La denuncia del abuso sexual sufrido por una niña de 12 años que reside en el instituto Eva Perón de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), disparó alarmas y generó preocupación en ámbitos gubernamentales, judiciales y entre especialistas de los derechos de las infancias. El horroroso hecho incluye la victimización de una menor vulnerada desde pequeña y extraída de su círculo familiar que no puede contenerla.
En relación a la causa penal, la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Alicia Chirino, tomó las primeras medidas para investigar el ataque que sufrió la pequeña. Realizó un allanamiento en el Eva Perón y en los próximos días ordenará cotejos de ADN para determinar quién es el autor del hecho. En el expediente aún no hay imputados.
El Ministerio de Justicia puso a disposición de la magistrada toda la documentación; mientras, realiza en paralelo una investigación administrativa.
Por la pandemia, el Eva Perón fue reconfigurado. Antes era el espacio para resguardo de niñas menores de edad sobre quienes se dispusieron medidas excepcionales y están alejadas físicamente de sus familias, porque esos contextos no garantizan la protección de sus derechos. A partir del Covid-19, las autoridades dispusieron que el centro fuera un dispositivo de cuarentena para aislar preventivamente a casos sospechosos o confirmados. A la vez, un grupo de niñas y niños fueron integrados a familias de acogimiento para menguar la población de las residencias.
En la Provincia hay 16 institutos, de los cuales una decena están en Capital.
Revictimización. La niña víctima tiene, en su corta historia de vida, antecedentes de haber sufrido abuso sexual. Por eso resulta inexplicable -y un hecho de extrema gravedad- que en el centro donde se la debía proteger haya sufrido un nuevo ataque.
El hecho sucedió hace dos semanas. En ese momento, había cuatro cuidadoras y cuatro cuidadores en el instituto. Algunos de ellos eran los habituales y otros eran los denominados hospitalarios, que son quienes acompañan a las y los menores en los centros asistenciales donde reciben tratamientos.
Este medio consultó una y otra vez qué formación tienen las personas que están a cargo en los institutos que dependen de Senaf. No hay un sistema de selección, ni exigencia de titulación para acceder a esos cargos.
La abogada Marysel Segovia, especialista en derechos de las infancias, relató que hace un tiempo -cuando existía el Consejo del Menor- funcionaba una junta de calificación, donde se exigía el título de docente y existía un orden de mérito y capacitación permanente. Sin embargo, la calificación desapareció, aunque permanece gente de aquella época.
Segovia resaltó que el título “no garantiza nada, porque ese personal estaba formado en el paradigma anterior”. L a duda que este medio planteó a las autoridades de las cuales depende Senaf, surgió porque entre los nombres de los cuidadores que se mencionan hay dos hombres, uno de los cuales trabajó en el boliche Rapoza. Este medio reserva las identidades de esas personas.
Denuncia. Quien detectó y advirtió a la Justicia sobre la situación de abuso que padecía la niña, fue el médico que la atendió en el Hospital Pediátrico. Este fin de semana, finalmente, le dieron el alta tras permanecer internada en las últimas semanas.
La denuncia llegó a la fiscalía especializada de Alicia Chirino y fue ella quien notificó la situación al ministro de Justicia, Julián López. El hecho de que fuera informado sobre una situación de extrema gravedad, sin recibir previamente ninguna noticia del titular del área, motivó el inmediato desplazamiento del secretario Piñero quien, sabiendo lo sucedido, presentó su renuncia incluyendo críticas al sistema cuando él mismo lo presidía.
Cuando sucedió el abuso, Elena Domínguez, directora de Salud de Senaf, estaba al frente del instituto Eva Perón por haberse transformado en un espacio destinado al tratamiento de Covid-19. También ella fue apartada del cargo y se designó, transitoriamente, a la subsecretaria de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Georgina Tavella.
Perfiles. Por estas horas, el ministro López analiza perfiles y antecedentes de posibles sucesores de Piñero. Sobre el tema, Marysel Segovia dijo que está “muy preocupada por quién asumirá en ese lugar, porque falta personal capacitado”. Y advirtió que debería existir mayor articulación con el Ministerio de Salud, para tratar a la gran cantidad de niñas y niños con problemáticas de salud mental o discapacidad.
LAILA CORDOBA: “Estas cosas no pueden suceder”
La jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 3° Nominación, Laila Córdoba, tiene a su cargo el control de las medidas adoptadas en relación a la niña víctima del abuso. Relató que a fines de octubre pasado tuvo una audiencia con la menor. “Ella manifestó que estaba bien, que si bien tenía problemas de convivencia con otras niñas, lógicas de la edad, fue muy expresiva y comunicativa. Por eso tengo un dolor muy grande y profundo -señaló a PERFIL CÓRDOBA-; estas cosas no pueden suceder, esperamos que nos expliquen qué pasó”.
“Esperemos que se recupere -señaló la jueza- no podemos revictimizarla”. Por eso aguardarán todo el tiempo que sea necesario para que esté en condiciones de relatar lo que vivió. Entre las juezas del fuero especializado en Niñez hubo intensas comunicaciones a partir de lo sucedido en el instituto Eva Perón. No había antecedentes denunciados de hechos de esta magnitud y reconocen que este año fue particular por la situación de pandemia.
AMELIA LÓPEZ: “Se tomó la decisión correcta”
La titular de la defensoría provincial de la niñez, Amelia López, respaldó la decisión del ministro de Justicia de apartar al titular de la Senaf, José Piñero. “Hay responsabilidad funcional: cuando un funcionario tiene personas a cargo debe informar a la máxima autoridad sobre los hechos graves y tomar las medidas que correspondan”. Y reconoció que el abuso sufrido por la niña fue un “suceso que conmocionó”.
López también advirtió que “la situación derivada del Covid-19 hizo que en determinados lugares permanecieran personas que no tendrían que haber estado”.
Resaltó la decisión del médico del Pediátrico de presentar la denuncia. “Esto se hizo público porque hay gente que empieza a tomar conciencia; cuidadores y médicos que no hicieron la vista al costado, que han declarado -puntualizóasí como hay personal que cree que ocultando cosas se va a salvar”. “Las residencias no son el peor castigo de su vida para muchos chicos que pasan por ahí: no hay que revictimizarlos. Hay cuidadores que son muy buenos”, destacó..
