Testimonios recogidos en el Juzgado Federal 2 dieron cuenta de que la escritura por la venta de cinco terrenos ubicados en La Falda al Sindicato de Camioneros se efectuó en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el documento confeccionado por el escribano Daniel Fernando Abat declara que fue realizada en Córdoba, razón por la cual trascendió que el fiscal, Gustavo Vidal Lascano, lo imputaría por el delito de falsedad ideológica.
El escribano es un funcionario público que da fe de la veracidad de los actos que presencia. En este caso, según lo que se pudo determinar, se habría trasladado a la sede central del sindicato donde se reunieron vendedores y compradores y allí se hizo la escritura. De esta manera, Abat se transforma en el sexto investigado en la causa y se suma al líder sindical Hugo Moyano, al directivo de Camioneros, Paulo Villegas, y los empresarios Jorge Cappucchio, Enrique Mariñansky y Carlos Mesías, quienes fueron imputados por lavado de activos y defraudación.
Sigue en Córdoba. A la par que analizó la conducta del escribano, el fiscal definió la continuidad de la investigación en los tribunales federales locales. Aún al considerar que la transacción se efectuó fuera de Córdoba, ratificó la competencia por la proximidad de la prueba. En diciembre de 2013, Camioneros pagó seis millones de pesos por cinco terrenos colindantes al Hotel Primero de Mayo que el gremio posee en la ciudad de La Falda. Las sospechas surgieron porque pocos meses antes, en dos oportunidades diferentes, particulares habían abonado $300 mil y $500 mil por los mismos terrenos.
En este marco dos cuestiones son medulares en la causa: el valor real de los lotes y el origen del dinero con el cual fueron abonados. El pago se realizó en efectivo y la Justicia debe determinar si hubo o no defraudación al sindicato de Camioneros, en el primer caso, y si se acreditó el origen de los fondos para pagar la compra. Por ese motivo, las imputaciones contra Moyano son por defraudación al gremio y lavado de activos.
El precio. Una tasadora oficial estimó la valuación de los lotes en 964.553 pesos; a diferencia de la pericia de parte que presentó Moyano y que da cuenta de una cifra sensiblemente superior. Ante esa discrepancia sustancial, el juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó realizar una nueva pericia. Esa decisión fue apelada por el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, y está pendiente de resolución en la Cámara Federal de Apelaciones.
