de medios de comunicación y de frigoríficos. Interpretó que son elementos que revelan “un fuerte arraigo familiar, social y económico”.
Lo extraño es que en la misma resolución confirmó la preventiva de su hijo Ignacio, señalando que había riesgo procesal por los mensajes con Dagatti padre, a quien le avisó desde Miami que había abierto una cuenta bancaria en Estados Unidos. Lo que analizó como riesgo para el hijo no lo atribuyó al padre.
¿Qué dijo Morales? En una mirada opuesta, la jueza de Narcotráfico señaló que los testimonios del chofer confeso -Néstor Lucero- son legales porque envió notas espontáneas y contó a la Cámara del Crimen que lo juzgó, con presencia de una abogada defensora. El trabajador identificó a Alicio Dagatti como quien le suministró la droga y los celulares incautados.
Para ella sí hay riesgo procesal por numerosas razones, como la gravedad de la pena que podría aplicarse, la complejidad de la investigación, su capacidad de influencia, las amenazas a testigos y por el comportamiento que tuvo durante el allanamiento. Dijo que si bien entregó la clave de su celular, ignoró al personal policial, lo que llevó a que los agentes ingresaran por sus propios medios. Se negó a firmar el acta de allanamiento, la orden judicial y el decreto de detención. Por esta decisión, firmada el miércoles pasado, Dagatti continúa preso.
Por apelaciones, estas resoluciones quedarán en manos de la Cámara de Acusación.
Massa, Llaryora, Calvo y Toviggino, contactos del teléfono de Dagatti
El fiscal Enrique Gavier apeló la resolución del 17 de junio del juez Milton Peralta que revocó la prisión preventiva de Alicio Dagatti. Le respondió por qué sí hay riesgo procesal.
Señaló que el juez hizo “análisis fragmentario y contradictorio de la prueba”.
A la afirmación de Peralta sobre la falta de pruebas de los contactos con sectores del poder, Gavier abrió un capítulo revelador con los vínculos del empresario detectados en su teléfono.
Citó mensajes con su hijo para obtener la habilitación de una carnicería “hablando con un funcionario municipal”. También hay otro donde Alicio le comentó a Ignacio que necesitaba un inmueble para prestarlo “a la campaña política de Guillermo De Rivas”, actual intendente de Río Cuarto.
Además –dice Gavier– tiene conversaciones en WhatsApp, con “el excandidato a presidente Sergio Massa; el actual gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora; el ministro de Gobierno de esta provincia, Manuel Calvo, y el Ministro de Justicia provincial Julián López”.
Otro registro es “Tovi Pablo, presumiblemente Pablo Toviggino, tesorero y secretario Ejecutivo de la AFA, con quien conversó sobre una presunta irregularidad, y le manifestó ser muy cuidadoso en no dejar pruebas”. Además, hay mensajes indicativos de influencias en los medios de comunicación de Río Cuarto, fuera de Puntal, donde es propietario de acciones.
En síntesis, según Gavier, cuenta con numerosos contactos y recursos como empresario como para mantenerse prófugo. Y agregó: “Inclusive posee un avión”.
